Un total de 383 comunidades, pertenecientes a 16 pueblos indígenas, están en peligro debido a la vigencia de la Ley N° 30723 que fue promulgada por el Congreso en 2018. Esta norma prioriza la construcción de carreteras en Ucayali y pone en peligro las áreas naturales reservadas de la zona y a las mismas comunidades.
Esta ley fue promulgada sin haber sido consultada con los pueblos indígenas afectados, ni con las opiniones de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónico y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso; el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; el SERNAMP, los ministerios de Ambiente y de Salud; ni con la Defensoría del Pueblo.
La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) presentó una solicitud a la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, denunciando que Perú no estaba respetando las legislaciones que protegen el medio ambiente.
Tras dos años de investigación, la mencionada Secretaría determinó que «El Congreso de la República no sometió el proyecto de ley a una evaluación sobre su potencial afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios». Es decir, el Poder Legislativo no respetó el derecho a consulta previa.
Además, la resolución señala que «el Reglamento del Congreso no establece mecanismos para la implementación de la Ley de Consulta Previa durante el procedimiento legislativo».
Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), alertó que la ley aún sigue vigente y que están en peligro tres parques nacionales (Alto Purús, Cordillera Azul, Sierra del Divisor,) dos Reservas Comunales (Purús y El Sira), un Área de Conservación Regional (Imiria), tres reservas indígenas (Murunahua, Isconahua, Mashco Piro) y una reserva territorial para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial (Kugapakori Nahua, Nanti).
A pesar de eso, la ley continúa vigente. Las comunidades nativas continúan demandando ser escuchada por las autoridades para que se respeten y protejan sus derechos.
Fuente: Resumen Latinoamericano
