Hacemos un llamado a la solidaridad internacional para que la comunidad chilena en el extranjero y sus organizaciones y colectivos, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, desde el ámbito sindical, académico, militante y personas a título individual adhieran a esta petición para exigir la liberación de todas las prisioneras y prisioneros políticos en Chile. Exigimos que el Senado chileno tramite y apruebe con suma urgencia del proyecto de ley de indulto por razones humanitarias. Este indulto beneficiaría “a las personas imputadas o condenadas, por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales”. Este proyecto de ley fue propuesto en diciembre del año 2020. Sin embargo, no ha sido tratado con la diligencia esperada pasando por diversas comisiones de evaluación.
Reprochamos y denunciamos la represión policial y militar y la criminalización de la protesta social, tanto como la persecución político-penal del Estado chileno contra quienes reivindican sus territorios y derechos ancestrales y exigen el derecho a una vida digna. Las violaciones a los derechos humanos en Chile han sido sistemáticas en contra del pueblo Nación-Mapuche en su conflicto con el Estado chileno y han asumido el mismo carácter contra el pueblo chileno tras el estallido social del 2019.
Diversas misiones internacionales de observación de derechos humanos presentes en Chile[i] han documentado vastamente la vulneración al derecho de la protesta, a la vida y a la integridad personal. Sin embargo, esta situación no es nueva, como lo demuestran las recomendaciones realizadas al Estado de Chile en el curso de las últimas décadas sobre la utilización excesiva de la fuerza, la ausencia de un mecanismo de prevención de la tortura y la abstención de la aplicación de la ley antiterrorista contra los procesos de reivindicación de los derechos del pueblo mapuche[ii]. El 2 de febrero de 2021, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile denunció que las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado no han cesado durante el año 2020 y que aún las recomendaciones más básicas no se han implementado de manera íntegra. El uso masivo de la detención ilegal, los casos de violencia sexual, de lesiones oculares, mutilaciones y lesiones causadas por disparos de fusiles de parte de Carabineros (policía) no han cesado.
Es en este contexto que el uso de la prisión política ha sido otra de las herramientas para socavar la protesta social en el país. Si bien se ha hablado de una cifra (no oficial) de 2500 prisioneras y prisioneros políticos, no existe un catastro de parte de las instituciones del Estado. Al contrario, ha existido una negación del gobierno de Sebastián Piñera de la prisión política. Actualmente se vive en Chile un proceso constituyente para cambiar la Constitución heredada de la dictadura. A más de un año y medio de prisión política, manifestamos nuestro apoyo con las movilizaciones en el país que han mantenido la presión en el marco de este proceso sobre la urgencia de la aprobación del indulto general para las prisioneras y prisioneros políticos y sobre la persecución y represión hacia el pueblo mapuche.
Denunciamos el uso indiscriminado y extensivo de la prisión preventiva a las personas que han sido detenidas en el marco de las masivas protestas sociales. Reprobamos la negación a la justicia, la falta de presunción de inocencia y las leyes que se han implementado para incrementar la criminalización de la protesta y la persecución política, como la ley anti-barricadas y anti-saqueo.
Llamamos la atención sobre la represión histórica de parte del Estado de Chile contra el pueblo mapuche frente a sus reivindicaciones de sus territorios ancestrales. La prisión política para el pueblo Nación-Mapuche existe desde hace décadas. “Desde los años 2000, la Ley Antiterrorista se utilizó como medio principal de criminalización de la protesta social Mapuche por lo cual el Estado de Chile fue condenado en el 2014 por la CIDH”[iii]. Además, “el alto índice de absoluciones obtenidas en los procesos judiciales por Ley Antiterrorista evidencia su utilización discrecional y política como herramienta de criminalización”[iv]. Exigimos la desmilitarización del territorio mapuche que mantiene a las fuerzas militares en la región de la Araucanía.
Para mayor información sobre la situación actual de las prisioneras y prisioneros políticos, a más de un año y medio de prisión política:
Durante el año 2020, comenzaron los procesos judiciales de las prisioneras y prisioneros políticos de la revuelta – en su gran mayoría personas sin antecedentes penales, jóvenes y menores de edad. Algunas personas fueron liberadas por falta de pruebas luego de meses a casi un año de tiempo en la cárcel. Esto significa que pasaron alrededor o más de un año en la cárcel para luego ser declaradas inocentes de los delitos que se les imputan. Esta situación se mantiene al día de hoy. Existen prisioneras y prisioneros políticos condenados a penas de 3 a 5 años y algunas arriesgan una condena de más de 20 años. Los casos de prisioneras y prisioneros políticos que han sido condenados sólo con pruebas y testimonios de parte de Carabineros (policía) son numerosos. Las denuncias de montajes por parte de Carabineros (policía) son reiteradas, principalmente en casos ligados a prisioneros políticos mapuche tales como el caso Huracán. Se ha conocido también la situación de prisioneras y prisioneros políticos que han optado por “juicio abreviado” y se han declarado culpables con objeto de poder salir de la cárcel. Grupos de familiares de prisioneras y prisioneros políticos, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil han denunciado la ausencia de debido proceso judicial, la falta de imparcialidad de parte del Ministerio público y la falta de investigación. El gobierno de Sebastián Piñera ha buscado incluso condenar a personas bajo la Ley de seguridad interior del Estado para aumentar la pena de prisión.
Diversas huelgas de hambre de prisioneras y prisioneros políticos de la revuelta y mapuche en diferentes cárceles de Chile tuvieron lugar durante el año 2020 y 2021. Estas han tenido por fin de denunciar las irregularidades del proceso judicial, la utilización masiva de la prisión preventiva y las situaciones de tortura vividas en la cárcel. La situación carcelaria en Chile es una de las más críticas en América Latina y el mundo ya que posee una de las tasas más altas de población privada de libertad. Esto deja entrever las pésimas condiciones en las cuales están las prisioneras y prisioneros políticos. Esto implica condiciones degradantes de encierro y se han agravado en el contexto del COVID-19 (no derecho a visitas durante más de un año, casos de contagio por covid-19, ausencia de acceso a la salud, etc). Ligado al uso extensivo de la prisión preventiva ha sido el arresto domiciliario y la presencia policial diaria en los hogares de las prisioneras y prisioneros políticos lo que tiene un fuerte impacto en el entorno familiar.
Firma la petición internacional para exigir la liberación de todas las prisioneras y prisioneros políticos en Chile:
→ Para firmas de organización, grupo o colectivo.
Organizada en colaboración con:
Comité Chileno por los Derechos Humanos – Montréal
Colectivo Place de la Dignité – Montréal y Ottawa
Chile Despertó Internacional – Québec
Colectivo No + Impunidad en Chile – Montréal
Le Droit de vivre en paix Montréal / El Derecho de vivir en paz Montreal
