Señores, Señoras,
Las organizaciones internacionales de solidaridad suscritas en esta carta – Comité por los derechos humanos en América latina-CDHAL, Mujeres de Diversos Orígenes-FDO y la Alianza Internacional de Mujeres-IWA, nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación en torno a diferentes situaciones que se están presentando en la provincia de Morona Santiago, donde por más de una década la presencia de empresas mineras extranjeras ha venido convulsionando la vida de las comunidades locales.
Nos preocupa que en el contexto de la imposición del proyecto minero Panantza-San Carlos (de las empresas Corrientes Resources y CRCC-Tongguan Investment – filiales de la corporación china Tongling Nonferrous Metals Holding Co., que en este sector adopta el nombre de ExplorCobres-EXSA) y del desalojo de la comunidad Shuar de Nankintz el 11 de agosto de 2016, también se están vulnerando los derechos de las comunidades campesinas que se oponen al proyecto y sus acciones de resistencia están siendo reprimidas, perseguidas y criminalizadas, al mismo tiempo que enfrentan la militarización de sus territorios. Dados los acontecimientos que han estado sucediendo, consideramos que los derechos constitucionales de las comunidades afectadas están siendo violados, así como su derecho al consentimiento previo, libre e informado con la imposición de un proyecto que representa una grave amenaza para sus medios de vida a nivel socioeconómico, cultural y ambiental.
Por medio de la presente carta, queremos referirnos a diversas situaciones acontecidas en la zona en el marco del estado de excepción declarado el 14 de diciembre en la provincia de Morona Santiago y la militarización que lo ha acompañado. Específicamente, varios casos de intimidación, criminalización y violaciones a la libertad de expresión hacia dirigentes de organizaciones sociales y populares de la región, tales como la Asociación de Campesinos de Limón Indanza (ACLI), la Coordinadora Campesina Popular (CCP), el Frente de mujeres Guardianas de la Amazonía y el Frente de mujeres defensoras de la Pachamama.
Censura mediática.
Previo al decreto del estado de excepción, ha sido negado a estas organizaciones el acceso a los medios y la cobertura mediática de sus posiciones y pronunciamientos con respecto a los hechos acontecidos en la zona, como muestra la negación de la radio Voz del Upano (perteneciente a la Vicaría Apostólica de Méndez) a hacer públicas sus informaciones. El día 22 de noviembre de 2016, la Sra. Lina Solano Ortiz, miembro del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, de la CCP y Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres-ULAM, solicitó formalmente al director de dicho medio, Padre Marcos Cuenca, dar a conocer a la opinión pública el pronunciamiento de dichas organizaciones acerca de lo acontecido en el sector denominado Nankintz. Dicha solicitud fue negada aduciendo que “la información sobre este caso se está llevando en absoluta confidencialidad según manifestó el Gobernador”, vulnerando de este modo el derecho a la libertad de expresión y opinión, el acceso a la información e imponiendo la censura en los medios.
2. Persecución y criminalización a dirigente de la Asociación de campesinos de Limón Indaza – ACLI, Sr. Manuel Peláez Mayta.
El 13 de diciembre de 2016, Manuel Peláez Mayta, Vicepresidente de ACLI, fue citado con otros miembros de dicha organización por la Tenencia Política de San Miguel de Conchay y sometido a un interrogatorio por parte de funcionarios que dijeron ser del Ministerio del Interior, de la Comisaría Nacional de Policía y de un “Comité Ciudadano”. Esto ocurría unos días antes de la “Marcha Campesina por la Tierra, los Derechos y la Soberanía” -movilización legítima, pacífica, apegada a la legalidad como ordena la Constitución en el Derecho a la Resistencia- convocada para el domingo 18 de diciembre por la ACLI y CCP, en oposición al megaproyecto minero Panantza-San Carlos. Las formas en que se dio dicho interrogatorio, sin la presencia de un/a abogado/a, incluso cómo se hizo la citación, muestran una violación flagrante de las disposiciones relativas al debido proceso previstas y garantizadas por la ley, cuyo fin sería el de desacreditar la legitimidad y las acciones de la ACLI.
