Publicado por FUNDICCEP y Red nacional en defensa del agua Panama, con el apoyo de Panama vale más sin minería, Mining Watch Canada y Earthworks, mayo del 2024
El gobierno panameño no protegió a la población contra la brutalidad policial y la criminalización de los manifestantes, especialmente ambientalistas, sindicalistas y estudiantes de universidades públicas. Cuatro personas fueron asesinadas en un contexto en el que el gobierno, la empresa minera canadiense (First Quantum), la policía, los principales medios de comunicación y los grupos empresariales alimenta- ron el odio entre pro mineros y manifestantes.
Manifestantes y no manifestantes en Panamá fueron sometidos a un abordaje sistemático de las violaciones a sus Derechos Humanos desde octubre de 2023, cuando muchos de ellos salieron a las calles para rechazar un nuevo contrato minero firmado entre su gobierno y la filial de la canadiense First Quantum Minerals.
El contrato habría legalizado la extracción de cobre, oro y plata en 13.000 hectáreas (32.000+ acres) ubicadas en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, al norte del país. La empresa tenía un contrato que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Panamá en 2017, a pesar de que el gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela prometió a la empresa que se firmaría un nuevo contrato y le permitió iniciar operaciones sin ningún tipo de trámite legal.
La empresa comenzó a exportar concentrado de cobre, que incluía oro, plata y otros minerales en junio de 2019. El nuevo gobierno de Laurentino Cortizo, que asumió un mes después -el 1 de julio- prometió a la empresa renegociar un nuevo contrato, al tiempo que también permitió a la empresa continuar con sus operaciones de facto sin pagar virtualmente impuesto alguno.
Las negociaciones se desarrollaron con poca transparencia, el público sólo pudo leer el borrador del contrato durante algunos días antes de que el Poder Ejecutivo lo llevara a la Asamblea General para su aprobación. El primer borrador fue devuelto en agosto de 2023 debido al alcance de las concesiones, que incluso permitían a la empresa comprar tierras, solicitar la expropiación, retener afluentes en los caudales superiores de los ríos, construir infraestructura como puertos, casas, represas, tuberías de suministro de agua y cobrar por su uso.
El segundo borrador apenas sufrió escrutinio público. Llegó a la Asamblea la tercera semana de octubre de 2023. Pasó los tres debates, fue aprobado por 44 diputados, fue firmado por el presidente Cortizo y publicado en la Gaceta Oficial, todo en apenas tres días. La aprobación “express” del contrato fue ampliamente cuestionada en relación con el alcance del interés económico pasado y presente que, según reportes de medios, unen a los miembros del actual gobierno con la empresa.
Las protestas contra la minería se intensificaron el viernes 20 de octubre por la noche, alrededor de las 7 de la noche hora local, se oficializó el contrato-ley mientras cientos de panameños protestaban frente a la Asamblea, recibiendo disparos de gases y balas de pimienta por parte de la policía.
También se dieron más de 1,500 detenciones arbitrarias entre estudiantes, ambientalistas, indígenas, sindicalistas e incluso personas ajenas a las protestas.
Hubo cientos de heridos, incluidos los gaseados por la policía con bombas lacrimógenas caducadas, bolas de pimienta, golpes, heridas generales y disparos. Al menos cinco personas perdieron la visión total o parcialmente debido a la acción directa de la policía, entre ellos se encuentra Aubrey Baxter, fotoperiodista y activista que recibió un disparo de perdigones directo en el ojo por un agente de policía mientras documentaba la represión afuera de la Asamblea la semana en que se impuso el contrato.
Hubo 4 personas asesinadas durante las protestas, dos de ellas fueron atropelladas mientras protestaban, una en Colón y otra en Chiriquí, y otras dos personas fueron asesinadas intencionalmente a plena luz del día por un abogado extranjero con antecedentes penales. Las familias de las víctimas protestaban pacíficamente en las calles de Chame, al oeste de la capital, en contra del contrato minero. El hombre bajó de su auto y preguntó quién estaba a cargo de la protesta, luego disparó a sangre fría a los dos hombres, uno era maestro y el otro compañero de una maestra.
