Montreal, 18 de marzo de 2015 – El CDHAL se solidariza con los movimientos de resistencia contra los megaproyectos hidroeléctricos que se instalan en los diferentes territorios sin ninguna consulta previa ni permiso de parte de las comunidades. Asimismo, el CDHAL denuncia los efectos nefastos de un modelo energético basado el mercantilismo y el despojo de la propiedad común.
Los impactos son enormes dado que, por un lado, tales proyectos destruyen los ecosistemas de los ríos, empobrecen los medios de subsistencia de las comunidades y atentan contra los derechos humanos, favoreciendo a un injusto y no sostenible modelo de desarrollo que privatiza la Tierra y la riqueza y adjudica los costos a las comunidades. Por otro lado, este vector de desarrollo neoliberal subestima de manera sistemática la libertad de expresión de las comunidades, reprimiendo indiscriminadamente toda acción que cuestiona tales proyectos ya sea a nivel económico, social y hasta cultural.
Desde 1977, el 14 de marzo, Día Internacional de Acción Contra las Represas y en Favor de los Ríos, es consagrado a la reflexión y a las acciones en defensa de nuestros ríos y refuerza nuestra conciencia colectiva respecto a los efectos devastadores de la construcción vertiginosa e irrestricta de represas hidroeléctricas en todo el mundo con los efectos que ello implica: destrucción de zonas pobladas, desplazamiento de poblaciones, degradación de la calidad del agua, acaparamiento de tierras ancestrales, aumento de las concentraciones de mercurio, devastación de lugares históricos y que tienen riqueza cultural, aumento de gases de efecto invernadero y deterioro y disminución de recursos alimentarios.
En estos últimos años, el clamor popular se ha hecho sentir tanto en América Latina como en América del Norte, particularmente en Quebec. En el marco de la arremetida del modelo energético neoliberal, las comunidades defensoras del derecho a la autodeterminación de los pueblos, al acceso a la información, a la compensación justa, a una alimentación sana y al derecho a una vida digna son reprimidas y criminalizadas de manera cotidiana.
En la gran mayoría de casos, los atentados contra la libertad de expresión son flagrantes. En otros casos, la represión se realiza indirectamente por medio del poderoso engranaje político y mediático que estas empresas establecen para facilitar el despojo del bien común. Los recursos son dispuestos de tal forma que se acalle la opinión pública, emprendiendo acciones como las siguientes: consultas ilegítimas, restricción de espacios de difusión, desaliento de la participación ciudadana, entre otras.
Es en este contexto que el CDHAL denuncia la represión, el amordazamiento de las poblaciones y la persecución judicial -por 34,345 $- perpetrada por la Corporación del Parque Regional del Valle de Jalbert de Quebec en contra del ciudadano Nicolás Andrade que decidió participar en el debate público-creando una página web satírica- en torno al proyecto de la central hidroeléctrica que pretende enraizarse en un lugar que forma parte del patrimonio turístico de la provincia.
Un desequilibrio de poder como el mencionado está lejos de ser un caso aislado. El modelo se replica en la mayoría de países y comunidades donde se puede constatar que la amenaza a libertad de expresión sigue el mismo patrón. Las detenciones policiales arbitrarias en torno a manifestaciones pacíficas son cosa común en casi todos los países de Latino América, como lo ilustra el caso del 13 de marzo de 2013 en Colombia donde la policía procedió al arresto sin motivo válido de 77 simpatizantes del movimiento Ríos Vivos que había organizado una protesta pacífica para expresar oposición al proyecto hidroeléctrico de Ituango (Antioquía-Colombia). Afortunadamente, los manifestantes fueron liberados unas horas más tarde, pero de todas maneras se logró el objetivo nefasto de criminalizar y debilitar a los ciudadanos y grupos que tienen la valiente iniciativa de tomar la palabra para expresar desacuerdo.
Lo mismo podemos apreciar en el caso del Movimiento de Personas Afectadas por las Represas (MAB) de Brasil, quienes deben enfrentar regularmente a los promotores de proyectos energéticos que pretenden operar en tierras ancestrales sin contar con el sustento técnico adecuado. Podemos mencionar el caso de las personas que viven en la zona de afectación directa del proyecto de la central hidroeléctrica de Belo Monte quienes son víctimas frecuentes -aparte de los demás daños- de persecución judicial insensata.
El CDHAL denuncia enfáticamente la perversa estrategia de la empresa energética involucrada que consiste en fomentar la división de las organizaciones del lugar y en perseguir de forma individual a los opositores del proyecto con el fin desmoralizar a las poblaciones y de erradicar toda forma de resistencia.
Para lograr su cometido, los promotores del “desarrollo energético” no reconocen ninguna legitimidad en los grupos de oposición, argumentando que son intransigentes, que representan intereses políticos y que no cuentan con una agenda legítima. Este análisis reduccionista, interesado y absurdo, pretende acallar las voces de protesta e indignación que, no sólo son legítimas, sino vitales para la supervivencia y el buen vivir de las comunidades.
Por eso, el 14 de marzo el CDHAL se une decididamente a las organizaciones de 36 países, que ya participaron el año pasado, para elevar la voz de protesta y para exigir justicia! Nosotros y las futuras generaciones tenemos derecho a tener ríos sanos, vivos y libres! Saludamos y apoyamos las jornadas de movilización que se han desarrollado a nivel mundial para la defensa universal de los ríos.
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