Publicado por Anne Bordatto, Prensa comunitaria, el 29 de enero del 2024
A la toma de posesión del gobierno de Bernardo Arévalo le seguirán muchos retos que enfrentar y muchas esperanzas sembradas en las promesas electorales que tendrán que cumplir para lograr cambios duraderos en sectores económicos que afectan el país, como el de las industrias extractivas.
Está claro que en un periodo de gobierno de cuatro años, y con un Congreso adverso, no se pueden lograr cambios fundamentales como las reformas legales necesarias. Pero hay cambios que se pueden realizar desde las instituciones gubernamentales, particularmente con el apoyo de actores tan esenciales para el cuidado del ambiente y la salvaguarda de la democracia como los Pueblos Indígenas en Guatemala.
Estos últimos tres meses, la fuerza de movilización de los Pueblos Indígenas ha sido visible, en los plantones de resistencia masivos en las carreteras; incluso en la misma ciudad capital se ha dado un encuentro con sectores capitalinos tan discriminados como los Pueblos Indígenas. Son cinco siglos en que los Pueblos Mayas y Xinka han resistido a un modelo impuesto desde la colonización, el extractivismo que inició con la minería y el modelo agroexportador y que se ha diversificado con la depredación de los bienes naturales, de sus culturas y medios de vida.
Se han movilizado en contra de cada proyecto implementado de manera inconsulta, desde trincheras comunitarias en los territorios expoliados, buscando el diálogo que el gobierno ha negado o quebrantado; desde demandas para el cumplimiento de sus derechos, exigiendo instituciones y marcos normativos más eficientes para que se respeten las formas comunales de administración de las tierras, los bienes naturales, así como el pluralismo en la justicia, la salud y la educación… Los Pueblos Indígenas muestran que es posible una política que sirva para el bien común, que ejercita el poder entre las personas y las comunidades, que dialoga y consensúa. Defienden la democracia mucho más allá que un apoyo al Movimiento Semilla, y esperamos que sean su inspiración para gobernar.
Todo el trabajo de recopilación de información, investigación y propuestas desde los movimientos de resistencia puede aportar muchas luces sobre cambios necesarios para mejorar el Estado guatemalteco.
Acceso a la información para el derecho a defender los territorios
Como preámbulo a las 10 Semillas, su Plan de Gobierno el Movimiento Semilla reconoce que “el libre acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y la prensa no es una concesión, sino un derecho y una característica del buen gobierno”.
El derecho a la información es fundamental para conocer las amenazas que puede haber sobre un territorio. Es la base para poder tener acceso a justicia y fundamentar la defensa en contra de posibles afectaciones.
Este derecho ha sido vetado por los gobiernos anteriores. Al final del gobierno de Jimmy Morales, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) quitó el acceso a la página Open Data que permitía conocer todos los proyectos aprobados y en desarrollo en un territorio de forma rápida y daba información precisa sobre los expedientes para pedir copias en el ministerio. Eso es importante porque el MARN cobra los costos de reproducción de los expedientes -en vez de facilitar su acceso libre, directo y gratuito en línea- al menos en los casos de los estudios de impacto ambiental (EIA) que deben de pasar por el escrutinio de la participación pública.[1]
[1] Actualmente, se publican únicamente los edictos, anuncios de prensa que comparten información básica sobre proyectos de alto impacto ambiental, en la página internet del MARN. El periodo de “participación pública” es de 20 días durante los cuales se puede pedir copia del estudio (el ministerio puede tardar hasta 10 días para proporcionar la copia, según la ley de acceso a la información), y presentar ante el MARN los argumentos de oposición al EIA con un fundamento técnico, científico o jurídico.
El acceso a la información debe también permitir conocer el desempeño de las instituciones del Estado, como el número de proyectos visitados por el MARN para seguimiento, monitoreo y auditoría ambiental; el grado de cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en la aprobación del proyecto, así como el seguimiento en casos de incumplimiento (sanciones, multas, cierres provisionales y definitivos de operaciones).
