La cínica respuesta del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto a la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace dos años ilustra la insensata actitud que ha sostenido el gobierno mexicano hacia los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional.
“La tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del Presidente Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen.”
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos forzadamente la noche del 26 de Septiembre de 2014 después de haber sido arrestados por policías municipales mientras se preparaban para participar en una manifestación en la Ciudad de México para conmemorar una masacre de estudiantes ocurrida el 2 de Octubre de 1968.
Desde entonces, los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio de 19 años, fueron identificados. Todavía se desconoce el paradero y la suerte de los otros 42.
Las autoridades mexicanas han dicho que los estudiantes fueron secuestrados por una banda criminal de la zona y que sus restos fueron incinerados en un basurero local.
Sin embargo, tras una investigación forense de un año, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fueran incinerados en un basurero en las condiciones que dicen las autoridades, una conclusión que es compartida por otros expertos que han tenido acceso al caso.
