Otro indígena asesinado en Honduras, organismos canadienses dicen "basta"

Comunicado

Honorables

Sr. Stephane Dion, Ministro de Relaciones Exteriores

Sra. Marie-Claude Bibeau, Ministra de Desarrollo Internacional

Sra. Chrystia Freeland, Ministra de Comercio Internacional

Sr. Michael Gort, Embajador de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua

CC: Excelentísima Sra. Sofía Cerrato, Embajadora de Honduras en Canadá

CC: Excelentísimo Sr. Agustín García-López Loaeza, Embajador de México en Canadá

18 de marzo de 2016

De nuestra mayor consideración:

Las organizaciones firmantes nos comunicamos con objeto de manifestar nuestro horror ante el asesinato de Nelson García, otro líder de la organización de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el pasado 15 de marzo.

Tras el asesinato de Berta, que generó conmoción y consternación en el mundo entero, resulta extremadamente preocupante que los responsables de estos asesinatos se sientan tan libres de restricciones, y capaces de continuar atentando contra la dirigencia de COPINH, y aterrorizando a miembros de la organización de Berta.

Alrededor de ciento veinte organizaciones e instituciones tanto nacionales como regionales de Canadá[i] le han solicitado al gobierno canadiense que condene el asesinato de Berta Cáceres y que inste al gobierno de Honduras a apoyar una investigación independiente e internacional sobre el atentado. Marilyn Baptiste, ganadora del premio Goldman, del Pueblo Originario Xeni Gwet’in de la provincia de British Columbia también envió un mensaje[ii] requiriendo una investigación exhaustiva e independiente, recalcando que el Pueblo Lenca no ha brindado su consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos hidroeléctricos, incluyendo el de Agua Zarca, en el río Gualcarque con el cual mantiene un vínculo espiritual. Observamos con preocupación que entre las empresas que promueven proyectos en este río se encuentra la canadiense, Hydrosys[iii].

Ante los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson García, el Banco de Holanda para el Desarrollo (FMO) [iv] y el Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. de Finlandia[v] suspendieron el apoyo financiero en Honduras, incluyendo apoyo al proyecto Agua Zarca.

El martes por la noche, la Red de Solidaridad con Honduras informó que Nelson García, dirigente de COPINH, había sido ultimado por dos individuos desconocidos en la comunidad de Río Chiquito, departamento de Cortés. Nelson iba camino a la casa de su suegra para comer, luego de ayudar a un grupo de familias desalojadas por efectivos de la policía, la policía militar, el ejército y la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) en el área que se conoce como Río Lindo, en la comunidad de Río Chiquito. Si bien estas familias habían construido sus casas en el área hace dos años, durante el desalojo se destruyeron tanto sus casas como sus cultivos con tractores y maquinaria pesada. Supuestamente, la policía denominó de inmediato el homicidio de Nelson como delito común. Esta reacción denota parecido con la que tuvieron las autoridades hondureñas ante el asesinato de Berta, el cual en un primer momento intentaron descartar denominándolo crimen pasional o intento de robo.

No deja de sorprender que el asesinato de Nelson ocurra a menos de dos semanas del de Berta, a pesar del repudio que demostró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el atentado a la lideresa[vi], y el hecho que la misma organización otorgara medidas cautelares a favor de la vida e integridad personal de los miembros de COPINH y la familia de Berta.

A su vez, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Gustavo Castro, el testigo principal del asesinato de Berta, cuyo regreso a México continúa imposibilitado a pesar del pedido formal de la Embajada de México el 10 de marzo para el levantamiento de la alerta migratoria. Existe un tratado de asistencia mutua en investigaciones penales entre México y Honduras que le permitiría a Gustavo continuar participando en la investigación vigente sobre el asesinato de Berta desde México. No existe razón alguna para que se mantenga en Honduras, alejado de su familia y de su trascendente labor como defensor de derechos humanos.

Reconocemos que la Embajada de Canadá en Honduras publicó una declaración el 3 de marzo condenando el asesinato de Berta, y haciendo un llamado para una investigación exhaustiva y acelerada y para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos[vii]. Sin embargo, el gobierno canadiense debe, con urgencia, continuar presionando públicamente, y sirviéndose de todo medio adicional, para que las autoridades hondureñas:

Garanticen la seguridad de todos los miembros del COPINH, la familia de Berta, y Gustavo Castro mediante la implementación exhaustiva de las medidas cautelares de la CIDH;
Incorpore a la investigación vigente del asesinato de Berta un grupo de investigadoras e investigadores independientes internacionales, de confianza de la familia de Berta y del COPINH, mediante un acuerdo con la CIDH. A su vez, ésta debería expandirse para incluir las amenazas, criminalización y asesinato de otros miembros del COPINH incluyendo a Nelson García;
Levanten la medida que actualmente le impide a Gustavo Castro el regreso seguro e inmediato a México;
Cancelen inmediatamente y definitivamente la concesión otorgada a la empresa DESA para el proyecto “Agua Zarca”, la cual se otorgó sin el consentimiento libre, previo e informado del Pueblo Lenca; suspendan, revisen y anulen cualquier otra concesión hidroeléctrica y minera en territorio lenca que se haya otorgado sin su consentimiento libre, previo e informado; desmilitaricen el territorio lenca; y respeten la autonomía del Pueblo Lenca.

