Pronunciamiento público de las organizaciones sociales y populares salvadoreñas:
Extrema preocupación por los crímenes contra opositores a la minería en Cabañas
El asesinato de tres defensores del medioambiente en Cabañas revela la grave conflictividad minera y la impunidad reinante en este departamento, problemáticas que las autoridades estatales correspondientes deben resolver de
inmediato para evitar una situación peor.
Gustavo Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto Recinos – antes de ser asesinados- fueron víctimas de amenazas, persecuciones y atentados, debido a su oposición a los proyectos de la empresa canadiense Pacific Rim.
Esta compañía, junto a la estadounidense Commerce Group, ha demandado al Estado Salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), por negarle permisos de explotación minera. Cada una de ellas exigen indemnizaciones de 100 millones de dólares y el mecanismo legal
activado para los arbitrajes son los capítulos de Inversiones y de Solución de
Controversias del DR-CAFTA.
Crímenes como éstos no sucedían en Cabañas antes de la llegada de Pacific Rim, sino que surgieron cuando esta transnacional impulsó una estrategia de compra de voluntades, divisiones en las comunidades y promoción de actos violentos contra líderes comunitarios, activistas del medioambiente y representantes religiosos que rechazaron sus proyectos extractivos.
La actuación de esta minera canadiense coincide con el modus operandi de todas las compañías extractivas Ðque imponen sus proyectos y demandas a través de los métodos más oscuros- en la mayoría de países del mundo, razón por la cual algunas de ellas enfrentan procesos penales por violaciones a los derechos humanos. Un caso emblemático es el actual juicio contra la británica Monterrico Metals, en el Tribunal Supremo de Londres, por torturas y asesinatos de opositores a la minería de metales en el norte montañoso de Perú. En Guatemala,
Honduras y otros países de la región, donde se desarrollan proyectos de explotación minera, las compañías extractivas tienen comportamientos similares.
Sin embargo, las autoridades fiscales y policiales salvadoreñas se niegan a trazar líneas de investigación que incluyan a Pacific Rim Ðalcaldes, diputados, entre otros- en la lista de posibles autores intelectuales de los crímenes contra ambientalistas antimineros en Cabañas. Fiscalía y Policía insisten en que son delitos de delincuencia común, a pesar de tratarse de sicarios con un despliegue logístico y uso de armas de guerra impresionantes.
Si esta impunidad continúa, los crímenes contra ambientalistas opositores a los proyectos de minería metálica continuarán. En la lista de nuevos crímenes que manejan los sicarios destacan líderes comunitarios del cantón Trinidad de Sensuntepeque, representantes del Comité Ambiental de Cabañas y periodistas de Radio Victoria.
Esta amenaza eleva la preocupación de las organizaciones ecologistas, religiosas, sindicales, de derechos humanos, feministas y de desarrollo productivo que suscribimos este pronunciamiento público. De igual forma crece la alerta de la comunidad internacional que ya mira a El Salvador como el país donde asesinan a ambientalistas que rechazan la minería metálica, con el agravante de que esto sucede bajo el mandato del primer gobierno de izquierda.
Por lo antes expuesto, planteamos lo siguiente:
1. La grave situación de conflictividad minera e impunidad en Cabañas no es un problema sólo de los ambientalistas opositores a Pacific Rim, sino de todas las organizaciones populares que defendemos la vida digna, el medioambiente, los derechos humanos y la democracia; y los crímees contra estos compañeros y compañeras son también contra todos los salvadoreños y salvadoreñas que buscamos la paz y la continuidad de la existencia humana. Por lo tanto, el país entero debe movilizarse contra Pacific Rim y demás empresas transnacionales que atentan contra El Salvador.
2. El Presidente de la República debe concretar la prohibición definitiva de la exploración y explotación minera metálica, promoviendo en la Asamblea Legislativa una nueva Ley de Minería, porque su sola declaración pública de que no permitiró los proyectos mineros- es insuficiente, pues no tiene efecto jurdídico alguno y no define su política. Dicha normativa, propuesta en octubre de 2007 por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, provocaría la salida de las empresas mineras y Ðcon esto- se atacaría la raíz de la conflictividad en Cabañas. Al mismo tiempo se pondría al país a salvo de los graves daños ambientales, económicos, sociales e institucionales que causa la minería de metales. Mientras esta ley se aprueba, el îrgano Ejecutivo debe cancelar todas las licencias de exploración vigentes.
