Con bastante preocupación hemos recibido información sobre nuevos ataques a integrantes del Movimiento Ríos Vivos en el departamento de Antioquia por su labor en defensa del ambiente y de las personas afectadas por Hidroituango, en particular, por el proceso del desalojo ordenado para la construcción del proyecto hidroeléctrico.
El Movimiento Ríos Vivos denuncia nuevos ataques a sus integrantes en el departamento de Antioquia por su labor en defensa del ambiente y de las personas afectadas por Hidroituango.
Las amenazas se dieron en el contexto de la organización de la Asamblea Popular masiva convocada por el movimiento luego de que la comunidad de la playa La Arenera del municipio de Toledo, Antioquia, recibiera una notificación de desalojo. La cual desconoce los protocolos internacionales e incumple los “Principios Básicos y Directrices internacionales sobre Desalojos y el Desplazamiento generados por el desarrollo”. Hasta el momento, ya han sido cerca de 400 familias afectadas por Hidroituango al ser desalojadas mediante procesos que vulneran sus derechos fundamentales.
No es la primera vez que nos dirigimos a diferentes autoridades colombianas en relación con graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el marco del avance de las obras del proyecto hidroeléctrico Hidroituango: el 19 de septiembre de 2013, luego de conocer la noticia del terrible asesinato de Nelson Giraldo Posada (líder del movimiento Ríos Vivos) http://cdhal.org/sites/cdhal.org/files/doc/action/asesinado-nelson-giraldo-posada-lider-del-movimiento-rios-vivos-antioquia-.pdf y el 21 de octubre de 2013 nos comunicamos preocupado(a)s por el atentado que sufrió en su vivienda el líder del Movimiento Rios Vivos Genaro Graciano y del reporte de varias amenazas a docentes de la zona http://cdhal.org/sites/cdhal.org/files/doc/action/lider-del-movimiento-rios-vivos-sufre-atentado-vivienda-ituangocolombia-.pdf.
El pasado 19 de enero 2015 nos dirigimos mediante una carta a las autoridades colombianas con el fin de exponer los hechos y de llamar su atención sobre las vulneraciones a los derechos de los integrantes del movimiento y de la población afectada por la construcción de HidroItuango. A continuación encontrará un resumen de dicha carta y al final en el PDF, la carta en su versión original y completa.
Hechos
1.El pasado 18 de diciembre de 2014, hacia las 8:00 p.m., Martín Monsalve (integrante de Ríos Vivos Antioquia) fue retenido por dos hombres encapuchados y armados que no se identificaron y le amenazaron de muerte. El líder del Movimiento Ríos Vivos, estaba realizando el acompañamiento a las familias que se disponían a realizar una Asamblea Popular masiva convocada por dicho movimiento para el 19 de diciembre. Queremos llamar su atención sobre el hecho de que el lugar donde se produjo la amenaza tiene vigilancia permanente de Empresas Públicas de Medellín-EPM y del Ejército Nacional a través del Batallón Bajes, adscrito a la Cuarta Brigada.
Cabe recordar que los estudios de riesgos sobre la situación del Movimiento Ríos Vivos efectuados por la Defensoría del Pueblo y por la Unidad Nacional de Protección, han definido que por la labor que realizan en la defensa de los derechos humanos los integrantes del Movimiento están expuestos a un riesgo extraordinario. Los actos delictivos en contra de sus líderes en esta fecha corresponden a una estrategia de intimidación y de saboteo a la Audiencia Popular del 19 de diciembre de 2014, en la que se congregó a la población afectada por la acción de desalojo promovida por EPM para el proyecto Hidroituango. Sin embargo, es sabido que el Movimiento Ríos Vivos es sujeto a una campaña de desprestigio a través de falsas acusaciones vinculando a sus líderes a grupos al margen de la ley. Así mismo, los pobladores afectados por el proyecto han sido presionados a abandonar el proceso organizativo para negociar directamente con EPM con el fin de lograr buenas propuestas en el proceso de desalojo.
