Dos derrames de petróleo en las últimas semanas han afectado los territorios de las comunidades indígenas donde se ubica el Lote 192, uno en el ámbito de la batería Capahuari Norte, territorio de la comunidad Titiyacu del Pastaza, y otro en la bahía Jibarito, en territorio de la comunidad achuar Antioquía, que ha afectado también a la comunidad achuar Pampa Hermosa. Ambos derrames son responsabilidad de la empresa Frontera Energy.
El jefe de la comunidad de Antioquía, Tomás Hualinga Maynas, salió en busca de ayuda cuando un derrame de petróleo se esparció el último sábado 23 de noviembre sobre la Bahía Jibaro y llegó hasta el río Corrientes, en el distrito de Trompeteros, región Loreto. Nuevamente el crudo corría por las aguas de este río que tantas veces ha estado expuesto al petróleo que proviene de los ductos del Lote 192.
“Ha sido un derrame grande que ha afectado a dos comunidades: Antioquía y Pampa Hermosa. Todo el petróleo está siendo arrastrado por las aguas del Corrientes, no sabemos hasta donde ha llegado”, cuenta Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor), quien recibió la llamada de Hualinga.
Desde Antioquía indicaron que más de mil personas de ambas comunidades solicitaban agua y alimentos para superar la emergencia, puesto que la población se abastece directamente del río Corrientes.
Mediante un comunicado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indicó que ha iniciado la supervisión en la zona afectada para “determinar las causas de la emergencia ambiental, la responsabilidad de los hechos y el impacto generado”.
OEFA también ha señalado que verificará la implementación del Plan de Contingencia por parte de la empresa que involucra las acciones de contención y limpieza de la zona afectada.
Un grupo de monitores ambientales indígenas ha viajado desde Nuevo Andoas hasta la zona para evaluar los daños causados por este derrame que se suma a los más de 70 vertimientos ocurridos desde el año 2015, cuando la empresa Pacific Stratus Energy del Peru S.A. –subsidiaria de Frontera Energy del Perú S.A.– ganó la concesión del lote petrolero de mayor producción en el país.
Frontera Energy también emitió un comunicado para informar las acciones que habían adoptado tras el vertimiento, el mismo que se produjo por el desgaste y la corrosión del ducto. Una vez ocurrido el hecho, se activaron los protocolos de emergencia destinados a contener la fuga y remediar los daños causados. Las brigadas han logrado contener la fuga con la instalación de una grapa que selló el ducto”, indica el documento de Frontera Energy.
Un negro historial del Lote 192
El presidente de Feconacor, Carlos Sandi, lamenta que sigan ocurriendo derrames por desgaste del ducto. “Las cañerías están corroídas y se rompen causando serios daños en el territorio, el medo ambiente y sobre todo el agua”.
Sandi recuerda que estos 70 derrames corresponden solo a los últimos cuatro años de operaciones. “Si contamos los 15 años de PlusPetrol y los más de 30 de Occidental Petroleum Company, los sitios impactados suman más de 1000. El Estado no asume su responsabilidad de exigir a la empresa que cumpla con la remediación”, agrega Sandi.
A los pasivos ambientales se suma el entrampamiento que ha surgido en el proceso de consulta previa que se realizaba con miras a que PetroPerú firme un nuevo contrato de concesión en marzo del 2020, cuando llegue a su fin el que mantiene la compañía canadiense.
La estatal de petróleos del Perú entregó la administración de este lote a Frontera Energy en el 2015, por un período de dos años, que se ha extendido debido a la paralización de las actividades en más de una oportunidad. Por ahora, la fecha programada para que la empresa deje esta zona petrolera es marzo de 2020.
En mayo de este año, el Ministerio de Energía y Minas destinó 190 millones de soles para la remediación de pasivos ambientales en varios lugares del Perú, y en particular en el Lote 192, donde se identificaron 32 sitios como prioritarios.
“Hay un descontento legítimo de las comunidades indígenas, sobre todo en lo concerniente a la remediación ambiental que está muy atrasada”, señaló Alicia Abanto, adjunta para el medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, quien apela al diálogo para resolver los conflictos alrededor de este pozo petrolero que tiene más de 40 años de operaciones.