El día 18 de diciembre, vigente ya el estado de excepción, Manuel Peláez fue detenido mientras regresaba a su vivienda en San Miguel de Conchay. Tras el registro policial de un vehículo de transporte público, fue identificado por su nombre y llevado sostenido ambos brazos por policías, escoltado por gran cantidad de efectivos policiales y militares, quienes le exigieron abrir las puertas de su casa, registrando todo en busca de supuestas “armas”. Al no encontrar nada, lo trasladaron a su finca para realizar el mismo procedimiento sin que se encontrara lo que supuestamente buscaban. El Sr. Peláez fue liberado tras esto por falta de motivos legales para su detención.
Hay que sumar a todo esto las calumnias, falsas acusaciones y la intimidación de las que está siendo víctima el dirigente de la ACLI. De un lado, el Sr. Polibio Tapia, Presidente de la Junta Parroquial de San Miguel de Conchay, quien ha expresado un apoyo constante al proyecto Explorcobres, lo acusa de haber contratado gente para matarlo y de haberle robado ganado de su finca, denuncia esta última de la cual el Sr. Peláez ha recibido citación el pasado 9 enero por el presunto delito de “ABIGEATO”. Por otro lado, las falsas acusaciones del Sr. Juan Carlos Mogrovejo Suconota (trabajador de EXSA) y la Sra. María Ermelinda Peláez Mayta (pro-minera), quienes dicen haber sido amenazados por Manuel Peláez, según consta en las correspondientes denuncias tipificadas como presunta “INTIMIDACIÓN”, por la que la Fiscalía ha abierto las Investigaciones.
3. Allanamiento de viviendas e intimidación de campesino(a)s
Diferentes personas han sido objeto de intimidación por parte de las autoridades a través del allanamiento de sus viviendas. El 17 de diciembre, alrededor de las 9 AM, 250 efectivos militares y policiales armados llegaron a San Miguel de Conchay y empezaron a entrar a las casas de lo(a)s campesino(a)s en grupos de 20 oficiales revisando las casas de forma contraria a lo previsto por la ley. Entre los casos registrados y denunciados, se reportan el de las Sras.Teresa Mayta (de 80 años de edad y madre de Manuel Peláez) ocurrido el 17 de Diciembre de 2016 y el de Rosario López, ocurrido el 18 de diciembre del mismo año. Ambas son integrantes de la ACLI y del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía. Adicionalmente, Rosario López fue detenida arbitrariamente el 18 de diciembre cuando se disponía a tomar un bus hacia la ciudad de Cuenca con el fin de asistir a una rueda de prensa programada en dicha ciudad al día siguiente. Posteriormente fue dejada en libertad.
También se reporta el caso del Sr. Luis Quiroga, otro integrante de la ACLI quien también fue detenido arbitrariamente el 17 de diciembre cuando se transportaba en su vehículo hacia San Miguel de Conchay. Luego de revisar todos sus documentos y el interior del vehículo lo dejan seguir. Al día siguiente, al llegar a su casa en San Miguel de Conchay en horas de la tarde encontró las puertas rotas y todo revuelto en las habitaciones. Pidió a su hija que tomara una foto como evidencia de la forma en la que encontró su casa y reclamó a los jefes del operativo por lo ocurrido. Los militares, fusil en mano, le obligaron a borrar la foto del celular.
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Todos estos hechos muestran una situación de intimidación y hostigamiento policial y judicial hacia los líderes de movimientos sociales y campesinos con el fin de facilitar la instalación del megaproyecto minero, en un contexto de altos riesgos de violencia y conflictividad.
En el interés de evitar mayor violencia y asegurar el respeto de los derechos humanos de los/as integrantes de los grupos sociales así como de las comunidades afectadas por el proyecto de Explorcobres, exigimos la inmediata derogación del Estado de Excepción y el retiro de las fuerzas armadas de la zona, el cese inmediato de los hechos de intimidación y criminalización contra los dirigentes de los movimientos campesinos de la región y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base al pleno respeto de los derechos humanos.
Por todo lo señalado, seguiremos de cerca el caso, pendientes de cualquier situación que se pueda presentar promoviendo el respeto de los derechos humanos y la integridad de los/as miembros de las organizaciones mencionadas y de otros grupos sociales que ven sus derechos constitucionales vulnerados por la implementación del proyecto minero Panantza-San Carlos. Les pedimos que nos mantengan informados de las acciones que emprendan al respecto.
Atentamente,
Comité por los derechos humanos en América latina – CDHAL
Mujeres de Diversos orígenes – FDO
Alianza Internacional de Mujeres – IWA
