En Panamá, la situación por el COVID 19 se agrava, no solo por la crisis de salud sino por la crisis económica que enfrenta miles de familias de escasos recursos.
Las medidas sanitarias implementada por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID 19, como es la cuarentena o resguardo, ha generado un impacto en la sostenibilidad de las familias. Además del desempleo, muchas dependen del trabajo informal, cuyo ingresos bajos solo abarca el alimento diario.
Sin embargo, el gobierno implementó el plan “Panamá Solidario”, con una partida inicial de $50 millones, producto de la declaratoria de Estado de Emergencia, pero el mismo a través de bolsas de comida y bonos solidarios, no coinciden con la verdadera realidad en necesidades básica como agua y comida. La cual ha motiva a distintos sectores o barrios populares salir a protestar en la ciudad capital, y provincias como Panamá Oeste, Colón, Chiriquí entre otros lugares del país.
Es importante señalar, que debido a la escasez de alimento, ha hecho que algunas personas recurran al hurto pecuario en el interior del país. Que además de representar un delito, representa la desesperación de la personas por optar por comida. Ya que la mala distribución y manejo politiquero ha hecho que la ayuda solidaria no llegue a muchas familias.
El panorama panameño, deja en evidencia, la deficiente administración de los recursos del estado. Que en las últimas semana han surgido escándalos de corrupción por los sobrecostos en la compra de equipo de salud e implementos para mitigar el COVID 19.
Mariela Arce de la Red de Derechos Humanos de Panamá, nos comparte un balance sobre la situación que enfrente los ciudadanos ante la crisis de salud y social en Panamá.
Los día transcurren, con aumento de casos positivos por COVID 19, fallecidos y pocos recuperados. También como las inexplicables situaciones que viven algunos pacientes y familiares. Tal es el caso de un trabajador de Minera Panamá fallecido. Preocupante también, ha sido las cárceles y centros de rehabilitación, en donde las condiciones son mínimas. Y el riesgo por doquier puede generar consecuencias para los privados de libertad en hacinamiento. Tal es el caso del Centro Femenino de Rehabilitación, Cecilia Orillac de Chiari.
Otros de los aspectos de las acciones populares, es el uso de las herramientas como el celular y la redes sociales, que han ayudado a visibilizar las denuncias, que poco cubren los medios convencionales, y que cada día más sectores sociales se unen a gritos de hambre y justicia.
Por: Olmedo Carrasquilla II. Radio Temblor Internacional
Fuente y foto : www.radiotemblor.org