Lo mismo se espera del Ministerio de Energía y Minas (MEM). En el caso de las centrales hidroeléctricas, la Comisión de Energía Eléctrica contaba con un mapa de las presas del cual sólo queda el listado sin acceso a las fichas informativas de cada central hidroeléctrica. Contenía datos sobre los proyectos, los niveles de riesgos y los manuales de operación, mantenimiento y vigilancia, el plan de preparación ante emergencias, las fechas en las cuales la empresa tenía que actualizar manuales o realizar supervisiones para cumplir con la Norma de Seguridad sobre las Presas. Fue un ejemplo de cuán transparente podría llegar a ser una institución del Estado, y hubiera podido aplicarse a proyectos de altos impactos y/o conflictivos, pero eso también ha sido desmantelado por el gobierno de Giammattei[2].
Mejores prácticas en los estudios de impacto para el cumplimiento de los derechos humanos y ambientales
El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA) necesita varias mejoras que se pueden implementar desde el MARN a través de acuerdos gubernativos que no necesitan pasar por el Congreso.
Un paso esencial para evitar la conflictividad social, además de mejorar el acceso a la información y la consulta, es que los estudios de impacto ambiental evalúen los impactos sociales de los proyectos. En un país empobrecido y saqueado como Guatemala, la población depende de los bienes naturales locales para cubrir sus necesidades básicas en agua, alimentos y leña. Por eso, cuando se implementa un proyecto hidroeléctrico que desvía el curso de un río y privatiza su acceso, además de intervenir y a menudo deforestar un área para la infraestructura y caminos de acceso, se priva a la población local de los beneficios que el río aporta al bienestar humano y espiritual.
Reconocer un “país plural” y fortalecer una “economía humana” pasa por reconocer que históricamente el mundo de los megaproyectos privados y del lucro se enfrenta con el mundo de la conexión con el entorno de vida y de la sobrevivencia.
Para proyectos de alto impacto ambiental no se debería limitar el acceso a la información a lo que actualmente se llama “participación pública”. Varios Pueblos Indígenas han demandado ante las cortes nacionales el cumplimiento de sus derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, para que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sean consultados -como las licencias mineras e hidroeléctricas- como medidas administrativas que afectan sus territorios y medios de vida. De hecho, el proceso de información, consulta y consentimiento, en el caso de proyectos de alto impacto, debería de aplicarse a toda población afectada, sea indígena o mestiza.
La aprobación de un EIA es muy importante para actividades relacionadas con los monocultivos (palma aceitera, banano, caña de azúcar, etc.) o granjas de animales, pues es el único proceso administrativo existente actualmente para asegurar un uso racional y equitativo del agua y otros bienes naturales, limitar los impactos en la salud (debidos a las condiciones de trabajo, uso de agroquímicos, manejo de los desechos líquidos y sólidos, etc.) y otros tipos de riesgos, como el impacto en la seguridad alimentaria de las comunidades aledañas. Se ha podido documentar que varias actividades de monocultivos en la Costa Sur o en la Franja Transversal del Norte, como el cultivo de la caña, algunas extractoras de aceite de palma o fumigaciones aéreas, no cuentan con instrumentos de evaluación ambiental.
Los EIA son documentos donde se puede encontrar información sobre prácticas industriales, como los agroquímicos que se utilizan en ciertos monocultivos, pero no se actualiza la información con cambios de prácticas. El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) no sistematiza información a nivel nacional sobre los tipos y la cantidad de productos importados o producidos, para qué cultivos y con qué uso.
Son datos importantes porque las comunidades que viven cerca de áreas de monocultivos denuncian la contaminación del aire, del suelo y del agua, impacto en sus producciones agrícolas familiares y la fuerte incidencia de enfermedades, en particular renales. Es muy difícil así conocer también la incidencia del uso de pesticidas prohibidos de uso en la Unión Europea, pero que esta sigue produciendo y exportando, así como de otros plaguicidas particularmente peligrosos como el glifosato, y definir acciones a tomar para reducir su utilización y sus impactos.