Para este informe se tomaron testimonios que señalan un uso excesivo de la fuerza por parte de unidades policiales, especialmente contra estudiantes de universidades públicas, indígenas y sindicalistas. Estos grupos fueron fuertemente estigmatizados por funcionarios gubernamentales, los principales medios de comunicación y grupos empresariales, la mayoría de ellos con grandes intereses como proveedores locales de la empresa minera.
Según varios testigos y víctimas entrevistadas, los grupos indígenas fueron especialmente racializados, atacados, discriminados y brutalmente reprimidos.
Manifestantes y no manifestantes también fueron criminalizados y todavía están a la espera de juicio. En Chiriquí, al occidente del país, 21 personas fueron demandadas por 50 millones de dólares por la Cámara de Turismo de Chiriquí y acusadas de “terroristas” y “secuestradores”, siendo muchos de ellos ambientalistas y activistas de larga data. El portavoz que dio los nombres de las 21 personas a los medios acabó trabajando unos meses después para la empresa minera, lo que genera dudas sobre las verdaderas intenciones de la demanda.
En Colón, provincia donde aún está radicada la mina, otras 3 personas fueron criminalizadas. Uno de ellos del grupo de lancheros que protestaron frente al puerto minero bloqueando el acceso al barco que sacaba los minerales mientras el contrato aún estaba pendiente de sentencia judicial. Los otros dos fueron detenidos arbitrariamente ya que, según su abogado, no estaban protestando en el momento de la captura.
Todavía hay manifestantes con causas judiciales abiertas por diversos motivos, que deben esperar al menos seis meses para que se lleven a cabo las investigaciones. La mayoría acusa a los fiscales de parcialidad hacia la empresa minera o del gobierno, que actuó más como una entidad de relaciones públicas de la empresa durante todo el proceso en lugar de representar al Pueblo de Panamá.
Se tomaron otras represalias contra los sindicatos que protestaron contra el contrato. Por ejemplo, el banco estatal Caja de Ahorros cerró cuentas bancarias del sindicato de trabajadores de la construcción Suntracs sin ninguna investigación, alerta o denuncia en ese momento. Sus líderes también fueron criminalizados y detenidos, todo esto mientras se desarrollaban las protestas.
El gobierno panameño también retuvo el salario de los maestros públicos como medida para romper la huelga que declararon en oposición al contrato minero.
También al menos dos comunicadores fueron despedidos de sus puestos de trabajo por oponerse abiertamente al contrato, como dieron a entender en sus declaraciones tras sus despidos.
Los pueblos indígenas fueron blanco especial de discursos de odio, criminalización y violencia durante las protestas, especialmente en tierras agrícolas en Chiriquí y Bocas del Toro, donde son la principal fuerza laboral en la industria agrícola que se desarrolla en esta región. Las malas condiciones y estándares laborales que han denunciado en el pasado fueron respondidos en forma de violencia por parte de algunos propietarios de tierras y granjas para los que trabajan. Esto quedó claro el 2 de noviembre, cuando algunos agricultores y el alcalde de Tierras Altas emboscaron violentamente los lugares de protesta, infligiendo heridas a los niños que también se encontraban allí.
La información recopilada también muestra un intento coordinado entre la empresa y algunos actores públicos y privados para crear un ambiente hostil contra manifestantes y opositores antiminería, utilizando discursos de odio alimentados con etiquetas falsas como “terroristas”, “secuestradores”, “comunistas” y otros, difamación en medios de comunicación y/o redes sociales y generalización de la narrativa de una “turba violenta” que saqueó y llevó el caos a las calles, sin abordar adecuadamente a los infiltrados que portaban armas en la protesta a pocos pasos de los agentes policiales.
Estos son sólo algunos de los casos documentados para este informe. Hay varias víctimas más en todo el país que continúan sufriendo las consecuencias de oponerse a una gran empresa minera canadiense. En general, el miedo fue infligido por el sistema (gobierno, policía, empresas, medios de comunicación y pro mineros) en forma de violencia, demandas, despidos, discursos de odio, criminalización e incluso al no proteger a la población de asesinatos cometidos por terceros.
Fuente: https://s3.documentcloud.org/documents/24630460/resumenejecutivo_panama_esp.pdf
