Publicado por Antonio José Paz Cardona, Mongabay, en 14 febrero 2024
En enero, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en el país y declaró “la guerra” al narcotráfico y la delincuencia. Aseguró que necesita financiación para cumplir el objetivo y dejó abierta la posibilidad de postergar, por lo menos por un año, la salida de la industria petrolera del Parque Yasuní.
Sectores indígenas, ambientales y de derechos humanos aseguran que el presidente no puede pasar por encima de los resultados de la consulta popular del 20 de agosto de 2023, se oponen a la moratoria y piden veeduría minuciosa por parte de la Corte Constitucional para que el gobierno cumpla con los resultados electorales.
La gran ola de violencia y delincuencia que se ha apoderado de Ecuador en los últimos meses le dio la bienvenida al presidente Daniel Noboa, quien ocupó el cargo a finales de noviembre de 2023, luego de ganar las elecciones anticipadas que se convocaron debido a “la muerte cruzada” de la Asamblea Nacional y el expresidente Guillermo Lasso. Al complicado panorama político de Noboa se sumó el inconformismo de sectores sociales, ambientales e indígenas luego de que, en una entrevista televisiva realizada el pasado 22 de enero, el presidente afirmó que una moratoria al cumplimiento de la consulta popular del Yasuní —en la que se ordenó el retiro de la industria petrolera del bloque ITT dentro del parque nacional— sería necesaria para, según él, ganar la guerra” contra la delincuencia y el narcotráfico que el país enfrenta en este momento.
“Creo que la moratoria es un camino viable, estamos en guerra, y nosotros ya hemos logrado parar lo que se había convertido en una avalancha de violencia y destrucción […] Es esencial que esto se acompañe también con incremento de ingresos, o con alguna forma de moratoria con la cual podamos mantener ciertos ingresos. Si no luchamos y financiamos, perdemos el país”, dijo Noboa. Cuando le preguntaron por cuánto tiempo estaría vigente esa moratoria, respondió que “tendría que hablar con los expertos, pero la moratoria tendría que ser, por lo menos, de un año adicional [hasta agosto de 2025]”.
El gobierno ecuatoriano tenía máximo hasta agosto de 2024 para retirar por completo sus operaciones en el bloque petrolero conocido como ITT, el cual integra tres campos: Ishpingo, Tambococha y Tiputini. Se trata de alrededor de 162 000 hectáreas, de las cuales 78 000 están dentro del Parque Nacional Yasuní. Además, no es posible otorgar nuevos contratos en la zona desde el mismo 20 de agosto de 2023, cuando el 59 % de los votantes del país decidió que las reservas de petróleo en esta zona permanezcan en el subsuelo de forma indefinida.
El anuncio realizado por Noboa causó tanta preocupación que el pasado 1 de febrero, la nacionalidad indígena waorani, que habita en la zona, declaró la emergencia territorial y exigió el respeto a la voluntad popular por la defensa del Yasuní. A ese mismo llamado de atención se han unido la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y el colectivo Yasunidos, una de las organizaciones que desde 2013 venía insistiendo en la realización de la consulta popular.
Explotar petróleo en un parque nacional para financiar la “guerra”
Aún no cumplía dos meses como presidente de Ecuador, cuando Daniel Noboa tuvo que recurrir al estado de excepción, que incluye un toque de queda durante dos meses. Los grandes detonantes de esta decisión fueron la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, considerado como el criminal más peligroso del país, y el incremento de motines en varias cárceles ecuatorianas.
Noboa comenzó la gestión de una consulta popular donde pretende preguntarle al país sobre asuntos como la extradición de ecuatorianos; el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional; el reconocimiento del arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión; permitir que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas autorizadas para el ingreso a los centros de rehabilitación social; que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros; entre otros temas que giran principalmente en torno a la seguridad.
Es en medio de ese contexto que el presidente asegura necesitar una moratoria a la consulta popular del Yasuní, para seguir obteniendo dinero proveniente del petróleo, que le permita financiar lo que él ha denominado una “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia.
Que el presidente pueda abrir esa posibilidad no cayó para nada bien entre los sectores indígena y ambiental, sobre todo porque el mismo Noboa aseguró que en la consulta popular votó por no continuar explotando crudo dentro del área protegida.
Territorio indígena y de pueblos en aislamiento voluntario
El pueblo indígena waorani, que tiene varias de sus comunidades dentro del Yasuní, se manifestó en una asamblea en la que rechazaron el anuncio del presidente y criticaron que aún se plantee depender de combustibles fósiles, cuando el planeta entero atraviesa una crisis climática global en la que es urgente tomar acciones a favor de la protección de la biodiversidad.
“Como pueblos originarios de este territorio ancestral no vamos a permitir que sigan vulnerando nuestros derechos. Después de tantos años de explotación, es hora de que tengamos justicia social y ambiental. Desde la NAWE [nacionalidad waorani del Ecuador] queremos el bienestar para nuestro pueblo waorani y eso incluye proteger uno de los territorios más diversos del planeta, el Yasuní”, asegura Juan Bay, presidente de la NAWE.