Para informar a la población afectada sobre los impactos reales de los proyectos, se necesita mejorar la calidad de los EIA, como lo demuestra el proceso que lleva el Parlamento Xinka en el caso de la minera San Rafael. También falta construir colectivamente con las comunidades afectadas buenas prácticas para la difusión de información fidedigna, culturalmente accesible y apropiable (los EIA podrían ser consultables en las municipalidades, el personal de ministerios presentaría la información en reuniones públicas en los municipios y aldeas afectadas, etc.).
Consulta y consentimiento pero con derecho de veto
En una entrevista con periodistas comunitarios, Bernardo Arévalo recordó que Guatemala es miembro del Convenio 169 de la OIT, aunque lo considere un “mecanismo(s) para asegurar que las iniciativas de desarrollo o económicas se hagan mediante el consenso de las comunidades que se verían afectadas o beneficiadas”.
Hay grandes retos para definir qué hacer desde los ministerios, para respetar el derecho pleno a la consulta y al consentimiento libres, previos e informados. Pero también se debe aceptar el derecho de veto por el cual luchan las comunidades afectadas por los proyectos extractivos y no solo lograr un “consenso” con supuestos beneficios de estas actividades económicas, porque la historia ha demostrado que las promesas no se cumplen, ya sea por las empresas o por el gobierno. Uno de los ejemplos más recientes es el pomposamente llamado “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán” que fue ¡negociado con grupos aliados a la empresa Energía y Renovación, desarrolladora de los proyectos hidroeléctricos en la Microrregión de Yichk’isis.
Las sentencias de las cortes no respetan la doctrina legal que plantea que el derecho debe de ser progresivo. En algunos casos, como el complejo hidroeléctrico Oxec (Cahabón, Alta Verapaz) o la mina Fénix (El Estor, Izabal), las sentencias reconocen el derecho a la consulta, pero para realizarlas no se convocaron a las verdaderas autoridades comunitarias del Pueblo Q’eqchi’ ni a la totalidad de las comunidades afectadas y no han sido procesos abiertos e incluyentes. Actualmente hay varios proyectos que esperan seguimiento por parte de las instituciones gubernamentales en el proceso de consulta, como en la región Ixil en el caso de proyectos hidroeléctricos y de transporte de electricidad, y con la mina San Rafael en el territorio Xinka.
El reclamo del derecho a la consulta y consentimiento también es una forma de denunciar muchas irregularidades en las autorizaciones de licencias. Como el caso de Cerro Blanco (Asunción Mita, Jutiapa), donde la implementación de la mina afectaría la cuenca del río Ostúa que abastece agua a una parte de la población salvadoreña. La población de Asunción Mita expresó un rotundo rechazo a la mina y queda pendiente la aprobación o no, de la actualización del estudio de impacto ambiental para operar una mina a cielo abierto en vez de una subterránea como estaba inicialmente previsto. En el caso de la minera Fénix sus operaciones se realizan en un área mucho más extendida que la cubierta por el estudio de impacto ambiental y afecta a la inconsulta comunidad de Aguas Calientes, que sigue sin reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra por parte del estado de Guatemala.
Si se pretende cumplir con el objetivo de caminar “hacia una función pública legítima, eficiente y eficaz” (Semilla 9) y así lograr un estado “fuerte, soberano y eficaz, basado en derecho y firmemente sujeto a la ley”, será necesario por parte de las personas que asuman en los diferente ministerios e instituciones del Estado revisar casos de conflictos y contratos del Estado
Mejorar la eficiencia de los ministerios
Será necesario limpiar el listado de proyectos de generación de electricidad y en particular de centrales hidroeléctricas. Según los plazos estipulados en cada contrato para inicio y finalización de la construcción y entrada en operación algunos de los contratos de uso de los bienes del dominio público (como lo son los ríos) han caducado, como los de las hidroeléctricas Santa Rita, Sala, Pojom II, San Andrés, Sisimite, etc. En el caso de la hidroeléctrica Santa Rita, se pudo observar que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no ha dado seguimiento en los tiempos estipulados, por lo que la Procuraduría General de la Nación (PGN) no ha podido aprobar la terminación del contrato.
