25 de marzo de 2015
Desde hace varios años, el Comité por los derechos humanos en América Latina -CDHAL-, se ha solidarizado con las comunidades en resistencia que luchan en contra de proyectos hidroeléctricos. En Colombia, hemos sido testigxs de lo que ha pasado con la imposición de diversos proyectos hidroeléctricos y el camino de lucha en favor de la dignidad y en contra del desplazamiento forzado y el despojo que ha adelantado los movimientos sociales. Camino que no ha sido fácil ya que el Estado favorece constantemente los intereses de las empresas y no los de las comunidades.
Con bastante preocupación, el equipo del CDHAL ha seguido la situación que enfrentan las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidrosogamoso. En entrevistas telefónicas con Claudia Patricia Ortiz, representante del Movimiento social en defensa del Río Sogamoso y del Movimiento Ríos Vivos, nos hemos enterado del proceso que está viviendo la marcha de las mujeres (y otras personas), iniciado el lunes 16 de marzo, proveniente del corregimiento La playa del municipio de Betulia (Santander), y apoyado por la población de las zonas afectadas por Hidrosogamoso.
El siguiente es un informe de lo que está aconteciendo desde la semana pasada en la ciudad colombiana de Bucaramanga, departamento de Santander.
Son mas de 50 las personas, incluyendo mujeres, hombres, niños, niñas, y adultxs mayores, que llegaron a Bucaramanga el pasado miércoles 18 de marzo para hacerse escuchar por el gobernador de Santander Richard Aguilar. La marcha llegó delante de la Gobernación de Santander, y desde entonces lxs manifestantes han permanecido en el parque García Rovira con el fin de ser escuchadxs y atendidxs por los gobiernos departamental y nacional.
La marcha y el asentamiento en la capital del departamento, representan medidas desesperadas contra todos los impactos negativos generados con el proyecto hidroeléctrico Hidrosogamoso. Con su estadía en Bucaramanga, lxs marchantes demuestran que no hay condiciones para permanecer en el territorio afectado por el proyecto. Por lo cual, es necesario que la población sea reubicada en un territorio libre de riesgos sísmicos y de impactos ambientales. Una acción popular ha sido interpuesta desde el 2014 en contra de Isagen y de la ANLA con el objetivo de obtener el reconocimiento del daño ambiental y los derechos de reparación colectiva, pero este recurso puede tomar hasta dos años en resolverse.
Uno de los objetivos de la movilización es lograr que la gobernación realice la interlocución con el gobierno nacional ya que los alcaldes han respondido que es un asunto que no les compete. Y el gobierno nacional por su parte no quiere asumir su responsabilidad con la población afectada.
El jueves pasado, obtuvieron una reunión a la que fueron los mismos representantes que siempre envían de la empresa para negociar. En este encentro se reconoció que si bien, puede haber una relación del proyecto con los olores, en el documento para la licencia ambiental no se incluyen y no se hicieron los estudios pertinentes por lo que para demostrar dicha relación se deben realizar otros estudios. Sin embargo, dijeron que habían enviado unos boletines a toda la población informando de todo lo que iba a pasar. Hecho que fué desmentido por lxs manifestantes porque desde su inicio, el proyecto ha sido ejecutado sin pasar por la consulta previa con la población.
Sobre la reubicación no se logró pactar nada porque los funcionarios argumentan que no está contemplado en el Plan de ordenamiento territorial.
Entre las propuestas, se habló de enviar a una comisión que visitara a todas las veredas afectadas para que se comprobara el nivel de los olores. La comisión es conformada por técnicos de la Corporación Autónoma de Santander- CAS, y de la ANLA. Cuando se realizan las visitas el nivel del agua es fijado al mínimo para que no se produzcan los olores.
Al comenzar el fin de semana, los manifestantes no habían recibido ningún servicio médico ni sanitario por parte de la gobernación. Debieron colgar un plástico para protegerlos de la lluvia y el sol. El fin de semana feriado transcurrió en un ambiente de relativa tranquilidad y de grandes muestras de solidaridad de organizaciones sociales, ambientalistas, colectivos de abogados y estudiantes.
Sin embargo, desde su llegada a la ciudad, su estadía ha estado marcada por la zozobra y la amenaza de recibir acciones de parte de la fuerza pública. La preocupación inmediata es la ausencia de condiciones para ejercer el libre derecho a la protesta, lo que implica un desafío a la seguridad de los protestantes ya que su protesta es considerada ilegal y está sujeta a la ley de seguridad y por la invasión del espacio público. La defensoría del pueblo por su parte, no quiso responder por la supuesta ilegalidad de la protesta.
Hoy 25 de marzo, organizaciones sociales de Colombia han convocado a una ABRAZATÓN en defensa del Río Sogamoso y por la defensa del territorio, la vida, el derecho al trabajo y la alimentación, acción que se llevará a cabo en el Parque García Rovira frente a la gobernación de Santander. Desde Montreal, enviamos un abrazo solidario a todas las personas que se han movilizado con dignidad por la defensa de los territorios.
¡Ni un río más para las hidroeléctricas!
¡Aguas para la vida, no para la muerte!
