El 6 de noviembre de 2014 el CDHAL apoyó la conferencia » Narco-Estado y protesta social en México » relacionada con lo sucedido en Ayotzinapa y Tlatlaya.
La conferencia, que se llevó a cabo en la UQAM (Pavillon Président-Kennedy) fue seguida por dos mesas redondas abordando el asunto de la situación social en México. La movilización de la comunidad mexicana y latino-americana de Canadá, junto al apoyo de la solidaridad quebequense, permitió que el evento culminara exitosamente. Las reflexiones resultantes sirvieron para redactar una declaración pública denunciando la situación.
De acuerdo con lo anterior, el 13 de noviembre de 2014, el CDHAL junto con las organizadoras del evento entregaron en persona dicha declaración al Cónsul general de México en Montreal.
* La declaración entregada al consulado el 13 de noviembre contaba con 25 firmas de organizaciones. Seguimos colectando las firmas y transmitiremos los nuevos apoyos al consulado próximamente. Para confirmar un apoyo, contactarnos a declarationmexique@gmail.com. Gracias!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Montreal, 12 de noviembre del 2014.
DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE LAS VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS EN IGUALA Y TLATLAYA, MÉXICO
A Enrique Peña Nieto, Presidente de la República Mexicana
A Murillo Karam, Procurador General de la República
A las autoridades políticas federales, regionales y locales de México
Nos invade una profunda indignación por los hechos recientes ocurridos en México. El 30 de junio del 2014 en Tlatlaya, Estado de México, 22 personas fueron asesinadas, 15 de ellas ejecutadas por el ejército, hecho que es actualmente objeto de demandas judiciales. El 26 y 27 de septiembre de 2014, se cometió una verdadera masacre perpetrada por la policía municipal en complicidad con hombres armados que, según los testigos sobrevivientes, pertenecen al grupo delictivo “Guerreros Unidos”. Este último acontecimiento ocasionó 6 muertes, de los cuales 3 eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde entonces, 43 estudiantes de la escuela normal están desaparecidos después de haber sido detenidos por la policía. El alcalde de Iguala está acusado de ser el autor intelectual de la masacre. El gobernador de Guerrero pidió licencia tras las acusaciones de complicidad en las actividades delictivas del alcalde. Según los testigos, el ejército también estaría implicado.
Los crímenes de Ayotzinapa y Tlatlaya no son hechos aislados y se suman a una serie de violaciones graves a los derechos humanos en el país. Desde 2006, se cuentan más de 90 mil muertos, más de 25 mil personas desaparecidas y más de 250 mil personas desplazadas bajo el pretexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, que fue decretada por el gobierno de Felipe Calderón y retomada como estrategia central de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Estas cifras podrían ser más altas dependiendo de la fuente que se consulte. La guerra contra el narcotráfico ha sido denunciada por organizaciones de defensa de derechos humanos como una estrategia de criminalización y de represión del Estado mexicano.
En este contexto de represión y de criminalización de la movilización colectiva, el Estado socava la educación pública y en particular las escuelas normales rurales, las cuales tienen como objetivo la formación de profesores para las zonas más vulnerables del país. Estas escuelas han tenido que luchar desde hace cuarenta años para continuar existiendo puesto que el Estado emprende constantemente acciones para intentar desaparecerlas. La represión que ha ejercido el Estado mexicano hacia las escuelas normales rurales ha sido sistemática y constante, sobre todo en los estados de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, donde los niveles de pobreza están entre los más altos del país. Nos solidarizamos con estas normales rurales que son reconocidas como lugares de movilización y de protesta históricos.
Estos crímenes socavan también el derecho a la protesta y reprimen toda forma de oposición política y de libre expresión. Esta represión sistemática y violenta atenta contra los derechos humanos de todas y todos los mexicano-as y en particular de los sectores más vulnerables de la población. Condenamos categóricamente el uso arbitrario de la fuerza que el Estado ha venido ejerciendo y su colusión con el crimen organizado.
Consideramos que estos hechos son inaceptables y extremadamente graves por lo que exigimos a los organismos gubernamentales competentes en México:
1. Efectuar las investigaciones y las acciones de búsqueda con transparencia para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos, considerando que hasta el momento los resultados presentados no son satisfactorios.
2. Llevar a cabo una investigación independiente, rápida y eficaz en relación con los acontecimientos ocurridos el 30 de junio en Tlatlaya y el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
3. Iniciar los procedimientos administrativos y judiciales contra las autoridades estatales y federales que incumplieron con su deber de prevenir de manera razonable estas graves violaciones a los derechos humanos. Lo anterior con la finalidad de que rindan cuentas ante la justicia.
4. Garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las y los testigos y estudiantes que denunciaron los hechos, al igual que la de las y los defensores que acompañan a los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Lo anterior conforme a las disposiciones de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
5. Poner fin a la persecución sistemática de las voces disidentes y de todas las formas de protesta y movilización política.
Les solicitamos que nos mantengan informado-as de las acciones que efectuarán para establecer las responsabilidades penales sobre estos hechos. Los crímenes de Ayotzinapa y de Tlatlaya son crímenes de lesa humanidad, tal como lo han denunciado diferentes organizaciones de derechos humanos en México, entre las cuales el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. (Centro Prodh) y Amnistía internacional.
¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!
Association des juristes progressistes
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
Bloc d’artistes du CTI (Centre des Travailleurs et Travailleuses Immigrantes à Montréal)
CA du Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et les innovations politiques, UQAM
Chaire de recherche du Canada en histoire de l’Amérique latine de l’Université de Montréal
Coalition québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique latine (QUISETAL)
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL)
Comité Justice et Solidarité de la Paroisse Notre-Dame de Grâce
Common Frontiers
Confédération des syndicats nationaux – CSN
Costureras de sueños-Teatro independiente
Diversitas Coop
Femmes de diverses origines
Groupe d’entraide internationale Spirale (Conseil d’Administration)
Horizons of Friendship
Illusion Emploi
Institut Polaris
InterPares
Jesuit Forum for Social Faith and Justice
La Iglesia Unida de Canadá – Ministerios en francés
L’Entraide missionnaire
Ligue des droits et libertés
Maquila Solidarity Network/Red de Solidaridad de la Maquila (RSM)
Mexicanxs unidxs por la regularización
MigrantWorkersRights/DroitsTravailleursMigrants
Mining Watch Canada
Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI)
Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC)
Relations publiques sans frontières
Rencontre Interculturelle des Familles de l’Estrie
SalvAide Canadá
Service de Préparation à la Vie (SPV)
Syndicat québécois des employés et employées de service – SQEES 298 (FTQ)
Syndicat des employé-e-s professionnel-le-s et de bureau – SEPPB Québec (FTQ)
Syndicat des Métallos (FTQ)
Union des employé(e)s de service – UES 800 (FTQ)
Unifor Québec (FTQ)
United Steelworkers