El MEM tiene que ser eficiente en el monitoreo de cumplimiento de los contratos porque hay una fianza de cumplimiento que los desarrolladores de proyectos hidroeléctricos deben de mantener vigente y que se debe cobrar si se termina por incumplimiento de las obligaciones del contrato para que el sitio pueda regresar a su estado inicial (o por lo menos evitar todo posible impacto debido a las obras construidas en caso de eventos climáticos), así como reparar daños a las comunidades afectadas por el proyecto. Hasta ahora, el MEM no ha hecho cumplir todas sus obligaciones a los desarrolladores de proyecto.
Acceso a la electricidad para todos y todas
Como parte de la meta estratégica o Semilla 5, el futuro gobierno plantea la “universalización del acceso a la energía eléctrica y rebaja de la luz para más de 1 millón de guatemaltecos”. Para ello propone reestructurar la tasa de alumbrado público. Sin embargo, sería necesario revisar también los procesos de licitación para garantizar el servicio eléctrico de las distribuidoras EEGSA y Energuate porque los costos de generación de la electricidad corresponden a más de la mitad de la tarifa eléctrica. Los precios ofertados por las generadoras no responden a las lógicas de mercado, las centrales hidroeléctricas pueden ofertar precios de venta de la electricidad más cara que las que funcionan con energía fósil.
Los precios tampoco disminuyen cuando las centrales son de mayor tamaño. Las tarifas no se benefician de las ventajas del uso de recursos locales y gratuitos, ni del factor escala de los proyectos. Parece ilógico que las tarifas de EEGSA sean más bajas que las de Energuate, cuando la primera abastece las zonas con más altos grados de desarrollo y capacidad económica de pago, con lo que se violenta el derecho de acceso a este servicio.
Con la alta conflictividad alrededor del servicio eléctrico, se debería de analizar el cumplimiento de los contratos del Estado con las empresas distribuidoras y asegurar los derechos de las y los usuarios. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica reporta que inspeccionó alrededor de 15 mil kilómetros de red y encontró unas 3,700 irregularidades en el cumplimiento de las normas (un incumplimiento cada 4 kilómetros). La gran mayoría de las irregularidades se deben a invasión de vegetación y por lo tanto falta de mantenimiento preventivo.
No son las únicas irregularidades que hay que revisar. Varias comunidades han denunciado los cortes indiscriminados del servicio eléctrico en comunidades y municipios enteros por parte de las distribuidoras, afectando derechos humanos como acceso a la salud (hasta los centros de salud se quedan sin servicio) y al agua (donde se bombea). La Procuraduría de los Derechos Humanos, durante el periodo de Jordán Rodas, presentó acciones constitucionales de amparo para salvaguardar los derechos de la población y la Corte de Constitucionalidad emitió sentencias para prohibir estos cortes indiscriminados. Pero nunca fueron respetadas.
Las comunidades denuncian también prácticas irregulares por parte de Energuate durante los cortes de servicio a viviendas, ya que quitan hasta las acometidas que son propiedad privada de las y los usuarios, y no de las distribuidoras. Cuando las familias quieren regularizar sus deudas, la distribuidora decide el monto a pagar y, si no se paga durante un mes el monto acordado, la deuda regresa a su monto inicial. Estas condiciones hacen impagables las deudas.
Es necesario revisar el contrato firmado con la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (TRECSA), pues si por ahora el transporte de electricidad no constituye una parte importante de la tarifa, con el proyecto de expansión del sistema de transporte PET-01-2009 y las irregularidades que comete esta empresa, el costo de transporte podría incrementar también la tarifa de electricidad. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó en diciembre 2020 el caso “Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas” que desvela el pago de sobornos por Trecsa al entonces ministro de Energía y Minas Eric Archila para prorrogar el contrato. Desde entonces, han logrado otras tres prórrogas de contrato, con el reconocimiento de 25 nuevas fuerzas mayores en la última prórroga (se desconoce cuántas se han reconocido en las negociaciones anteriores), y que se asocian a reclamos de costos y gastos adicionales.
