Comunidades del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil del estado de Campeche lograron un amparo judicial tras denunciar una «consulta simulada y fraudulenta» que habría ejecutado el Gobierno de México sobre la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, que cruzaría sus territorios originarios.
«La autoridad judicial en Campeche ordenó a las autoridades abstenerse de decretar la aprobación de dicho proyecto (Tren Maya), o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, abstenerse de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva», informó a periodistas Romel González, coordinador de democracia y desarrollo del CRIPX.
Comunidades pertenecientes al pueblo maya de la península de Yucatán y Chol, asentadas en Xpujil, en la reserva de la biósfera de Calakmul, donde está una antigua ciudad maya del siglo VIII, denuncian violaciones a sus derechos en el proceso realizado en asambleas informativas y consultivas con representantes de comunidades indígenas.
Ese proceso, a partir del cual el Gobierno de México dio por aprobado el proyecto que recorrerá 1.400 kilómetros, enlazando playas del Caribe mexicano con zonas arqueológicas mayas, «violentó el derecho a la consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada», denunció González.
Según los indígenas, la consulta promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para aprobar el proyecto, que contempla una inversión de 6.000 millones de dólares, «no se apegó a los estándares que en la materia se establecen en tratados y convenios internacionales, de los cuales el Estado mexicano es parte».
Las comunidades emprendieron acciones jurídicas y de organización social en toda la Península de Yucatán en contra de las autoridades responsables y ejecutoras de la «consulta indígena simulada».
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Autoridades federales de Turismo que participan en el proyecto dijeron que todavía no han sido notificadas de los dictámenes judiciales.
Ernesto Jiménez, integrante de la comunidad demandante, relató en conferencia de prensa en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA) que «antes de pasar a la mesa de diálogo, nos pasaron a votar, y preguntamos para qué sirve una asamblea si ya dijimos que sí, sin saber a qué íbamos».
Jiménez dijo que su denuncia fue atendida por la autoridad judicial del estado de Campeche, porque la asamblea se realizó «sin el derecho fundamental a la información de decidir, sin presiones, el tipo de proyecto que nosotros como pueblos queremos».
En materia de agua, los pueblos han demandado durante años que carecen de ese servicio.
«Tristemente, lo que sucede es que a la gente le falta el agua, pero en los hoteles y comercios nunca falta el agua, imaginemos con ese tren qué pasará, nos preocupa cómo vamos a tener agua», dijo el líder indígena.
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Según la denuncia, las autoridades federales «siempre nos pusieron como condición que, si decíamos sí al Tren Maya, íbamos a tener agua, medicamentos, escuela, inversiones y desarrollo, pero condicionados».
Los estados del sureste por los cuales el proyecto contempla construir 1.400 kilómetros de ferrocarril son Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.
