La minería no es una opción de progreso ni desarrollo para el país, ni por la inversión ni por la ganancia que significa para el gobierno, afirmó Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema)Guerrero.
Ello, explicó, porque la minería no representa ni 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y es apenas la mitad que la agricultura –de 3 por ciento del PIB–, pese a que este ha sido un rubro apremiado y a fuerza aplastado por los gobiernos.
Al participar en la mesa redonda realizada en torno a la exposición El oro o la vida. Patrimonio biocultural y megaminería: un reto múltiple, que se exhibe en la Casa de las Culturas Contemporáneas –2 Norte 1006, Centro Histórico– de la UAP, Miguel Ángel Mijangos ofreció un panorama de la minería a cielo abierto, una rama de la minería que ha causado una profunda devastación y problemática socio ambiental en México.
Explican peligros de minería
En su charla señaló que por tener la concesión, una empresa de capital privado extranjero o nacional paga al Estado mexicano de 5 a 8 pesos por hectárea al año. “Eso le cobra el gobierno. No se les cobra por el uso del agua ni por la extracción de los metales del subsuelo. Es un cobro ridículo”.
El integrante de la Rema ofreció más datos para demostrar que la minería a tajo abierto no significa el progreso que el Estado mexicano enarbola, ni que es justo lo que pagan las empresas mineras por el uso y la explotación del agua, del suelo y del subsuelo nacional.
Como ejemplo, el especialista habló sobre el “beneficio económico” que dejan las empresas mineras a la Federación, a los estados y a los municipios, el cual también es irrisorio pues se calcula es de tan sólo 123 millones de pesos anual, monto que tiene que ser repartido entre los tres niveles de gobierno.
A la cifra de 123 millones de pesos, además, habrá que compararla con los 4 mil millones de pesos anuales que significan las ganancias para las empresas mineras, cifra que debe manejarse con tiento pues en todo el proceso existe la opacidad: “no se sabe cuánto es lo que se vende, porque cuando la empresa paga al gobierno lo hace solamente cuando dice que ya vendió”.
A estos datos, Mijangos Leal le sumó la complicidad de los gobiernos y del aparato gubernamental. “Las empresas mineras no se hacen cargo de la destrucción; incluso son premiadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o por los consejos que reconocen y dan certificados hasta de su filantropía”.
A la opacidad y la falta de transparencia, advirtió el activista, deben sumarse los datos maquillados, que aun así son devastadores. Las cifras oficiales, por ejemplo, señalan la existencia de más de 32 mil concesiones a nivel nacional que significan 26 por ciento del territorio nacional, es decir, un cuarto del país; para simplificar, significaría que el estado de Colima tendría concesionado 41 por ciento de su territorio, es decir, casi la mitad.
Otras cifras, igual de impactantes, dicen que no son 32 mil, sino 51 mil hectáreas concesionadas, que implicarían 47 por ciento del territorio. Una más proveniente del Instituto Fraser de Canadá, una universidad financiada por las empresas mineras y de extracción, indica que son 90 mil millones de hectáreas las entregadas en concesión, que significarían 60 por ciento de la superficie.
“Lo de menos es creer cuál cifra es real. Lo cierto es que todas concesiones, desde Canadá hasta la Tierra del fuego –Argentina– comparten un paradigma: el canadiense, un modelo extractivo que es la columna vertebral de un paraíso fiscal que tiene cabida en la bolsa canadiense y en donde está 85 por ciento del sector minero del mundo”.
Miguel Ángel Mijangos señaló que este “modelo homogeneizador” pensado desde el capital también se ha traducido en leyes que son recurrentes en inconstitucionalidad y violación de derechos. En la llamada reforma energética de México, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, en el artículo sexto se indica que en México “la minería tiene un carácter de uso preferencial sobre otra cualquiera”, es decir, sobre la riqueza natural, la arqueológica, la artística, la social.
Para cerrar, el integrante de la Rema Guerrero explicó que las dos técnicas mineras más rapaces son la de tumba y relleno, y a cielo abierto. Con esta última, por medio gramo de oro se destruye una tonelada de suelo, se ocupan 27 mil litros de agua, se usan 18 toneladas de cianuro y sodio, metales tóxicos liberados traducidos en acidez que permea los mantos freáticos, que vuela en polvos enriquecidos con metales pesados y se convierten en un coctel fatal para las comunidades.
“El daño es igual en una mina pequeña que en una gigante. La técnica se vuelve prohibitiva y no se puede contener. Es el desperdicio de agua, el uso agresivo de cianuro y la destrucción de biodiversidad. También son las formas ilegales de apropiarse del territorio, de crear conflictos en la comunidad. Asimismo, es el gobierno violando los bienes de interés público, fungiendo como mediador y negociador en favor de la empresa. Incluso es el crimen organizado que desaparece y mata a una comunidad indefensa”.
En suma, concluyó Miguel Ángel Mijangos, la tarea de Rema es entender el modelo y desmitificar la lógica de progreso y desarrollo que se supone ha significado la minería. La mejor forma de hacerlo, dijo, es visitando una mina a tajo abierto y a la comunidad que ha sido atacada por esta política extractiva, que es también un modelo desplazamiento y despojo.
Poniendo la mirada en Puebla, Silvia Villaseñor Pineda, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, intervino que en el estado existen alrededor de 400 concesiones mineras que significan poco más de 300 mil hectáreas, es decir, 10 por ciento de territorio estatal.
La mayoría, señaló, son empresas canadienses, luego mexicanas y estadounidenses. Un caso especial es Almaden Minerals que ostenta 60 por ciento de las concesiones, y no sólo eso, sino la exploración del subsuelo para obtener información que luego vende en forma de proyectos, la mayoría en la Sierra Norte –72 por ciento de ellos– en municipios como Izcamaxtitlán, Zautla y Tetela de Ocampo, adueñándose del agua y sus veneros sin pago alguno, porque con ello reduce hasta en 60 por ciento sus costos de producción.
Con esa concentración de mineras, determinó Villaseñor, habrá desplazamiento forzado y cambiará la vida de poblaciones indígenas. “Se han violado los derechos humanos en otros estados porque es gente decididas a defender su vida. Si se concreta el riesgo es para miles. Pensar que al estar en la Sierra o en el Sur no afectará es mentira, pues los efectos se vivirán aquí. Hay que estar informados, compartir unir fuerzas y formas de resistencia ante la devastación ambiental que es avalada por el estado mexicano, el promotor y defensor de las grandes empresas”.
