Comunicado de Prensa de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a la Impunidad
Continúa un proceso histórico en la ONU: los Estados reanudan negociaciones sustantivas sobre el texto del Tratado Vinculante sobre las empresas transnacionales en materia de derechos humanos
En medio de los desafíos de la pandemia de Covid-19, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (OEIGWG) de las Naciones Unidas (ONU) inicia su Sexta ronda de negociaciones sobre un tratado sobre «empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos», del 26 al 30 de octubre de 2020. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU negociarán un segundo borrador revisado de este innovador tratado, que tiene como objetivo elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales.
El interés en el proceso sigue creciendo, como lo demuestra la importante presencia de delegados de los Estados miembros de la ONU que participan en las negociaciones.
La Red Global Interparlamentaria en apoyo al Tratado Vinculante (GIN) ha emitido una declaración instando a “los Estados a participar activamente en este proceso de la ONU y trabajar hacia un instrumento efectivo y legalmente vinculante, para asegurar que la dignidad de las personas consagrada por políticas universales, derechos económicos, sociales y culturales, se priorizan y garantizan en todo el mundo sobre las ganancias privadas”.
Las/os alcaldes/as y concejales de ciudades como Barcelona, Estrasburgo y París han hecho un llamado a las autoridades locales de todo el mundo para que apoyen el Tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos.
La presencia continuada cada año desde 2015 – inicio de este proceso – de cientos de representantes de comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y movimientos sociales lo convierte en uno de los más apoyados en la historia de este tipo de Grupos de Trabajo en la ONU. Este año, sin embargo, debido a las restricciones de la COVID-19, la presencia física en Ginebra es limitada, aunque se ha habilitado la participación remota a través de varias plataformas en línea. En este contexto, la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad (Campaña Global) organizó conjuntamente con GIN una Conferencia de Prensa virtual (grabación completa aquí) con actores políticos y de la sociedad civil de alto nivel.
Leïla Chaibi, miembro del Parlamento Europeo, La France Insoumise (GUE / NGL) comentó:
“Hoy en día no existe un Tratado Internacional Vinculante que proteja a las personas, pero existen tratados que protegen las inversiones de las grandes corporaciones. Gracias a iniciativas como el #ToxiTourMexico, pude ver cómo estas empresas destruyen la salud y las comunidades en México. La UE no ha tenido problemas para firmar acuerdos de libre comercio con terceros países y esto es profundamente injusto. Junto con muchos de mis colegas en el Parlamento, seguimos afirmando que no podemos ignorar estas violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales”.
Charles Santiago, miembro del Parlamento de Malasia y presidente de los parlamentarios por los derechos humanos de la ASEAN declaró:
“En la actualidad, 43 millones de personas han sido infectadas por el COVID 19 y más de un millón han muerto. Es una catástrofe. El desarrollo de una vacuna es fundamental y debe ser un bien público mundial. Los precios y las ganancias deben regularse. Las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual (DPI) del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) deben suspenderse para permitir la producción de patentes de productos genéricos y biológicos similares.
Las empresas transnacionales (ETN) y los países enriquecidos se niegan a suspender las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual porque, afirman, socavarían la protección de las patentes. Se debe desarrollar un mecanismo global para regular los precios, las ganancias y los derechos de propiedad intelectual de las grandes farmacéuticas. El «enfoque habitual» de las empresas transnacionales, que da prioridad a las ganancias durante una pandemia, no es políticamente sostenible. El Tratado Vinculante de la ONU es el mejor lugar para restablecer y mejorar la responsabilidad de las ETNs».
La Dr. Manoela Carneiro Roland, coordinadora de HOMA (Centro de Derechos Humanos y Negocios) y profesora en la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil declaró:
“Debemos regular a las empresas transnacionales. Esto implica establecer obligaciones directas para ellas. Las empresas transnacionales ya tienen derechos establecidos en los más de 3.000 acuerdos de protección de las inversiones existentes. Necesitamos transformar el paradigma de la diligencia debida porque es un marco que erróneamente permite la auto-regulación a las empresas. Debemos establecer mecanismos de control efectivos, como una Corte Internacional que tenga competencia para juzgar a las empresas transnacionales».
Keamogetswe Seipato, coordinadora de la Campaña de África Austral para Desmantelar el Poder Corporativo. Centro alternativo de información y desarrollo (AIDC), Sudáfrica, subrayó:
“Tenemos que reducir o limitar el poder de las empresas. El continente africano es un caldo de cultivo para las violaciones de los derechos humanos. Debe respetarse la primacía de los derechos humanos. Se trata de subrayar la necesidad de que las empresas rindan cuentas porque no pueden venir a nuestros países a ampliar y descuidar los principales Convenios de Derechos Humanos. Debemos recordar que el Tratado Vinculante de la ONU debe ser un mecanismo para ayudar a las comunidades a acceder a reparación por las violaciones de los derechos humanos. El Tratado debe brindar tanto la asistencia como el apoyo que necesitan las personas afectadas”.
Fuente: Stop Corporate Impunity