En la forma actual de concesionamiento de la construcción de nuevas líneas de transporte de electricidad, los costos de construcción de las líneas se reembolsan a la empresa que gana la licitación, con el pago de un canon durante los 10 primeros años de operación. Esta última prórroga termina el 16 de enero de 2024 y seguramente la empresa iniciará una nueva demanda en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), como lo hizo a modo de chantaje en 2020 y 2021 para lograr las prórrogas de contrato (las demandas se concluyeron gracias a acuerdos entre las partes).
Muchas demandas de comunidades y municipalidades afectadas por la empresa demuestran las ilegalidades cometidas por TRECSA para imponer el proyecto a toda costa (ausencia de consulta, licencia de construcción, deforestación, usurpación, etc.).
El Programa de Gobierno del Movimiento Semilla planea “[conseguir] la universalización en el acceso a la energía eléctrica, con una inversión de Q7.1 millardos, con la que se impulsarán pequeños proyectos comunitarios de generación de energía producida con recursos naturales renovables”. Es algo a celebrar, pues existen varias experiencias exitosas que demuestran la factibilidad y viabilidad de estos tipos de proyectos, y son verdaderos factores de desarrollo sostenible en comunidades aisladas y olvidadas. Además, son soluciones económicamente más rentables que conectar todas las viviendas al sistema nacional.
Un reto para el nuevo gobierno será rescatar y fortalecer el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) como pieza clave para la generación, transporte y distribución de electricidad, y el sostenimiento de la tarifa social. Debería de regresar a ser al ente de planificación de la electrificación para que el subsector eléctrico no sea solamente la suma de los intereses de los actores privados como terratenientes que diversifican sus fuentes de ingresos o grandes consumidores que producen su electricidad y venden sus excedentes al sistema nacional interconectado.
Iniciativa denunciada para reformar la ley de hidrocarburos
Actualmente fue presentada una reforma de la Ley de Hidrocarburos (iniciativa 6021) por el presidente Alejandro Giammattei ante el Congreso de la República, que permitirá a las empresas anglo-francesas y americanas suspender pagos de regalías al Estado si el mercado internacional no les es favorable, y aumentar el número y plazo de prórrogas de los contratos petroleros (más de 2 de hasta 25 años, en vez de 15 actualmente), entre otros beneficios.
El Paro Nacional de octubre de 2023 denunciaba a la reforma de la Ley de Hidrocarburos como parte de la agenda legislativa que pretende atentar contra la vida, la salud, bienes y recursos no renovables.
El Observatorio de Industrias Extractivas realizó un análisis del contrato 2-85, conocido como campo Xan y explotado por la empresa Perenco. Este contrato representa cerca del 92% de la producción nacional de hidrocarburos y permite ilustrar la situación de la explotación petrolera en el país. El Estado pierde dinero, desde 2014, por su inversión en el Campo Xan, pues los ingresos percibidos son mayores a los costos recuperables que el Estado paga a Perenco, sin tener en cuenta los costos ambientales y sociales de la explotación en el Parque Nacional de la Laguna del Tigre, en Petén.
Por la declaración de área protegida del Parque Nacional de la Laguna del Tigre en 1990, comunidades como Laguna Larga fueron desalojadas y 37 comunidades más siguen bajo amenaza de desalojo porque el Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas (Acuerdo Gubernativo Número 759-90, Artículo No. 8) prohíbe asentamientos humanos dentro de un parque nacional. La minería también es prohibida según la misma, y parece ser que solo en Guatemala la explotación petrolera no sea considerada como un subsector minero.
En el caso de Perenco, la excusa parece ser que la explotación petrolera era anterior a la declaratoria del área protegida para mantener su operación, pero las instituciones ambientales no lograron tampoco exigir a la empresa que cumpliera con la legislación cuando se otorgó la prórroga de explotación en 2010. Lo más insólito para el cuidado de la naturaleza es que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas ha pensado elaborar una “Política de Petróleo y Áreas Protegidas”, en vez de buscar formas de proteger y mejorar el patrimonio natural nacional.
