TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 8 de diciembre (apro).- El Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), un organismo no gubernamental de Canadá, denunció hoy la presunta complicidad de la empresa minera Blackfire Exploration en la muerte del líder ambientalista Mariano Abarca.
La representante del CDHAL, Marie Dominik Langlois, señaló que “la supuesta complicidad de la minera canadiense en este asesinato nos preocupa notablemente”.
Agregó que el homicidio de Abarca Roblero, perpetrado el pasado 27 de noviembre, “ilustra de manera dramática la necesidad urgente” de que los diputados de Canadá apoyen el proyecto de ley “C-300”, que actualmente se debate en el Parlamento en ese país.
“El proyecto de ley tiene por objeto regular las acciones de las empresas mineras canadienses que operan en el extranjero, con el fin de velar por el respeto a los derechos humanos, en particular en los países en vía de desarrollo”, aclaró Langlois.
Además, pidió a las autoridades mexicanas “garantizar la seguridad de los miembros de las comunidades indígenas y campesinas, que son los primeros afectados por las consecuencias socio-ambientales y los actos de violencia relacionados con las actividades de empresas extranjeras”.
Y anunció que el próximo jueves llevarán a cabo una protesta en el consulado de México en Montreal por el asesinato de Mariano Abarca y la violencia generada por la presencia de empresas mineras en el extranjero.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) celebró el hecho de que el gobierno de Chiapas decidiera clausurar la mina de barita ubicada en el municipio de Chicomuselo, socavón operado por Blackfire Exploración; sin embargo, pidió que la medida fuera definitiva.
En un comunicado, el Frayba advirtió: “Consideramos necesario que la cancelación no sea sólo de forma temporal sino definitiva, ya que las afectaciones denunciadas insistentemente por los habitantes han costado la vida a Mariano Abarca, asesinado presuntamente por oponerse a la explotación de la empresa canadiense”.
El Frayba añadió que es urgente que se tomen medidas para garantizar que en el futuro no se instalen ese tipo de empresas que generan daños al medio ambiente, como ocurrió en la región de Chicomuselo con las actividades de Blackfire.
Y también solicitó que cese la ‘criminalización’ de los activistas, así como la estigmatización y represión a la protesta civil organizada y pacífica para evitar muertes como la de Abarca Roblero.
