Exigir reconocimiento, garantías y protección a las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia
En Colombia sesenta años de conflicto armado y violencia han implicado que trabajar por la defensa de los Derechos Humanos, la restitución de tierras, la protección del medio ambiente, la implementación del Acuerdo de Paz, el pertenecer al movimiento sindical o a partidos de oposición, oponerse a mega proyectos mineros y agroindustriales; sean actividades que conllevan un alto riesgo para la vida de las defensoras y defensores. Históricamente son ellas y ellos quienes han vivido una constante estigmatización, persecución política y judicial ejercida por parte del Estado y sus instituciones, sumado a las amenazas, desplazamientos forzados, restricción de movimiento y asesinatos ejecutados por actores armados legales e ilegales.
Para quienes viven en los territorios rurales y ciudades secundarias de Colombia, el conflicto armado no ha cesado, las acciones de los paramilitares, las guerrillas, y el ejército siguen desmembrando el tejido social colombiano, terminando con los anhelos de paz de nuevas generaciones y creando nuevos espirales de violencia y muerte. Durante el año 2020 fueron asesinadas más de 300 personas líderes defensoras de derechos humanos, mientras, para lo corrido del 2021 ya han asesinado a más de 20. Esto es un claro ejemplo de la reactivación de la violencia, evidenciando que no basta un Acuerdo de paz, si un gobierno realmente no se compromete con la defensa de la vida y la justicia social.
Por todo esto, queremos invitarte a que te sumes a esta campaña de solidaridad internacional y así hacerle llegar un mensaje claro, fuerte y directo al gobierno nacional en Colombia, para exigir reconocimiento, garantías y protección para las defensoras y defensores de Derechos Humanos.
Firma aquí, y alza tu voz por la justicia social.
Leer la carta
Me dirijo a usted para expresar mi profunda preocupación por la compleja situación de seguridad que enfrentan las lideresas y líderes sociales, excombatientes firmantes de la paz y población civil colombiana en general. El año 2021 inició con masacres, asesinatos de defensoras/res, y la reactivación del conflicto en regiones que se consideraba irían camino a la construcción de una Paz estable tras el Acuerdo firmado entre el Estado y las FARC-EP.
El país presenta una coyuntura compleja caracterizada por el aumento de la violencia en varios departamentos y regiones. En estos territorios los actores armados se disputan el control de las rentas producto de actividades como la minería, el narcotráfico y la extorsión; colocando a poblaciones campesinas, mineras, indígenas, afros y demás población civil, bajo un estado de vulnerabilidad y alto riesgo de sufrir violaciones a sus Derechos Humanos. Asimismo, la lenta implementación de políticas públicas con enfoques diferenciales como el territorial o de género, mantiene a las poblaciones más afectadas por el conflicto en un ciclo de pobreza y falta de oportunidades, quedando a la merced de los intereses de los actores ilegales. En definitiva el escenario nacional muestra que el Estado colombiano aún está lejos de poder frenar el escalamiento de la violencia en el territorio nacional.
De esta realidad nacional no es ajeno el Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño, donde se ha intensificado la violencia y se sigue vulnerando al movimiento social, a las lideresas y líderes, a quienes defienden los Derechos Humanos y también, las comunidades campesinas y mineras, que se ven expuestas en medio de las dinámicas de violencia y enfrentamientos entre los actores armados y que a pesar de ello, siguen resistiendo pacíficamente en sus territorios.
Expuesto lo anterior, insto:
Al Gobierno Nacional y su Alto Comisionado para la Paz, dar cumplimiento al Acuerdo de Paz, y disponer su voluntad y sus esfuerzos en retomar los diálogos de con el ELN para priorizar una salida negociada a este conflicto y detener tan incesante sufrimiento en este país.
A las administraciones departamentales y locales a que cumplan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz por medio de planes y proyectos que permitan la construcción y consolidación de la paz en el territorio, a que implementen políticas públicas con enfoques territoriales y de género que generen prosperidad y justicia social, y así, garantizar efectivamente los Derechos Humanos en sus territorios.
Al Ministerio de Defensa Nacional para que realice seguimiento sobre la actuación de su Fuerza Pública en la garantía de los derechos de la población y el respeto por las normas de Derecho Internacional Humanitario.
A la Fiscalía General de la Nación, ente encargado de conocer y hacer seguimiento a los asesinatos de defensoras, defensores, líderes y lideresas, de esclarecer estos hechos y de perseguir a los responsables y autores.. La mayoría de estos actos quedan impunes,, sin justicia, sin verdad, y sin garantías reales y efectivas que aseguren la no repetición.
A la Procuraduría General de la Nación, para que haga un mejor seguimiento a las conductas de miembros de las Fuerza Pública y de más servidores públicos, cuyas acciones u omisiones pueden llegar a impactar de forma negativa en la seguridad de las defensoras y defensores y en la garantía de su ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos. Además, de monitorear procedimientos de judicialización irregulares que no respetan los debidos procesos, para garantizar la no violación de la ley y la dignidad de las personas.
A la Defensoría del Pueblo para que continúe acompañando los procesos sociales, emitiendo alertas tempranas y tomando las acciones necesarias para evitar que se continúen presentando hechos donde se ven violentados los Derechos Humanos.
A la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, asegurar una presencia integral del Estado, centrándose en la mejora de la calidad de vida en esos territorios a través de salud, educación, vías, programas de desarrollo rural y productivos para que se pueda proteger y materializar los derechos de la población de manera efectiva.
Al Ministerio del Interior a que brinde Garantías de protección para que el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos y la oposición política no le cueste la vida a quienes la defienden.
Concluyo esta carta exhortando a que como instituciones públicas sumen sus esfuerzos y asuman responsabilidades, pues sus acciones son fundamentales para alcanzar cambios que mejorarían la vida de comunidades afectadas por la violencia, al igual que el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos en Colombia.
Fuente carta y foto: CPT Action
