El 14 de diciembre de 2022
En Yves Engler
Muchos peruanos han salido a la calle para oponerse a la destitución del presidente electo Pedro Castillo la semana pasada. Ottawa ha apoyado la destitución del ex-profesor y líder sindical cuyo gobierno se retiró del Grupo de Lima, respaldado por Canadá.
Los manifestantes han bloqueado importantes carreteras y han tomado el aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país. Hay huelgas en todo el país.
Para reprimir el levantamiento popular, las fuerzas de seguridad han matado al menos a seis manifestantes en los dos últimos días. Decenas más han resultado heridos y el gobierno ha declarado el estado de emergencia en muchas zonas del país. El ejército ha sido enviado a proteger las infraestructuras, y Kawsachun News ha publicado un inquietante vídeo en el que un jefe de policía de Andahuaylas, foco de resistencia indígena, exalta a sus fuerzas declarando « matar o morir ».
El primer presidente de izquierdas de Perú fue destituido y encarcelado el 7 de diciembre. Desde su elección hace 18 meses, Castillo ha sido atacado por los medios de comunicación, la élite empresarial y el Congreso. Su oponente de derechas se negó a reconocer su victoria electoral y el Congreso ha intentado en repetidas ocasiones destituirlo.
En parte como consecuencia de ello, Castillo ha sido en gran medida ineficaz a la hora de llevar a cabo su programa de reducción de las grandes desigualdades del país. El intento del presidente de disolver el Congreso como reacción a su destitución fue mal planeado y constitucionalmente cuestionable.
Aunque Washington ha respaldado la destitución de Castillo, al menos ocho países de la región no lo han hecho. Enfadado con su gobierno por haber calificado al Grupo de Lima antivenezolano como « lo más desastroso que hemos hecho en política internacional en la historia del Perú », Ottawa ha respaldado la destitución de Castillo. En una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos celebrada poco después de la detención de Castillo, el representante de Canadá señaló : « Canadá desea expresar su profunda preocupación por el intento del presidente Castillo de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción en Perú. Tales acciones desestabilizadoras van directamente en contra de la recomendación del grupo de alto nivel de la OEA y corren el riesgo de poner en peligro la adhesión de Perú a las normas democráticas. » Según Ottawa, la destitución del presidente electo fue un paso adelante para la democracia.
Global Affairs Canada se hizo eco de esta postura en un tuit. El lunes, el embajador de Canadá en Perú, Louis Marcotte, respondió a la muerte por las fuerzas de seguridad de varios manifestantes, entre ellos dos adolescentes, tuiteando : « En vista de los últimos acontecimientos en Perú, Canadá hace un llamamiento a la calma e invita a todos los actores a evitar la escalada de tensiones a través del diálogo civil y democrático. El derecho de reunión pacífica debe ser respetado y protegido ».
Mientras que Canadá ha culpado en gran medida a Castillo de la crisis política, Colombia, México, Bolivia y Argentina hicieron pública una declaración colectiva en la que lo califican de « víctima de un acoso antidemocrático » : « Nuestros gobiernos llaman a todos los actores involucrados en el proceso anterior a priorizar la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. »
Canadá ha respaldado en repetidas ocasiones la destitución de políticos electos. En un « autogolpe », el presidente peruano Alberto Fujimori desplegó al ejército para asegurar el Congreso, los medios de comunicación, la sede del partido y las calles de Lima en 1992. En aquel caso, Canadá se negó a condenar el golpe del presidente neoliberal peruano contra el Congreso electo.
El paralelismo más cercano a la situación actual puede ser el apoyo de Canadá a los golpes parlamentarios contra la presidenta socialdemócrata brasileña Dilma Rouseff en 2016 y el presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012. Ottawa respaldó pasivamente esas destituciones, que se vieron envueltas en maniobras jurídicamente cuestionables.
En lugar de ponerse del lado de Estados Unidos, Ottawa debería denunciar enérgicamente la represión policial en Perú, pedir la liberación de Castillo y su regreso a la presidencia (o elecciones inmediatas). Con el aumento de las protestas, el pueblo aún puede revertir este golpe.