La necesidad de una planificación desde los Pueblos para los Pueblos
La Semilla 7 del Plan de Gobierno, llamada “Hacia una gran transición verde”, propone “transitar de una economía extractiva que destruye la naturaleza para sobrevivir y para crecer, hacia una economía basada en la producción regenerativa, limpia y circular, consecuente con la necesidad de frenar el cambio climático, que preserva la biodiversidad y la integridad de los paisajes naturales, y es positiva para la naturaleza y a la vez genera oportunidades para emprendimientos comunitarios”. Las acciones propuestas toman en cuenta la recuperación y preservación de cuencas hidrográficas, bosques, “dar certeza jurídica a 100,000 hectáreas de tierras y bosques comunales y municipales”, y “apoyar los modelos de manejo colectivo de tierras, bosques, pesquerías y áreas silvestres con fines de conservación y desarrollo local sostenible”.
Además de esas medidas, es necesario tomar acciones complementarias como evaluaciones socioambientales estratégicas de sectores extractivos (minería, petróleo, monocultivos sector eléctrico, entre otros, dependiendo de los territorios), para definir la capacidad de las cuencas hidrográficas de abastecer necesidades básicas de las poblaciones allí asentadas, los servicios ambientales provistos por las cuencas y otros tipos de actividades que puedan soportar.
Es importante construir información fehaciente para entender los flujos migratorios internos y externos de las comunidades, entre todos los impactos sufridos. Se podría así demostrar si el país tiene la capacidad de seguir en un modelo exportador de productos agrícolas, minerales, electricidad, o si puede desarrollar un modelo alternativo basado en la agroecología, un manejo sostenible de los bosques, un turismo verde y comunitario, así como otras actividades para la transformación económica (Semilla 5 del Plan de Gobierno).
Con la lucha contra el cambio climático, el modelo mundial busca cambiar el modelo económico basado en los hidrocarburos para el uso de energía más verde.
Eso plantea retos en Guatemala, porque la generación de electricidad por los ingenios azucareros se basa en el bagazo de la caña durante la zafra y energías fósiles durante el resto del año. Inicialmente, los ingenios usaban hidrocarburos, pero han adaptado las instalaciones para utilizar carbón por ser una energía económicamente competitiva antes de la guerra en Ucrania, a pesar de tener más impacto en el cambio climático.
El níquel y otros minerales presentes en Guatemala son de interés de los países del Norte global para su llamada “transición energética”, que plantea cambiar la dependencia a las energías fósiles a una movilidad eléctrica con fuerte demanda de diferentes minerales para la construcción de paneles solares, turbinas eólicas, etc. y toda su electrónica, sistemas de almacenamiento y transporte asociados.
Las luchas históricas del Pueblo Poqomam, de Chinautla; y del Pueblo K’iche’, del Valle de Palajujnoj de Quetzaltenango, son zonas que deben de priorizarse por parte del nuevo gobierno para aplicar sus cinco principios: construir democracia, establecer la equidad como eje orientador de la acción pública, reconocer un país plural, impulsar una economía humana y respetar la naturaleza. Estos dos territorios son zonas de sacrificio en el altar de la construcción y es más que necesario cambiar el rumbo actual de su destrucción con la elaboración colectiva de planes de ordenamiento territorial y de desarrollo.
La Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) es una institución de gobierno que hay que rescatar por su rol esencial de generación de datos para la toma de decisión y de apertura espacios de construcción colectiva para la planificación. En los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, por ejemplo, varios planes de desarrollo municipales han sido elaborados en colaboración con la empresa Cementos Progreso y no se puede tener otra lectura sobre la privatización de la planificación municipal que el interés económico de este grupo empresarial en estos territorios.
