29 de enero 2009
Montreal, Québec, CANADÁ
Presidente Rafael Correa
Presidencia de la República del Ecuador
Rafael.CorreaDelgado@presidencia.gov.ec
presidencia@presidencia.gov.ec
Asunto: Preocupaciones por la seguridad de defensores de derechos humanos
Su Excelencia Presidente Rafael Correa,
El Comité por los derechos humanos en América latina, fundado en 1976 y basado en Montreal, Canadá, trabaja por el respecto de los derechos humanos en América latina. Por medio de esta carta, venimos ante usted manifestar nuestra gran preocupación por la detención y encarcelamiento de campesinos, ocurridos durante las protestas en contra de la minería a gran escala, efectuadas entre los días 5 y 21 de enero de 2009.
Diversas organizaciones de derechos humanos ecuatorianas, como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH), la Asociación Cristina de Jóvenes (ACJ), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), nos han informado que las poblaciones campesinas e indígenas que se oponen a la minería a gran escala, lo hacen en defensa de sus derechos económicos y sociales reconocidos por los tratados internacionales y por la Constitución ecuatoriana.
También tenemos conocimiento que la Asamblea Nacional Constituyente ha reconocido a estas poblaciones como defensoras de la naturaleza y los derechos humanos cuando el 15 de marzo de 2008 otorgó amnistías a cientos de líderes comunitarios de varias provincias del país como Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Manabí, Esmeraldas, Bolívar, Azuay, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos and Orellana.
Considerando que los pueblos indígenas del Ecuador sostienen no haber sido previamente consultados sobre la Ley de Minería aprobada por la actual administración, en acuerdo con las disposiciones de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estamos preocupados que los arrestos signifiquen violaciones a los artículos 12 y 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos (Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 53/144.), tipo de situación identificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de atentatoria a los principios democráticos del hemisferio americano:
«Otro aspecto de la mayor preocupación es la utilización de acciones legales contra las defensoras y defensores, tales como investigaciones o acciones penales o administrativas, cuando son instruidas con el objeto de acosarlos y desprestigiarlos. En algunos casos, los Estados utilizan tipos penales que restringen, limitan o coartan los medios utilizados por las defensoras y defensores para realizar sus actividades. ŠEn otros casos, lo que se hace es iniciar procesos judiciales de tipo penal sin fundamentos de prueba con el objeto de hostigar a los miembros de las organizaciones, quienes deben asumir la carga psicológica y económica de afrontar una acusación penal. … Estos procesos habitualmente comportan la imputación de los delitos de rebelión, atentado contra el orden público o la seguridad del Estado y la integración de grupos ilegales.» (Organización de los Estados Americanos, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser/L/V/II.124, 2006, párrafos 178-180.)
Por estas razones, y movido por el espíritu de solidaridad de los pueblos, es que venimos respetuosamente ante a Su Excelencia solicitarle que:
1. Revise de manera especial los procedimientos penales en contra de los defensores de los derechos humanos a la luz de lo identificado por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, especialmente los procedimientos de las siguientes personas: Vicente Zhunio Samaniego de la provincia de Morona Santiago (procesado por supuesto sabotaje en la Corte Superior de Macas); Miguel Criollo de la provincia del Azuay; Miguel de la Cruz la provincia del Azuay (procesado por supuesto terrorismo y atentado a la seguridad del Estado).
2. Examine las investigaciones fiscales en contra de los siguientes líderes sociales: Hernando Pereira, Ernesto Pereira, Wilmer Montenegro, Lenin Rosero y Lenin Alvear, José Esteban Cuascota Quilumbaquín, Gavino Cabascango Cabascango, José Juan Castillo Pujota, Francisco Farinango Ulcuango y Alfredo Cabascango.
3. Averigue, de manera urgente, las condiciones de salud e integridad personal de los indígenas Germán Naikiai, Giovanni Ullaguari, Kléver Lalbay, y Carlos Rumipuglla de la provincia de Zamora Chinchipe, detenidos el día 21 de enero del presente año.
