Montreal, Canadá, a 23 de noviembre de 2022
Jorge Andres Carrillo Cardoso
Gerente de Empresas Públicas de Medellín
Gerente Javier Dario Toro
Junta directiva de la sociedad de Hidroeléctrica Ituango SA ESP
Anibal Gaviria
Gobernador de Antioquia
Daniel Quintero Calle
Alcalde de Medellín
El pasado 5 de noviembre, el Movimiento Ríos Vivos Colombia emitió un comunicado llamado « La vida en riesgo » ante la situación de peligro inminente que implica la activación de las turbinas del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, considerado uno de los más grandes de Colombia, a cargo de Empresas públicas de Medellín (EPM) y financiado por capital privado internacional. A partir del 16 de noviembre las comunidades afectadas han iniciado movilizaciones para el cumplimiento de sus demandas.
La situación por la activación de las turbinas de dicho proyecto implica de manera inmediata el desplazamiento de miles de personas que habitan en la cuenca del Cauca, siendo las comunidades de los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá y Valdivia los más afectados. A ello debe considerarse las denuncias y hostigamientos contra los líderes regionales que se han dado por parte de autoridades municipales de Medellín en las últimas semanas. Antes como ahora, con la presión para que el proyecto comience a funcionar, vienen acciones de deslegitimación y de incitación a la violencia para las personas que defienden su patrimonio familiar y sus modos de existencia.
Desde hace más de 10 años, comunidades y organizaciones han denunciado a nivel nacional e internacional las consecuencias ambientales y sociales que este proyecto ha tenido desde su planeación y construcción. El cual pretende tener una capacidad instalada de 2.400 megavatios y un muro de 225 metros de altura, con un embalse que inundará 4550 hectáreas. En 2018, el proyecto fue suspendido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, después de haber colapsado el túnel de la obra dejando una catástrofe, que aún se mantiene en la memoria de las comunidades.
En este año 2022, la empresa chilena Poyry Ltda fue contratada por EPM para evaluar la situación actual de la obra, teniendo como resultado final el aval para que Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) diera su aprobación ante la disminución de riesgos. El Movimiento Ríos Vivos, junto con su equipo de asesores internacionales, denunciaron que esto había sido un informe hecho a modo para favorecer a EPM.
Como organizaciones internacionales vemos como un atentado a la seguridad de las comunidades que este proyecto se eche a andar a pesar de las numerosas críticas, estudios y denuncias nacionales e internacionales que se han hecho a este proyecto.
Es por ello que desde Canadá pedimos :
Que se evite a toda costa el desplazamiento forzado al que se verán obligadas las familias. Colombia es uno de los países con más poblaciones desplazadas. Este proyecto, aumentará la cifra orillando a las personas a vivir en los círculos de pobreza de las ciudades.
Que se haga caso a las demandas que pide la población afectada ; un plan de evacuación preventiva coordinado con las autoridades correspondientes y comunidades para identificar puntos de reunión ; la cobertura de víveres, agua y enseres necesarios en caso de emergencia.
Que participe la Cruz Roja Internacional para hacer una capacitación a la población afectada ante una posible crisis humanitaria.
Que se pare la violencia y hostigamiento a las personas que defienden su territorio, principalmente a Mlena Flores, la presidenta del Movimiento Ríos Vivos, quien ha sido recientemente amenazada.
Atentamente las organizaciones firmantes
Comité para los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL)
Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad Colombia (PASC)
Miningwatch Canada (MWC)
Commons Frontiers
Colombian Action Solidarity Alliance- CASA