2.El pasado 4 de diciembre de 2014, las familias de la playa La Arenera del municipio de Toledo, Antioquia, situada en el cañón del Río Cauca, han recibido una notificación de desalojo que corresponde a un procedimiento característico de los desalojos forzosos, puesto que desconoce los protocolos internacionales e incumple los “Principios Básicos y Directrices internacionales sobre Desalojos y el Desplazamiento generados por el desarrollo”. Ya han sido cerca de 400 familias afectadas por HidroItuango desalojadas mediante procesos que, vulneran sus derechos fundamentales como lo son su derecho al territorio y a su forma de vida, sin recibir en consecuencia ninguna reparación.
Queremos recordar que los “Principios Básicos y Directrices internacionales sobre Desalojos y el Desplazamiento generados por el desarrollo” definen las acciones y medidas necesarias para evitar los perjuicios ocasionados por los desalojos. Mediante estos principios se establece que dado sus efectos negativos sobre una gran cantidad de derechos humanos, los desalojos requieren una plena justificación y deben ser producidos únicamente en circunstancias excepcionales.
Entre las irregularidades presentadas en el proceso de desalojo solicitado por EPM, en especial en la notificación anunciada el pasado 4 de diciembre de 2014 en la playa La Arenera se ha identificado:
-Una ausencia de mecanismos efectivos de comunicación por parte de las autoridades y de EPM que permita establecer canales eficaces de difusión de la información y de oportunidades de consulta. Sabemos que la población afectada desconoce los fines a los que se destinarán las riberas del río y el detalle de las razones por las cuales se les pretende desalojar. Tampoco se han hecho esfuerzos para dar a conocer el texto completo de la resolución entre la población afectada.
En particular, consideramos inapropiada la notificación mediante avisos pegados a los árboles en la comunidad. El comunicado se realizó con el desconocimiento de la situación de analfabetismo que afecta a la mayoría de los pobladores. Adicional a esto, la fijación de un plazo de tres días hábiles no tiene en cuenta las dificultades a las cuales se enfrenta la población para encontrar el asesoramiento jurídico requerido para interponer un recurso de apelación. Esta inconveniencia en el proceso de desalojo iniciado por EPM demuestra una falta de voluntad para cumplir con los “Principios Básicos y Directrices internacionales” sobre el derecho que tienen todas las personas afectadas a contar con un plazo suficiente y razonable para realizar el examen público, la formulación de comentarios y/o objeciones sobre el plan propuesto con antelación a la fecha prevista para el desalojo.
Hacemos el llamado a la autoridades para que el proceso de desalojo sea detenido, ya que su continuación representa un riesgo inminente de desplazamiento a las familias de decenas de baharequero(a)s, agrupado(a)s en el movimiento. Por lo anterior y en vista de tales falencias en el procedimiento, recordamos que el Estado Colombiano es el principal responsable en garantizar los derechos que recogen los Principios y Directrices Internacionales y solicitamos de manera URGENTE que:
- La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, verifique el cumplimento de protocolos internacionales, analizando su legalidad y pertinencia, durante todos y cada uno de los desalojos que se han dado. Además, que realice un control y un seguimiento inmediato a los desalojos que están por ocurrir y que se suspendan los que ya han sido notificados hasta tanto no se den las garantías y se pruebe el estricto cumplimiento de los estándares internacionales de la Organización de Naciones Unidas -ONU para desalojos, tomando las medidas necesarias para que se eviten nuevas vulneraciones a los Derecho Humanos y garantizando el derecho al debido proceso.
- Se exija a la Empresa EPM que demuestre que el desalojo notificado el 4 de diciembre de 2014, a la playa La Arenera del municipio de Toledo es inevitable y respeta los tratados internacionales. Posteriormente, es indispensable hacer llegar esta información a la organización Movimiento Ríos Vivos Antioquia -MRVA.
- Teniendo en cuenta que el alto riesgo y la vulnerabilidad extrema en el que se encuentran las personas afectadas y lo(a)s integrantes del Movimiento Ríos Vivos, solicitamos que se presente una solución a los problemas de seguridad presenciados en los territorios afectados por Hidroituango y sean activados los mecanismos necesarios que garanticen sus derechos a la vida, a la integridad física y a defender el medio ambiente.
