Las cartas abiertas de 88 organizaciones y 15 productores de joyas resaltan las consecuencias para los derechos humanos, el medio ambiente y el clima de la propuesta de expansión de las minas de oro
(Santo Domingo/Ottawa/Nueva York/Washington, DC – 4 de mayo de 2021) Hoy, 88 organizaciones de más de 21 países han publicado una carta en la que piden a la República Dominicana y a Barrick Gold Corporation que detengan la propuesta de ampliación de la mina de oro de Pueblo Viejo, mientras que 15 productores de joyas se han unido a una carta paralela en la que se hacen eco de las preocupaciones de la sociedad civil. Las cartas plantean serias preocupaciones sobre las amenazas a los derechos de las comunidades locales y el riesgo de daños ambientales significativos. Se preguntan si el gobierno y la empresa podrán cumplir sus promesas de promover la sostenibilidad y la resistencia climática si se permite la ampliación de la mina.
La mina de Pueblo Viejo, situada a unos 100 km de Santo Domingo, en la República Dominicana, es una de las mayores minas de oro de América. Barrick quiere explotar el mineral de menor ley ampliando su planta de procesamiento y las instalaciones de almacenamiento de residuos de la mina. Al parecer, esto prolongaría la vida de la mina hasta 2040.
Las comunidades afectadas y las organizaciones locales de la República Dominicana se han manifestado en contra de la ampliación, los políticos locales y los expertos han criticado los riesgos de la presa de residuos propuesta y los líderes religiosos han dado la voz de alarma sobre la ampliación. Según Heriberta Fernández, del Centro de Reflexión y Acción Padre Juan Montalvo (Centro Montalvo), «la minería ha creado daños socioambientales irreparables en la República Dominicana. El modelo extractivista viola los derechos fundamentales de las comunidades y los territorios. La propuesta amenaza cuencas hidrográficas de importancia crítica para la agricultura y no cuenta con la licencia social para operar de las comunidades locales.»
Las cartas, firmadas por organizaciones de derechos humanos y de asistencia legal, organizaciones ambientales sin fines de lucro, grupos comunitarios afectados por la minería y productores de joyas, entre otros, se centran en los potenciales impactos ambientales y de derechos humanos de la expansión, la falta de información disponible públicamente sobre el proceso de expansión, el agravamiento de la vulnerabilidad climática que causaría la expansión, y las graves denuncias de contaminación del agua en las operaciones de Barrick en la RD y en otros sitios de Barrick. Las cartas destacan los impactos potencialmente peligrosos de la instalación adicional de almacenamiento de residuos mineros propuesta, llamada presa de relaves, en las comunidades río abajo y en las cuencas hidrográficas vitales.
«Barrick afirma que «se toma en serio la sostenibilidad» y los derechos de las comunidades, y el gobierno dominicano se ha comprometido a ser un líder internacional en materia de justicia climática. Las pruebas disponibles sugieren que la expansión de la mina es irreconciliable con estas promesas y debe ser reconsiderada inmediatamente», dijo Sienna Merope-Synge, de la Iniciativa de Justicia Climática del Caribe de la Clínica de Justicia Global de la Universidad de Nueva York, uno de los grupos que coordinan la carta.
Las organizaciones que se enfrentan a los perjudiciales impactos medioambientales de Barrick y a su maltrecho historial de derechos humanos en otros países del mundo se han adherido a las cartas, en las que se argumenta que las acciones de la empresa en el extranjero arrojan serias dudas sobre su voluntad de respetar las normas más estrictas en materia de derechos humanos y medio ambiente en la República Dominicana. En la mina de Porgera, en Papúa Nueva Guinea, Barrick vertió más de 6 millones de toneladas de residuos y 12 millones de toneladas de sedimentos de roca estéril en un río local, con permiso del gobierno. Una organización de Papúa Nueva Guinea firmó la carta con un mensaje dirigido a las comunidades de la RD que decía: «Nosotras, las mujeres indígenas Ipili de Porgera, nos solidarizamos con ustedes en esta batalla».
Las cartas fueron presentadas al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dominicanos, así como al director general y al presidente de Barrick Gold y al presidente de la filial dominicana de Barrick, antes de la asamblea general anual de la empresa en Toronto.
Contactos:
Sienna Merope-Synge, Global Justice Clinic, sms1118@nyu.edu, +1 (917) 864-6901, inglés
Diana Martin, MiningWatch Canada, diana@miningwatch.ca, +1 (613) 276-3760, inglés y español
Jan Morrill, Earthworks, jmorrill@earthworksaction.org, +1 (207) 542-4360, inglés y español