3. Es apremiante acabar con la impunidad que impera en Cabañas, investigando y castigando a todos los responsables Ðintelectuales y materialesÐ de los asesinatos de Gustavo Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez, Dora Alicia Sorto Recinos y su bebé de ocho meses de gestación; así como el asesinato de Felícita Henríquez, pobladora de Trinidad que acompañaba a Ramiro Rivera, y las amenazas y atentados contra ambientalistas, personal de Radio Victoria y religiosos de Cabañas. Todos estos casos deben ser objeto de una
investigación integral. También es urgente implementar medidas eficaces de seguridad en la zona,
para evitar más asesinatos. Para esto, es necesario que las máximas autoridades de seguridad ÐFiscal
General, Director de la Policía Nacional Civil, Ministro de Justicia y Seguridad, y Presidente de la República- actúen rápidamente, como ha pedido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que no duda en
acusar a la Fiscalía y Policía de negligencia en la investigación de los crímenes y en la protección a las víctimas.
4. El îrgano Ejecutivo también debe asumir una actitud firme contra las demandas de Pacific Rim y Commerce Group en el CIADI, basado en el principio de soberanía nacional y en el derecho a la autodeterminación. Para
esto, gobierno, sociedad civil y solidaridad internacional debemos construir un frente común. Esto incluye contrademandar a las empresas mineras por los daños causados al país. Los arbitrajes de las compañías mineras también sugieren la necesidad de revertir el DR-CAFTA y evitar la firma de nuevos tratados comerciales que pongan al Estado salvadoreño en desventaja frente a las empresas transnacionales, además de la urgencia de revisar la Ley de Inversiones y los convenios bilaterales de inversión, suscritos hasta ahora.
San Salvador, 21 de enero de 2010
Asociacin Salvadorea para la Formacin y
Capacitacin Integral Sostenible, ASAFOCAIS
Coordinacin Ecumnica de la Iglesia de los pobres
en El Salvador, CEIPES
Alianza por la Diversidad Sexual LGBT El Salvador
Asociacin de Capacitacin e Investigacin para la
Salud Mental, ACISAM
Asociacin de Desarrollo Econmico y Social, ADES
Fundacin Share
Servicios Jurdicos Salvadoreos, SERJUSAL
Movimiento de Profesionales y Tcnicos ÒPatria ExactaÓ
Asociacin de Mujeres por la Dignidad y la Vida,
LAS DIGNAS
Centro de Intercambio y Solidaridad, CIS
Centro de Investigacin sobre Inversin y Comercio,
CEICOM
Centro para la Defensa del Consumidor, CDC
Centro para la Promocin de Derechos Humanos
ÒMadeleine LagadecÓ, CPDH
Colectivo Estudiantil Herbert Anaya, CDH-HAS
Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador, CEBES
Concertacin Feminista Prudencia Ayala
Fundacin de Estudios para la Aplicacin del Derecho,
FESPAD
Fundacin Hermano Mercedes Ruiz, FUNDAHMER
Fundacin Maquilishuatl, FUMA
Fundacin Salvadorea para la Reconstruccin
y el Desarrollo, REDES
Iglesia Bautista Enmanuel
Iglesia Luterana
Instituto de Investigacin, Capacitacin
y Desarrollo de la Mujer, IMU
Instituto para el Rescate Ancestral Indgena
Salvadoreo, RAIS
Justicia y Paz de la Creacin Franciscanos, JPIC
Mesa Nacional frente a la Minera Metlica
Mesa Permanente para la Gestin de Riesgos, MPGR
Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna
Movimiento Unificado Francisco Snchez-1932,
MUFRAS-32
Radio Victoria
Unidad Ecolgica Salvadorea, UNES