A su vez, dada las obligaciónes legales del gobierno canadiense de respetar y fomentar los derechos humanos en todo el mundo, les urgimos que se dé marcha atrás a la terrible política que el gobierno ha tomado en torno a Honduras hasta la fecha[viii]. Al cabo del golpe de estado respaldado por los militares de junio del 2009, el gobierno de Canadá ayudó a menoscabar iniciativas para el retorno a Honduras de un gobierno votado por el pueblo, y no se tardó en apoyar y negociar con los gobiernos represivos posteriores al golpe. Mientras que Honduras se convertía en el país más peligroso para las comunidades que defienden su tierra y su agua, Canadá presionaba para la creación de una nueva ley de minería[ix][x] y aprobaba un tratado de libre comercio con Honduras que favorece las inversiones canadienses, a pesar de las graves consecuencias para los derechos humanos y el medio ambiente[xi].

Desde el golpe, ha habido más de 100 asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente, de entre los cuales el caso de Berta ha recibido la mayor atención[xii]. Una gran cantidad de periodistas y militantes de importantes luchas sociales también han sido ultimadas/os.

En vista de lo expuesto, hacemos un llamado al gobierno canadiense para que:

Retire el apoyo financiero al gobierno de Honduras, y a las fuerzas de seguridad mediante el Programa Canadiense de Capacitación contra el Crimen (ACCPB por sus siglas en inglés) y la Fuerza de Trabajo para la Estabilización y la Reconstrucción (START por sus siglas en inglés)
Dada la falta de consentimiento libre, previo e informado del Pueblo Indígena Lenca, suspenda todo tipo de apoyo gubernamental y público – incluyendo financiamiento, seguros de inversión, cualquier tipo de servicio gubernamental o consular – que podrían estar recibiendo Hydrosys y cualquier otro inversionista vinculado a proyectos en el río Gualcarque;
Garantice que no se utilizarán apoyo canadiense para el desarrollo internacional, otras fuentes, o servicios a favor de proyectos de infraestructura o mega-proyectos que no cuenten con el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas cuyas tierras y derechos se verán afectados, cumpliendo con lo estipulado en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo 169 de la OIT como requisitos mínimos. Si se utiliza la violencia para silenciar a los Pueblos Indígenas que ejercen su derecho a oponerse a proyectos que afectarán a sus tierras y derechos, no están dadas las condiciones para garantizar el consentimiento libre, previo e informado.
Haga un llamado al Subcomité para los derechos internacionales de la persona para que complete el estudio sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras e incluya un anexo sobre el rol del gobierno canadiense en Honduras durante y desde el golpe con respaldo militar de 2009. Se tendría que asegurar una amplia participación ciudadana a los trabajos de ese comité de investigación.

Instamos al gobierno canadiense a demostrar activamente su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la justicia y la seguridad protegiendo, a su vez, los derechos de los Pueblos Indígenas.

Above Ground
Alliance internationale des femmes/International Women’s Alliance (IWA)
Alternatives
Americas Policy Group (Canadian Council for International Co-operation)
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN)
BC CASA/Cafe Justicia
BC Government and Service Employees’ Union (BCGEU)
BC Teachers’ Federation (BCTF)
Canadian Union of Postal Workers/Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP)
Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté de l’UQAM
Cercle des Premières Nations de l’UQAM
Clayoquot Action
CoDevelopment Canada
Comité de Apoyo al Pueblo Mapuche de Montréal
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
Comité 8 mars des Femmes de diverses origines/ March 8 Committee Women of Diverse Origins
Cafe Rebelde Collective-Coast Salish Territories
Common Frontiers
Confédération des syndicats nationaux – CSN
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes
Council of Canadians
Développement et Paix/Development and Peace
Education In Action, Ottawa
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Friends of the Earth Canada
Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques de l’Université du Québec à Montréal (GREPIP-UQÀM)
Horizons of Friendship
Inter Pares
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
KAIROS Halifax
Lawyer Rights Watch Canada (LRWC)
L’Entraide missionnaire
Ligue internationale de lutte des peuples/International League of People’s Struggle (ILPS) in Canada
Maquila Solidarity Network (MSN)
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network
Mer et Monde
Mining Injustice Solidarity Network, Toronto
Mining Justice Action Committee, Victoria
Mining Justice Alliance, Vancouver
MiningWatch Canada
Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF)
People’s Health Movement Canada/Mouvement populaire pour la santé au Canada
Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC)
Public Service Alliance of Canada (PSAC)
Québec Solidaire
Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC)
Rights Action
Service jésuite des réfugiés/ Country Director Jesuit Refugee Service
Sierra Club BC
Solidarité Laurentides Amériques centrale (SLAM)
Stop The Institute, Vancouver
The United Church of Canada
Union of BC Indian Chiefs (UNBCIC)
Union Paysanne
United for Mining Justice
United Steelworkers
University of British Columbia (UBC) Social Justice Centre
Victoria Central America Support Committee