Publicado por Darío Aranda, Tierra Viva, el 22 de junio 2023
«A más extractivismo, menos democracia», resume el sentir de territorios sacudidos por el modelo minero, petrolero, forestal y del agronegocio. Así como Jujuy estalló con movilizaciones y represión, otros pueblos son violentados cotidianamente y el progresismo —y sectores de DDHH— miran para otro lado. No hay grieta para el extractivismo y se impone con violencia.
Represión para extraer el litio de los territorios del pueblo kolla y atacama.
Violencia para explotar Vaca Muerta en territorio mapuche.
Judicialización para desalojar y fumigar con agrotóxicos a familias campesinas y poblaciones invadidas por el agronegocio.
Es el ADN del extractivismo: represión, violación de derechos, contaminación, falta de democracia real.
Los violentos hechos del gobierno de Jujuy son un capítulo más en cómo se impone el extractivismo sobre las comunidades indígenas y campesinos (aunque no solo en esos lugares). El poder económico y político —junto con sus aliados judiciales y mediáticos— intenta arrebatar los territorios indígenas para entregarlos a las empresas mineras, petroleras, forestales y del agronegocio.
Desde el peronismo gobernante se argumenta, intentando retener votos y aparatos estatales, que los hechos de Jujuy son un ensayo de los que será un próximo gobierno de Juntos por el Cambio (ya sea con Larreta o con Bullrich). Desde los territorios sometidos al extractivismo, y desde los pueblos que sufren represiones cotidianas, se puede leer que Jujuy es un botón más de muestra de lo que —en distintas intensidades— ya sucede en los territorios, tanto con gobiernos peronistas como con radicales.
Un reclamo antiguo ante oídos siempre sordos
Desde hace más de diez años que las comunidades del Pueblo Kolla y Atacama denuncian (incluso con audiencia en la Corte Suprema) la vulneración de derechos de la minería del litio en Jujuy y Salta.
Los pesares indígenas, y sus reclamos, son tan antiguos como la historia del continente. El pasado de Jujuy es abundante en luchas indígenas. Un hecho importante, no el primero, sucedió en 1946, durante el primer gobierno peronista, cuando un centenar de indígenas marchó caminando desde Jujuy hasta Plaza de Mayo en reclamo de territorios. El hecho, inédito, quedó en la historia como el “Malón de la Paz”. Fueron casi dos meses de caminata para gritar en Buenos Aires una deuda silenciada: las tierras de los originarios. No tuvieron respuesta.
Seis décadas después, otra marcha, ante otro peronismo (Cristina Fernández de Kirchner en la Nación, y Eduardo Fellner en la Provincia), pero con el mismo reclamo: 120 comunidades realizaron el «Segundo Malón de la Paz». Caminaron, en reclamo de sus tierras, desde los distintos departamentos de la provincia hacia Purmamarca.
La misma ciudad donde se reunieron el pasado sábado 17 y sufrieron cuatro represiones en un día. La misma provincia que ya bautizó, a esta lucha indígena, como el «Tercer Malón de la Paz». Donde la bandera de lucha fue «abajo la reforma, arriba las Whipalas».
Jujuy es un reflejo de lo que sucede en todo el país. Los pueblos indígenas defienden sus territorios, sus lugares de vida, y gobiernos y empresas se unen para intentar someterlos con migajas o, de ser necesario, desalojarlos con violencia.
Para los abanderados de la «seguridad jurídica» es necesario recordar que los pueblos indígenas cuentan con frondosa legislación que protege sus derechos y que obliga a los Estados (nacional, provincial y municipal) a consultar y obtener el consentimiento de las comunidades afectadas. Ese derecho básico, que en Argentina no se cumple, está escrito en leyes provinciales, la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos que el país adhirió.
Jujuy fue Neuquén
La represión duró más de cinco horas. En las calles: docentes, pueblos indígenas, estudiantes, trabajadores. Del otro lado, policías disparando a mansalva. Una represión sin fin. ¿Es lo sucedido en Jujuy en 2023? No. Se trató de Neuquén en 2013. Cuando la Legislatura provincial se aprestaba, en total sintonía con el gobierno nacional, a votar una ley a libro cerrado para permitir que Chevron e YPF comiencen con el fracking en Vaca Muerta.