Bay también comenta que la nacionalidad waorani impulsará acciones legales contra el Estado ecuatoriano en instancias nacionales e internacionales para que “se respete la voluntad popular, conforme los derechos estipulados en la Constitución de nuestro país y tratados internacionales”.
Por su parte, Silvana Nihua, presidente de la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), dice que “como mujer waorani hago un llamado a todas las autoridades nacionales como internacionales, a tomar en cuenta al pueblo waorani para todas las acciones que se implementen en nuestros territorios y para que se respeten nuestros derechos colectivos. Seguiremos luchando juntos para que nuestra voz se respete y se escuche en todo el mundo”.
Los indígenas waorani no sólo son uno de los pueblos indígenas de contacto más reciente, sino que, en parte de su territorio y dentro del parque Yasuní habitan los Tagaeri y los Taromenane, los dos pueblos en aislamiento voluntario de Ecuador, “a los cuales el Estado no ha dado las mínimas garantías para su sobrevivencia”, menciona German Ahua, presidente de la Organización Nacional Waorani de Orellana (ONWO).
El colectivo Yasunidos, que durante más de 10 años buscó la aprobación constitucional para realizar la consulta popular, también se mostró preocupado por las declaraciones del presidente Noboa. Pedro Bermeo, vocero del colectivo, asegura que “no es decisión del presidente respetar o no la voluntad popular, pues el incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional [que dio un plazo de un año para terminar con las exploraciones y explotaciones petroleras en el Yasuní] trae consigo responsabilidades administrativas, civiles y penales”.
Abogados especialistas en temas ambientales y de derechos humanos también han manifestado su preocupación por la posible moratoria en el cumplimiento de la consulta popular del Yasuní. Vivian Idrovo, integrante de la Alianza por los Derechos Humanos, que agrupa a 14 organizaciones ecuatorianas, afirma que la moratoria significa sacrificar la democracia ecuatoriana. “La esperanza de quienes votaron por dejar el petróleo en el subsuelo y ganaron la consulta popular no puede ser una víctima más del crimen organizado en nuestro país. El primer mandatario está ahí para cumplir y hacer cumplir la Constitución y eso también significa respetar aquello que ya fue decidido por todos y todas en un legítimo proceso electoral”, indica.
Una consulta popular en riesgo desde el gobierno de Guillermo Lasso
El temor por el incumplimiento a la decisión que tomaron los ecuatorianos en la consulta popular no es algo nuevo. El 5 de septiembre de 2023, se filtró un audio en el que el expresidente Guillermo Lasso admitió que su gobierno estaba dilatando el cumplimiento de la consulta y donde calificó los resultados como un “suicidio” para el país.
“No es posible aplicar el Sí y vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible […] No queremos que termine la producción petrolera en el Yasuní, por el momento no vamos a suspender nada”, fue una de las polémicas frases pronunciadas por Lasso en el Palacio de Carondelet, cuando sostuvo una reunión con comunidades indígenas de las provincias de Orellana y Sucumbíos que se oponen al retiro de la industria petrolera.
El expresidente no dejó dudas en cuanto a su desacuerdo con los resultados de la consulta popular y dijo que le preocupaban los empleos que se perderán con el retiro de la industria petrolera y que no se midió el impacto de dar paso a una consulta popular con efectos tan grandes.
“Tenemos que ver la manera legal, política, de poder darle la vuelta a este punto de adversidad, donde ustedes [los indígenas que trabajan con la industria] son los principales afectados”, dijo Lasso. El asunto fue más allá, pues admitió que su gobierno iba a dilatar el cumplimiento de la decisión hasta donde fuera posible: “No queremos que termine la producción del bloque 43 [ITT] y no vamos a apurar ningún trámite, por ahora no”.
En ese momento, Pedro Bermeo le dijo a Mongabay Latam que sabían que se venía una nueva etapa, “la de defender la voluntad popular. Sabemos que será una etapa muy difícil”.
El posible incumplimiento de la consulta popular preocupaba tanto a las organizaciones indígenas, sociales y ambientales que Johana Romero, abogada asesora de Yasunidos, aseguró en septiembre de 2023 que “las acciones que pueda tomar el gobierno para el abandono del ITT generan dudas, por lo tanto se propone una veeduría para este tema y luego para el cumplimiento de las acciones de reparación de los pueblos en aislamiento voluntario [Tagaeri y Taromenane] y de las reparaciones a la naturaleza”.
Quienes se mostraron a favor de dejar el petróleo del Yasuní en el subsuelo aseguran que tienen que hacerle un intenso seguimiento al gobierno para que cumpla con la consulta popular.
La abogada Vivian Idrovo menciona que aplicar la moratoria es una amenaza a la seguridad jurídica de los territorios y de las comunidades “que ganan con mucha fuerza y mucho esfuerzo las acciones constitucionales. Los territorios y las comunidades están en peligro, justamente por este tipo de propuestas que son antidemocráticas”, asegura.
