Relator de ONU recomienda moratoria a nuevas minas en Guatemala
El relator para asuntos indígenas de la Organización de Naciones Unidas, James Anaya, aseguró que Guatemala debería imponer una moratoria a la instalación de nuevas minas en el país hasta que no se desarrolle un proceso de consulta con los pueblos indígenas.
James Anaya, relator de la ONU
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POR AGENCIAS CIUDAD DE GUATEMALA
Las conclusiones de Anaya forman parte de un pronunciamiento preliminar, previo al informe que rendirá a Naciones Unidas sobre Guatemala, que cuenta con minas de oro, plata, cinc y cobre, entre otros.
«Hay un alto grado de confusión y ambigüedad en el contenido y alcances de las consultas… en el sector gubernamental he percibido que la falta de una legislación, implica la falta de obligación de hacer consultas» , dijo el viernes Anaya en una rueda de prensa al final de una visita de cinco días a Guatemala para verificar la situación de los pueblos indígenas respecto de la actividad minera y los procesos de consulta a estos en el tema de extracción recursos naturales.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la que Guatemala es miembro, establece que antes de autorizar la extracción de minerales en tierras de pueblos indígenas, deberá consultar con éstos para determinar si serán perjudicados.
«La falta de participación del Estado en estos temas constituye una violación a los derechos de los afectados» , añadió.
Anaya dijo que no existen mecanismos legales que regulen dichas consultas en Guatemala y que los procedimientos que se han hecho hasta ahora «han sido insuficientes» .
Por aparte, aseguró que aunque la Corte de Constitucionalidad falló que dichas consultas no son vinculantes, «no considero que la trascendencia de una consulta se agota por ello» .
Por aparte, aseguró que en el caso particular de la Mina Marlin, yacimiento de oro, propiedad de la firma canadiense Gold Corp., el gobierno debería acatar las recomendaciones que emita una comisión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que arribará en breve al país.
Dicha mina ha estado en el ojo de la opinión pública aún desde antes del arranque de sus operaciones en 2007.
El más reciente incidente fue la decisión del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó al gobierno suspender las operaciones de la mina con base en preocupaciones sobre contaminación ambiental. El gobierno respondió que sus estudios no indican que haya dicha contaminación e instó a crear una comisión de monitoreo que realice un estudio en seis meses para determinar el tema «de una forma científica» .
Días antes de la decisión de la CIDH, un estudio de la Universidad de Michigan que indicó que la orina de los habitantes de comunidades cercanas a la mina presenta niveles de metales pesados superiores a quienes viven lejos de esta. Sin embargo, el estudio añade que dichos niveles están dentro de lo que el Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos, considera aceptable.
Ley para regular consultas
El relator pidió además al Estado guatemalteco aprobar una ley que regule las consultas de los pueblos indígenas sobre la explotación minera en sus comunidades.
«El Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas en relación con toda medida legislativa o administrativa susceptibles de afectarles directamente, y en particular en relación con todo proyecto de inversión de infraestructuras o de explotación de los recursos naturales» en sus territorios, dijo Anaya en rueda de prensa.
El relator de las Naciones Unidos concluyó hoy una visita oficial de cinco días en este país centroamericano, durante la cual verificó decenas de denuncias de organizaciones indígenas sobre la violación de sus derechos por parte del Estado al otorgar, sin consultarles, licencias de explotación a compañías mineras.
Según Anaya, aunque el Estado guatemalteco ha ratificado los instrumentos internacionales que le obligan a consultar a las comunidades indígenas, no lo hace debido a «la existencia de un alto grado de ambig edad y confusión» generado por la falta de una ley interna que regule esa práctica.
Las organizaciones indígenas reclaman la violación de parte del Estado de sus derechos colectivos de defender sus territorios de la contaminación ambiental generada por la explotación minera.
Esa situación, anotó Anaya, ha generado «un clima de alta inestabilidad y conflictividad social» , que perjudica no sólo a los pueblos indígenas sino también a las autoridades y las empresas mineras.
«Existen problemas muy serios que tienen que ser necesariamente enfrentados por el gobierno de Guatemala antes de que puedan llegarse a situaciones de mayor conflictividad como las que se han dado en otros países» , preció el relator.
Para ello, Anaya recomendó a las autoridades abstenerse de otorgar nuevas licencias de exploración y explotación minera, «por lo menos hasta que se desarrolle una ley que regule la consulta con los pueblos indígenas» .
Además, pidió al Gobierno «cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos» , y atender la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, de suspender las actividades de una mina de oro en el oeste del país.
Se trata de la mina Marlin, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, una concesionaria de la canadiense Gold Corp, que según los habitantes de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, ha provocado «irreparables» daños a la salud y medio ambiente de la comunidad.
«El Estado debe acatar las resoluciones de la CIDH» y revisar «con objetividad e imparcialidad» las denuncias relativas a los impactos negativos de la mina sobre la vida de las comunidades indígenas, agregó.
Previo a concluir su visita al país, Anaya se entrevistó con el presidente Álvaro Colom y altos funcionarios de su gobierno, a los que presentó un informe preliminar sobre sus conclusiones y recomendaciones, pero ninguno se ha pronunciado al respecto.
