Neiva, Huila, Colombia, abril 12 de 2009
Referencia: Solicitud de elaboración de un informe de riesgo y declaración de la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de los habitantes del Departamento del Huila Colombia y, en particular, de la población residente en la zona de El Quimbo.
Plataforma Sur de Organizaciones Sociales -espacio de articulación de organizaciones sociales que comparten la necesidad de construir una agenda desde la Región Sur de Colombia- NIT 900272690-3 con domicilio en la ciudad de Neiva, Carrera 5 Número 8-86 Oficina 208, en forma respetuosa, se dirige a Ustedes para poner en su conocimiento los graves impactos sociales, económicos y ambientales de construirse la Hidroeléctrica El Quimbo y la posible afectación de los derechos humanos de los habitantes de no declararse la alerta temprana tendiente a su protección debido a la decisión gubernamental de dar pronto inicio a la operación del batallón especial energético N° 12 en La Jagua con ‘1200 hombres equipados con tecnología de punta’, a un costo de 142 mil millones de pesos, (US$57 millones aproximadamente), según fuentes periodísticas, con el propósito de garantizar la seguridad del Megaproyecto Hidroeléctrico de Endesa Emgesa.
HECHOS
El Gobierno Nacional de Colombia, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- del 2008, definió la construcción de varias Hidroeléctricas en diferentes lugares del país y al mismo tiempo determinó el sistema de financiación. Autorizó por tiempo indefinido a la Empresa Emgesa, filial de la multinacional española-chilena Endesa, para que con sus recursos propios y para su único y exclusivo beneficio, construya la central hidroeléctrica El Quimbo, que estará localizada en el sitio geográfico encañonado denominado «El Quimbo», a 1.300 metros, aguas arriba, de la desembocadura del Río Páez sobre el Río Magdalena, al sur del embalse de Betania, en jurisdicción de los Municipios de Gigante, Garzón, El Agrado y Altamira del Departamento del Huila, Colombia.
El proyecto de la hidroeléctrica El Quimbo fue negociado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe en bolsa, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática. La obra es la primera que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad, que significa que a Emgesa se le garantiza «un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión», según la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
La construcción de la obra está calculada en 700 millones de dólares y tendrá capacidad para generar 400 megavatios, el 5% de la demanda eléctrica del país, cifra que representará para la fecha de su inauguración, en 2014, exactamente el excedente de electricidad que el Sistema Eléctrico Nacional estará produciendo cuando entren en servicio las hidroeléctricas de Pescadero, Porce IV, Hidrosogamoso, Cucuana en el Tolima, Urrá II.
La venta del futuro Quimbo fue hecha en junio de 2008 y la opinión pública del Huila la fue conociendo poco a poco, casi de una manera secreta. La razón: la hidroeléctrica tendría la exclusiva función de producir energía para la exportación a Ecuador, Centroamérica Plan Puebla-Panamá y el Caribe -Santo Domingo y Puerto Rico.
El embalse tendría una longitud de 55 kilómetros al nivel máximo normal de operación (cota 720 msnm), un ancho máximo de 4 km y un ancho promedio de 1,4 km. El área de inundación sería de 8.586 hectáreas: 5.300 están en producción y 2.000 de ellas son tierras de antiguos parceleros del Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria, en el pasado) producto de la reforma agraria de los años sesenta-setenta del siglo anterior
La construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, tendrá un impacto drástico, profundo e irreversible y representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de Emgesa.
- Inundación de cultivos permanentes y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), de más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones ganaderas.
- Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales.
- Desplazamiento de 427 familias y viviendas con residencia permanente.
- Desplazamiento de 1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo.
- Afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor de 32.000 millones de pesos anuales (750 predios)
- Pérdida permanente de jornales de trabajo.
- Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental.
- Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupe la represa y sobre su zona de influencia.
- Desintegración de 8 empresas comunitarias en plena producción (40 años de antigüedad).
- Inundación de 842 hectáreas del bosque ripario, ecosistema sensible único.
- El embalse, por elevación del nivel del agua, deja fuera de servicio puentes de vías troncales de primer orden, como el de El Balseadero y el de La Jagua e incomunicados, por la ruta actual en servicio, a varios municipios y localidades. Incomunica territorios entre sí, y áreas de fincas y a éstas con las vías actuales. El Estudio de Impacto Ambiental, que presentó Emgesa, para obtener la Licencia Ambiental, hace referencia en forma muy genérica a esos problemas, sin analizar los costos permanentes para los usuarios afectados, al menos por el periodo útil previsto, ni definir el tipo y alcance legal de la obligación que asume.
Además, el represamiento del agua para la producción alimentaria implica:
- Afectación de la producción de bienes de consumo local y regional como cacao, arroz, sorgo, maíz y plátano.
- Disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria local en el PIB regional (El municipio de El Agrado, perdería 30%)
- La destrucción de experiencias históricas significativas de los procesos de reforma agraria existentes en el país (caso La Escalereta).
- La desarticulación de tejidos sociales con tradiciones históricas que tienen orígenes prehispánicos.
Sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, «los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo». Con esta autorización Emgesa podrá reclamar «la expropiación e impondrá las servidumbres que sean necesarias» en caso que los titulares de los bienes se nieguen a vender. Este proceso no fue debidamente consultado ni acordado previamente con los implicados, generando desconcierto y malestar dentro de las comunidades directamente afectadas y en la comunidad regional en general, teniendo en cuenta que no se les ha permitido conocer los graves impactos sociales, económicos, ecológicos y sociojurídicos que produciría la realización del megaproyecto.
