Organizciones de las Américas declaran el 1 de agosto la Jornada continental de movilización contra la mega-industria extractiva canadiense

 

• El 60% de las compañías mineras del mundo públicamente  comercializadas aparecen en la lista de la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange – TSX). Estas empresas tienen inversiones en más de 3,200  proyectos de explotación en más de 100 países. Canadá es el mayor participante en la industria de la extracción de recursos de las Américas contando con el 37% de la inversión total. Además, Canadá es responsable de uno de tres conflictos socio-ambientales en el mundo.
• Las operaciones mineras canadienses han causado un impacto  profundo en los territorios, las comunidades y la vida. La exploración de recursos y actividades de explotación han causado el desplazamiento de (las)  comunidades, causado la destrucción de la sobrevivencia sustentable (poniendo en peligro el agua y la seguridad alimentaria), ocasionado problemas crónicos a la salud de las personas. violentado territorios sagrados indígenas y sus derechos,  agudizado la violación de los derechos humanos especialmente en el contexto de  conflictos internos y ha contribuido a la criminalización de mineros artesanales, sindicatos, activistas ecológicos y comunitarios. La exploración y explotación minera a gran escala también ha conducido a una pérdida irreversible  de la biodiversidad.
• La industria extractiva a gran escala, es usualmente promovida por compañías mineras, gobiernos de la región e instituciones internacionales (ej. el Banco Mundial) como una fuerza impulsora del desarrollo  sostenible y camuflan sus efectos trâgicos bajo la fachada de la «responsabilidad social de las empresas». Las vagas promesas de empleo, de crecimiento econômico nacional y de desarrollo son insuficientes para compensar los grandes impactos negativos a largo plazo en los pueblos y territorios, tanto en el plano ambiental como social. 

• Desinversión: El gobierno canadiense debe retirar los fondos públicos de las empresas de extracción de recursos. (Ej. Los fondos de pensiones invertidos en Goldcorp y otras corporaciones) y exigimos que  la petición de fondos públicos sean invertidos en programas sociales como la educación gratuita, la vivienda asequible y cuidado de la salud universal. 
• Regulación: El gobierno canadiense debe facilitar una legislación que establezca normas de responsabilidad corporativa para las empresas canadienses que operan en el extranjero. Esta legislación debe penalizar a las empresas involucradas en la violación de derechos humanos y debe permitir a los extranjeros iniciar acciones legales por daños en cortes  canadienses 
• Cese a la Complicidad: El gobierno  canadiense no debe permitir que instituciones públicas se utilicen para avanzar  campañas de relaciones públicas de alto perfil organizadas por las compañías de extracción de recursos (como el Museo de Historia Natural de Ottawa, la Universidad de Simon Fraser, la Universidad de Toronto, la Universidad de York y proyectos financiados por ACDI – Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional) como la iniciativa Devonshire. 
• Mecanismos Vinculantes de Consulta Comunitaria: Los gobiernos y tribunales de la región deben respetar los derechos colectivos reconocidos internacionalmente como el derecho a la consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas afectadas por la minería.
• Las Vida antes del Lucro: Se deben eliminar los tratados de libre comercio y bilaterales de inversión que protegen el derecho de las corporaciones por encima de la vida.