Muchos retos para lograr cumplir con estándares e instrumentos internacionales
Varias denuncias de comunidades afectadas por proyectos financiados por bancos de desarrollo, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han demostrado que proyectos hidroeléctricos no cumplen con sus salvaguardas sociales y ambientales. No respetan los estándares de acceso a la información, consulta y consentimiento; violentan los derechos de los Pueblos Indígenas; fallan en evaluar, prevenir, mitigar y reparar los impactos sociales y ambientales, los impactos diferenciados en las mujeres y generan desplazamientos forzados y económicos en las comunidades afectadas. Guatemala sigue sin ratificar importantes instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su tratado facultativo y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y las Campesinas.
Las organizaciones de campesinos e indígenas denuncian dos instrumentos que violentan sus derechos, y en particular el cuidado de las semillas: el reglamento técnico de bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para usos agropecuarios que surge de una instancia de unión aduanera entre El Salvador, Honduras y Guatemala, y la denominada Ley Monsanto (iniciativa 6283, Ley de Protección de Obtenciones Vegetales) que se desprende de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV 91 A cambio, las comunidades y organizaciones han construido la iniciativa 6086, ley de biodiversidad y conocimientos ancestrales para contar con una herramienta legal que cuide sus derechos, las semillas y la soberanía alimentaria, y que responda a sus necesidades.
La ratificación del Acuerdo de Escazú es un elemento clave también para demostrar el compromiso nacional en el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia, y la defensa del ambiente en general.
La experiencia de la lucha contra la mina Fénix en Izabal muestra también la necesidad de cuidar de los favores que se logran con apoyos extranjeros, como los de los Estados Unidos de América (EUA): en cuanto se anunciaron sanciones de EUA en contra de dos directivos de Solway, empresas canadienses mostraron su interés en adquirir la mina, con apoyo de la embajada de EUA.
Una de las grandes preocupaciones es lograr preservar el derecho a defender derechos y parar los ataques y asesinatos a personas, comunidades y periodistas que denuncian todas las ilegalidades y violaciones cometidas por empresas extractivas. Hay una cantidad infinita de personas con casos montados en su contra para tratar de acallarlas, muchas de las cuales con órdenes de captura vigentes desde hace más de diez años. ¿Cómo se podrá lograr cerrar tantos casos espurios y evitar que se crean más casos? Se ha aplicado la Ley del Crimen Organizado a Autoridades Ancestrales al menos en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, como se persigue a las y los miembros del partido Semilla estos meses. Se endureció el marco legal en contra el robo de electricidad bajo el delito de delincuencia organizada, sin atacar las causas por las que las comunidades implementaron este mecanismo de resistencia.
¿Cómo proteger la vida de quienes levantan la voz en contra de las injusticias, para reclamar un Estado para toda la población, para mejorar el marco legal, para proteger derechos, el ambiente y un futuro para la humanidad? Se puede por lo menos esperar que durante el próximo periodo gubernamental se dejará de usar a las fuerzas armadas públicas, policía y ejército para la defensa de proyectos privados, que se terminará con todos estos desalojos violentos e irrespetuosos de instrumentos internacionales, y que se mejorará el profesionalismo de las fuerzas armadas.
Es obvio que tantos cambios no se pueden lograr en cuatro años, pero se pueden dejar semillas, argumentos, instrumentos y formas de trabajo que ataquen los mecanismos de impunidad y corrupción, así como que demuestren la posibilidad de dialogar y trabajar de forma más participativa, incluyente, de buena fe y respetuosa de la diversidad que convive en Iximulew. Los movimientos de resistencia en Guatemala han construido muchas experiencias y propuestas para lograr una vida digna y el buen vivir.
Este periodo de gobierno seguirá sufriendo ataques por parte del Pacto de Corruptos, por lo que contar con el apoyo de las Autoridades Ancestrales, las comunidades y la sociedad civil organizadas es más que necesario para parar sus embestidas. Este periodo de gobierno es una excepcional oportunidad de cocrear una nueva forma de gobernar, desde una Guatemala Plural, reconociendo al fin tantos aportes y posibilidades desde los Pueblos Maya, Xinca, Garífuna y mestizo.
