Recuperemos la soberanía de Colombia en defensa del agua, la vida y los territorios

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Estas demandas multimillonarias que se pagan a las transnacionales con el dinero de todas y todos se derivan del mecanismo de Solución de Controversias Inversionista – Estado (SCIE, o ISDS, por las siglas en inglés de Investor-State Dispute Settlement), incluido en Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversiones, que permite a los inversores extranjeros demandar unilateralmente a los Estados cuando estos, legítimamente y en cumplimiento de sus obligaciones, adoptan cambios normativos, regulatorios, y políticas públicas o cuando decisiones judiciales fallan en favor de derechos de comunidades y de la protección de ecosistemas esenciales para la vida.

Según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta finales del primer semestre de 2022, se registraron  12 demandas en curso y 7 más en etapa previa, por un valor estimado de 9.8 billones de pesos que tendríamos que pagar las y los colombianos por defender nuestra agua y territorios.

Estas demandas provienen de empresas transnacionales de cinco países: EEUU, Canadá, Reino Unido, Suiza y España. La mayoría son empresas extractivas, las cuales frecuentemente utilizan este mecanismo para presionar a los gobiernos cuando adoptan  reformas en favor de sus pueblos y el mundo. Por lo tanto, urge revisar y renunciar a este mecanismo de arbitraje diseñado por y para las empresas transnacionales, especialmente si el país busca reformar su código minero, prohibir el fracking e implementar otras políticas a favor de la vida y hacer frente a la crisis climática.

Un informe del grupo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que las obligaciones de proteger los derechos humanos son incompatibles con estos tratados de inversión y sus tribunales, y recomendó a los Estados renegociar o salirse de dichos tratados. Por todas estas razones, varios gobiernos del sur y norte global han hecho esto justamente.

Ahora mismo hay en curso una demanda contra Colombia de la multinacional Glencore, dueña de la mina de carbón Cerrejón, que pretende obligar al Estado a pagar una millonaria indemnización debido  al  fallo de la Corte Constitucional, en favor de los derechos del pueblo wayuu. Este fallo, suspendió fundadamente la expansión de uno de los tajos de la mina de carbón a cielo abierto en La Guajira para la protección del arroyo Bruno, fuente de agua fundamental en la región.

Otro ejemplo de este abuso de poder de las trasnacionales es el de Eco Oro, empresa canadiense que buscaba explotar oro en el  Páramo de Santurbán, y que demandó a Colombia por 736 millones de dólares pues, gracias a la movilización popular, se puso freno a dichas pretensiones que amenazaban uno de los ecosistemas más importantes del país. El tribunal de arbitraje falló en contra de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Al día de hoy, sin embargo, no se conoce el monto definitivo que se tendrá que pagar. Otras dos canadienses demandaron por el mismo motivo.

Estas demandas son un chantaje a los gobiernos y debilitan los esfuerzos de las comunidades que buscan defender y proteger legítimamente  sus derechos al agua, a un ambiente sano y a la autodeterminación frente a los abusos y graves violaciones de corporaciones que permanecen en la impunidad. Por esta razón, hacemos un  llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la vicepresidenta, Francia Márquez, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Ministerio de Relaciones Exteriores a revisar los Tratados de inversión que incluyen este mecanismo y a retirarse de este sistema injusto, arbitrario y colonialista.

 Por todas las razones expuestas, solicitamos al gobierno:

1. Iniciar una revisión integral de los Acuerdos de Inversión y Tratados de Libre Comercio que contengan el mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado, con el fin de denunciar, renegociar o rescindir urgentemente todos los acuerdos internacionales de inversión existentes, con el fin de eliminar el mecanismo SCIE. De esta forma, es posible rescatar  la soberanía del Estado para regular en interés del ambiente y del pueblo colombiano, defender la independencia y rol del sistema judicial, así como respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas y demás comunidades que buscan justicia y rendición de cuentas antes los daños ambientales y violaciones de sus derechos.

2. Denunciar el Convenio del CIADI y promover el uso de la justicia nacional para la resolución de disputas entre inversor y Estado. 

3. No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones y mecanismo SCIE. 

4. Entrar en una moratoria antes de volver a firmar o a ratificar más acuerdos internacionales de inversión.

5. Centrar sus esfuerzos en crear mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y responsabilidad de las empresas, fortalecer obligaciones de planes de cierre, restauración ambiental y reparación integral a las víctimas de abusos empresariales de transnacionales. En ese sentido, el gobierno de la Potencia Mundial para la Vida, debe liderar la negociación del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos en la ONU que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus impactos en los territorios y a reparar los daños que provocan, en concordancia con las propuestas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas a decidir sobre sus territorios.