El Estado colombiano ha tenido que responder ante la Corte Interamericana de derechos humanos por el genocidio de miles de militantes del partido político Unión Patriótica.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organizó hace dos semanas la audiencia por el genocidio de al menos 6.000 miembros del Partido Unión Patriótica (UP) en Colombia.
Durante 20 años, militantes de la UP fueron víctimas de asesinatos, masacres, tortura, desaparicion forzada, amenazas, hostigamientos, desplazamiento forzado, montajes judiciales y tentativas de homicidio, cometidos por agentes estatales y al margen de la ley.
La persecución inició meses después de su creación en 1985, tras un acuerdo de paz entre el expresidente Belisario Betancur y las (FARC-EP) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Más que un partido político, la UP nació como movimiento con la intención de consolidar, una apuesta política nueva, diferenciándose de las fuerzas políticas tradicionales, que materializaria la apertura democrática, la paz y la justicia social en todo el país.
Así lo narra Aida Avella sobreviviente del genocidio, exiliada, actual senadora y presidenta por la UP.
«Por primera vez un tercer partido político estaba compitiendo en las elecciones del parlamento. Participamos en las elecciones para la presidencia de la república, estuvo nuestro candidato Jaime pardo leal. Los parlamentarios que elegimos fueron asesinados, inmediatamente se posesionaron estaba siendo asesinado Leonardo Posada, a Pedro Nel Jimenez en el departamento del Meta. Posteriormente asesinarian a Pedro Luis Valencia y a él lo mataron delante de sus hijos.»
Para Jahel Quiroga, victima y militante de la UP, es evidente la falta de voluntad del Estado colombiano en el proceso de justicia y reparación en el genocidio.
«Queremos dimensionar la grave implicación que las pretensiones del Estado tiene. Que un genocidio de mas de 6000 victimas quede reducido en el papel a 175 sin sustento judicial alguno evidencia que el Estado se niega amparado en el continuo incumplimiento des sus obligaciones en materia de verdad y justicia para negar la magnitud del caso y sustraerse de toda su responasbilidad internacional. Consideramos inadmisible que a 28 años de presentada la petición el Estado pretenda reducir el caso a su mínima expresión.»
Para las víctimas, el inicio de la audiencia es un día muy importante e histórico. Como lo manifiesta Maria Cepeda victima por el asesinato de su padre, el senador de la UP Manuel Cepeda Vargas en 1994.
«Es muy importante el día de hoy porque después de 20 años de que la Unión Patriótica ha estado peleando por llegar a la verdad por fin se da la oportunidad de poder presentar el testimonio vivo acerca de lo que sucedió. Es importante decir que la verdad pasa por reconocer el genocio de la Unión Patriótica como un crimen de lesa humanidad y un crimen de Estado.»
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos de las y los militantes de la UP. Asimismo, recomienda el cumplimiento del Acuerdo de paz firmado en 2016, en lo que respecta a garantizar la No repetición de los delitos contra la UP y al esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Escuchen nuestro podcast Inicia juicio ante CIDH contra el Estado colombiano por caso de Unión Patriótica
Fuente foto: Confidencial Colombia
