La minería canadiense contrataca
01-06-10
Por José Jorge Aldecoa Davies
No era necesario esperar mucho para que las empresas mineras canadienses salieran al ruedo con “los tapones de punta” como decimos acá en la jerga futbolera. Y eso era de esperar al conocerse el proyecto del congresista liberal McKay C-300 que trata de poner límites al desaprensivo y cuasi criminal comportamiento de las empresas mineras canadienses en el exterior.
El Proyecto de Ley C-300
La idea de McKay es crear un régimen legal para “promover prácticas ejemplares en materia ambiental y asegurar la protección y la promoción de normas internacionales en materia de derechos humanos con respecto a las actividades mineras, petroleras y de explotación de gas realizadas por empresas canadienses en países en desarrollo”.
Para ello sugiere una serie de medidas de control mediante la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio Exterior para analizar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y al cuidado del medio ambiente por parte de las empresas extractiva canadienses en el exterior.
Como medida punitoria contra las empresas infractoras se propone que se les puedan ser denegados los fondos que el gobierno canadiense provee del Desarrollo de Exportaciones de Canadá e inversiones del Plan de Pensión de Canadá.
La reacción de las mineras
Como decíamos al principio, la reacción del sector minero se hizo notoria de inmediato, pero no salieron las empresas directamente a oponerse al proyecto, sino que utilizaron un vocero “mas creíble”, como es el Instituto Fraser, que es un Comité de Expertos fiscalmente conservador con base en Canadá que propugna los principios del mercado libre y de corte netamente privatista y que generalmente se opone a las soluciones políticas basadas gastos, impuestos, déficit y regulaciones gubernamentales.
Estos cómplices de la industria extractiva canadiense, elaboraron un informe aberrante que trata por todos los medios de desacreditar el trabajo de McKay: “la racionalidad para este proyecto está basada en premisas falsas, acusaciones sin pruebas y una noción desviada de la responsabilidad social corporativa, también conocida como RSC” y ensalza las “virtudes y beneficios” de la minería: “las compañías mineras crean enormes beneficios socio-económicos a partir de sus actividades comerciales. El mejor programa social de todos es un trabajo y prosperidad para las familias”.
Para completar sus infames propósitos, en dicho informe se hace hincapié en el hecho de que con leyes “controladoras y punitorias” se desalienta la inversión y el desarrollo de la industria extractiva, realizando un verdadera extorsión al gobierno canadiense amenazando con que: “el resultado será la probable emigración de las compañías mineras del Canadá. Las empresas mineras enfrentarán poderosos incentivos económicos para reubicarse sin esas agobiantes cargas legales”.
Y finaliza su alegato con una falacia total, típica de los argumentos mentirosos que normalmente utilizan las empresas mineras para engañas a los pueblos que avasallan: “Esto no es bueno tanto para Canadá o la pobre gente de las naciones subdesarrolladas para quienes la minería puede ser una ruta para salir de la pobreza y una esperanza para el futuro, tal como fue para los canadienses en las tempranas fases de su desarrollo económico nacional”.
Entendemos que tanto el pueblo canadiense como sus gobernantes se pongan a la altura de las circunstancias y dejen de ser la nación democrática que en pleno siglo XXI continúa con las políticas colonialistas y esclavistas que vienen practicando los países desarrollados desde hace mas de 500 años.
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