Perú: presidente objeta ley de consulta indígena
Redacción
BBC Mundo
El presidente de Perú, Alan García, se negó a firmar una ley que daría más poder a los indígenas del Amazonas y de los Andes para frenar projectos petroleros, mineros o de infraestructura en sus tierras.
La ley había sido aprobada por el Congreso, pero García señaló que no podía permitir que las comunidades indígenas detuvieran el
desarrollo económico que beneficiaría a todos los peruanos.
El año pasado, en la norteña provincia de Bagua, murieron 34 personas, 25 de ellas policías, tras meses de tensión entre comunidades indígenas y el gobierno peruano, enfrentados por una serie de leyes que afectaban directamente a la Amazonía.
Según reporta la agencia Reuters, poco antes del cierre de la actual sesión legislativa, el ejecutivo envió una serie de observaciones a la ley que había sido aprobada en mayo por el Congreso.
García dijo que la ley no descartaba la posibilidad de que grupos indígenas pudieran vetar projectos de infraestructura como la construcción de carreteras y presas.
El corresponsal de la BBC en Lima Dan Collyns comenta que García tomó la decisión cuando persisten las tensiones sobre los violentos enfrentamientos de Bagua.
Grupos indígenas aseguran no haber recibido ningún tipo de beneficios del reciente ímpetu por desarrollar las reservas naturales de Perú, y dicen temer que sus tradicionales formas de vida puedan ser destruidas.
Críticas
Las críticas a la decisión presidencial no tardaron en llegar.
El legislador Edgard Reymundo, del opositor Bloque Popular, dijo que el gobierno «mantiene una posición terca de no comprender ni respetar el derecho de las comunidades indígenas, de que éstas deben dar un consentimiento respecto a cualquier propuesta administrativa o legislativa que haga el estado en relación a sus derechos», según citó Reuters.
Collyns explica desde Lima que la decisión de Alan García de regresar la ley al Congreso ocurre días antes de que los congresistas comiencen sus dos meses de receso, a finales de esta semana.
Grupos en defensa de los derechos humanos expresaron que con la aprobación de la ley Perú no estaba sino cumpliendo con los tratados de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), que han sido ratificados por el país.
Pero García, si bien defendió el hecho de que se consulte a los nativos, afirmó que ello no puede significar que tengan derecho a veto ni que tampoco se contemple dentro de esa ley a las comunidades campesinas.
«La ley que se ha aprobado en el Parlamento va más allá del Convenio 169 porque no sólo trata a las comunidades nativas de la Amazonía sino que ha extendido el concepto a las comunidades campesinas», dijo García a periodistas.
«Ahora resulta que para hacer una carretera o para que pase un gasoducto tan importante, si es que en la reunión de los comuneros deciden que no pase, no hay gasoducto, y se quedó sin luz o gas Lima, por ejemplo», agregó.
«Perú es para todos los peruanos y para que funcione la democracia no podemos imponer límites a futuras legislaciones o gobiernos», agregó García.
Crucial ley
La explotación de la riqueza natural de Perú suele despertar el rechazo de comunidades que temen afecten el medioambiente y demandan una mayor tajada de los beneficios de las empresas.
El país andino es un importante productor mundial de metales y busca posicionarse como un jugador energético clave.
Como indica el corresponsal de la BBC, la gran demanda de materias primas de China ha hecho de Perú una de las economías que ha registrado un mayor repunte en el mundo durante la década pasada.
Miles de millones de dólares han sido invertidos por compañías extranjeras en la minería, la industria del petróleo y del gas natural.
Pero las intenciones de Alan García para atraer la inversión extranjera han causado enormes fricciones sociales.
Las comunidades pobres del Amazonas y de las regiones montañosas de los Andes dicen que pocas veces son consultadas sobre los grandes proyectos en sus tierras ancestrales.
Además acusan al gobierno de que no reciben los beneficios de los miles de millones de dólares que Perú está obteniendo de la explotación de sus recursos naturales.
Para los críticos de García, la decisión de frenar esta ley significa que las oportunidades de resolver los conflictos sociales del país están cada vez más amenazadas.