El origen de la obra, su naturaleza y el ejemplo de los daños causados -y nunca reparados- por la hidroeléctrica de Betania Huila de propiedad de Emgesa, ha creado un movimiento de resistencia, acompañado por Plataforma Sur, en defensa del territorio, las comunidades locales, el Río Magdalena, el agua, el Macizo Colombiano y la biodiversidad que ha convocado foros, mesas de discusión, debate en el Congreso de la República y participado en las discusiones convocadas por el Gobierno. Además, se han realizado diferentes manifestaciones tales como las del 12 de febrero, día de la audiencia, y la marcha de campesinos desde el municipio de Pital a Balseadero y en Neiva, el 5 de marzo, acompañados de estudiantes universitarios y de secundaria.
La Audiencia Ambiental sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, convocada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que tuvo lugar el pasado 12 de febrero en el Municipio de Gigante, confirmó que este proyecto no es viable por los efectos negativos de diverso orden que se han denunciado, particularmente, la severa afectación de la seguridad y soberanía alimentaria y la vulneración de los derechos humanos y derechos fundamentales de los pobladores de la región. La gran asistencia, más de 1500 personas, es uno de los indicadores de la profunda preocupación que existe por la ejecución del proyecto, en especial en las comunidades directamente afectadas, como en las organizaciones sociales y ambientalistas. Han reconocido los delegados del Ministerio de Ambiente, que las voces de oposición al proyecto son mayoritarias y que sus argumentos son sólidos de manera que no pueden ignorarse.
La audiencia fue así mismo un espacio importante para que en presencia de los organismos de control y de los medios de comunicación, las comunidades manifestaran las graves denuncias como Emgesa viene adelantado obras sin tener licencia y presionando a los habitantes para que abandonen su tierras. El Ministerio del Medio Ambiente mediante Resolución 227 del 11 de febrero de 2009 formuló cargos a la compañía, presuntamente por haber iniciado obras sin la respectiva licencia ambiental.
La más elocuente de las respuestas a las críticas que los campesinos, académicos, organizaciones sociales, ambientalistas y algunos líderes políticos y religiosos del Huila hacen al proyecto, por afectar los ecosistemas e intereses nacionales y regionales, es el anuncio de la entrada en operación del batallón especial energético N° 12 en La Jagua Huila, zona de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, con el único propósito de garantizar la seguridad a la multinacional Endesa Emgesa.
El batallón energético en La Jagua -iniciativa del gobernador Jorge Sánchez- convertirá a la región-centro más pacífica del Huila en una de las zonas más militarizadas del territorio donde se generen graves riesgos de represión y persecución contra los opositores del proyecto y las comunidades inermes y se acentúe el conflicto armado interno que padecemos. Los estudios demuestran que los megaproyectos impuestos en el país contra la voluntad de los ciudadanos han sido generadores de violencia, despojo, persecución, desarraigo de las comunidades y muerte, como en los levantamientos de los indígenas por la defensa del territorio -más de 1200 asesinatos-, o lo que sucedió con la construcción de Urrá I.
La inversión de 142 mil millones de pesos de los recursos públicos de toda la Nación, más de lo que Emgesa ofrece como compensaciones por el control del agua y de parte de nuestro territorio, para garantizarle la seguridad al proyecto, equivale a reducir las inversiones en solucionar problemas de salud, educación, empleo, vivienda, entre otros y, a incrementar la rentabilidad de las multinacionales.
De igual manera, Emgesa, apelando al viejo expediente de corromper a las élites y sobornar a las comunidades, provocó la firma de un convenio secreto que hemos denominado acta de capitulaciones comprometiendo al Gobernador del Huila y a los alcaldes de la zona directamente afectada a actuar en contra de los intereses regionales y particularmente de la mayoría de los participantes en la audiencia pública quienes expresaron el rechazo al megaproyecto. La firma del vergonzoso convenio es uno de los requerimientos básicos exigido por el Ministerio de Ambiente a Emgesa para justificar el otorgamiento de la licencia bajo el supuesto de haberse logrado la concertación entre los diferentes actores sociales del Huila.
Las comunidades, de estas tierras de la Gaitana, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, del río Magdalena, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social razón por la cual ratificamos nuestro decidido compromiso con la comunidad local, regional, nacional e internacional por construir un mundo libre de los modernos dinosaurios.
SOLICITUD
Plataforma Sur de Organizaciones Sociales con fundamento en los anteriores hechos solicita a Ustedes y por su intermedio a todos los organismos Internacionales de Derechos Humanos la intervención inmediata para que se elabore un informe de riesgo y se declare la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de los huilenses y, en particular, de la población residente en la zona de El Quimbo. Así mismo para que se proteja a los miembros de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales por la posible vulneración de sus derechos como consecuencia de su trabajo de investigación y denuncia civil de los hechos que hemos puesto en su conocimiento.
Adjunto pruebas documentales: «Selección de textos sobre el problema de El Quimbo»
Información complementaria en:
Notificaciones:
Las recibimos en la sede de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales ubicada en la Carrera 5 Número 8-86 Oficina 208 Neiva Huila Colombia o en el domicilio ubicado en la Carrera 29 Número 15-38 Casa 9, teléfono 8774532 de esta ciudad.
Con respeto,
BELÉN ALARCÓN ALARCÓN MILLER ARMÍN DUSSÁN CALDERÓN
Representante Legal Directivo