El progresismo kirchnerista, y sus medios aliados, no alzaron la voz. Al contrario, justificaron la represión.
En mayo de 2013 también hubo represión en Famatina (La Rioja). El gobierno de Luis Beder Herrera descargó balas de goma y gases lacrimógenos contra asambleístas en rechazo a la megaminería. Una decena de detenidos y siete hospitalizados.
Andalgalá acumula media docena de feroces represiones desde que llegó la megaminería. En abril de 2021, Poder Judicial mediante, se produjo una cacería en la ciudad. Rompieron puertas, golpearon a hombres y mujeres, y se llevaron sin causa a doce asambleístas que rechazan activamente el extractivismo y, al mismo tiempo, protegen las fuentes de agua de Catamarca, provincia gobernada desde hace doce años por el peronismo.
En diciembre de 2021, en Chubut, la policía de Mariano Arcioni (aliado de Sergio Massa) reprimió durante horas la pueblada conocida como chubutazo, que hizo retroceder al gobernador y volvió a frenar la megaminería.
Ni en Catamarca ni en Chubut estuvo presente el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti (que sí estuvo en Jujuy). El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que alguna vez tomó la bandera de los derechos humanos, tampoco apareció en los lugares donde el extractivismo viola derechos. La mayor preocupación de Cabandié, en un país atravesado por el extractivismo, es el reciclado de plásticos y pasearse por cumbres internacionales.
Pero no se trata de solo funcionarios. El «progresismo» urbano (no solo porteño) elige con qué represiones indignarse y en cuáles mirar para otro lado. Se indignan con Jujuy y miran para otro lado en Catamarca, Chubut, Chaco, La Rioja y tantas otras provincias feudales.
Feudos, democracias y dictaduras
La búsqueda del poder sin límites de Gerardo Morales, y el menosprecio a las comunidades indígenas, no es característica única del radicalismo jujeño. Formosa, con Gildo Insfrán, es un emblema de gobierno feudal y sometimiento a los sectores populares, en general, y a los pueblos indígenas, en particular. Pero, para los medios y periodistas oficialistas, Insfrán no amerita críticas.
El litio, ese mineral para la falsa transición energética, es uno de los factores detrás de la reforma constitucional de Jujuy y botín preciado por la obtención de dólares.
También hay litio en Catamarca. Allí funciona la primer megaminera (la multinacional FMC Corporation, bajo el nombre de Minera del Altiplano) que explota ese mineral y esos salares. Y, desde hace décadas, los pueblos indígenas ya padecen ese extractivismo. La comunidad Atacameños del Altiplano denuncia desde hace años el accionar de las mineras y de los gobiernos locales. Existen pruebas contundentes de su impacto ambiental: secó el río Trapiche. Y ahora avanza sobre el río Los Patos. «¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio», remarca el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián.
No son los únicos afectados. La población de Fiambalá, dedicada al turismo y el agro, sufre la avanzada del litio con la multinacional china Zijing Mining, alentada por el gobernador Raúl Jalil y el presidente Alberto Fernández.
«Dictadura minera», es el término acuñado en Catamarca y San Juan por el accionar represivo y cotidiano del modelo extractivo, donde los gobiernos son los mejores lobistas y guardianes de las empresas.
Incomprensible que sectores sociales que se dicen alejados de la derecha y que marchan los 24 de marzo, insistan con desarrollar más el extractivismo. Una clara muestra en Juan Grabois, que algunos señalan como «lo más a la izquierda» que puede estar el kirchnerismo. Grabois promociona reiteradamente la explotación de litio con mayor participación del Estado (en sintonía con los dichos de Cristina Fernández de Kirchner el 25 de mayo en Plaza de Mayo). Le respondieron desde la organización socioambiental Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará): «Hablan de derechos humanos pero reprimen detrás de cámara. Hablan de luchar por los pobres pero se besan con los ricos. Hablan de soberanía pero destruyen a las naciones indígenas. Por suerte, al frente de todos los que sostienen este saqueo, están los que resisten en los territorios».
Jujuy no es, como argumenta el peronismo, un globo de ensayo del futuro. El futuro llegó hace rato: gobiernos y empresas que explotan la naturaleza. Y los pueblos indígenas que protegen sus territorios y la vida.
