Un nuevo informe elaborado por la Coalición contra la Pandemia Minera – América Latina desenmascara el avance desmedido de la minería durante la pandemia, que obligó a que las comunidades y pueblos en América Latina no pudieran bajar la guardia mientras tomaban medidas para protegerse de COVID-19.
El informe “Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera”, se elaboró en base a estudios de caso de nueve países de América Latina – México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Se enfoca en entender cómo gobiernos y empresas mineras aprovecharon el extenso periodo de la pandemia del COVID-19 para impulsar la agresiva expansión minera como “esencial” para la reactivación económica y la transición energética. A la vez, documenta las respuestas y la resiliencia de los pueblos afectados en condiciones aún más adversas que antes de la pandemia, refrendando lo verdaderamente esencial del cuidado mutuo, la organización comunitaria, la tierra, el agua y la alimentación sana.
La investigación resalta que el sector minero, sobre todo el metalífero, vivió un boom económico, mientras las comunidades y pueblos siguen sufriendo las consecuencias de múltiples crisis interrelacionadas: socio-económica, sanitaria, ambiental, junto a la violencia asociada a las mismas. Los altos precios de los minerales, los riesgos de suministro de muchas materias primas en las cadenas de producción, la transición energética, además de políticas extractivistas de la región y el colonialismo ejercido desde otras regiones, son los distintos engranajes de un sistema que aprovecha cada circunstancia para perpetuarse, y que sirven como impulso a la mayor especulación y expansión del sector en este período. Estos procesos conllevan al mismo tiempo la profundización de la represión, violencia, y control social que ejercen gobiernos y empresas.
A pesar de las numerosas amenazas que describe, el informe concluye con un análisis del significado de las resistencias al modelo minero, que se mantuvieron en tal contexto de peligro y de desastre climático y ecológico. Para las comunidades y poblaciones en primera línea frente a la minería, sus experiencias durante los últimos dos años refuerzan la importancia de seguir defendiendo el territorio, el agua y el aire limpios y por el sustento y los medios de vida. En definitiva, no es posible “quedarse en casa”, mientras todo eso está en riesgo.
La Coalición contra la Pandemia Minera es un grupo de organizaciones, redes e iniciativas de justicia ambiental de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, África y América Latina que trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores para responder a los abusos de la industria minera relacionados con la pandemia de COVID-19. Esta investigación forma parte de un esfuerzo colaborativo global, el cual abarca estudios de caso elaborados en conjunto con comunidades y grupos de base de 23 países. A inicios de junio, la Coalición publicará informes que llevan a cabo análisis similares en Asia, África, Europa y América del Norte.
Testimonios de personas, desde diferentes organizaciones locales que han estado documentando cómo la minería ha avanzado durante la pandemia
Brasil, Comunidad de Aurizona, Maranhão: “La pandemia sirvió para que los conflictos y violencia en nuestros territorios causados por estas empresas fueran intensificados, muchos casos de amenazas, fortalecimiento de las milicias […] con un gobierno genocida que tenemos aquí, las empresas mineras sin duda se sienten muy autorizadas de actuar con violencia.” Dalila Alves Calisto, militante del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) en el estado de Maranhão, Brasil.
- Dalila es una de cinco líderes locales demandados por la empresa minera canadiense Equinox Gold para silenciar las protestas, después de que una presa de relaves se desbordara en la mina de oro Aurizona, contaminando el agua de una comunidad de 4.000 personas que habitan río abajo. La comunidad sigue careciendo de un suministro de agua adecuado.
Chile, Municipio de Putaendo: “[…] hemos trabajado mucho, [para] que la gente entienda y aprenda a valorar lo que tenemos como territorio, lo valioso que es defender el ecosistema. Y a medida que se valore, se generen compromisos y acciones concretas de resistencia y de organización.” Alejandro Valdés, representante de la organización Putaendo Resiste, cuyo pueblo está siendo amenazado por la empresa minera canadiense Los Andes Copper.
- Putaendo es la primera municipalidad chilena que se declara «territorio libre de minería». A lo largo de la pandemia, Los Andes Copper ha intentado imponer su proyecto de una mina de cobre de dos tajos y llevar a cabo la exploración avanzada. La empresa, de forma criticable, obtuvo su permiso ambiental durante las restricciones sanitarias. Durante años, la misma llevó a cabo un programa de perforación sin los permisos medioambientales pertinentes y en medio de una amplia oposición.
México, luchas en seis estados: “Después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía no hubo tregua. No cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se ha movido un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar a quienes han generado tantos daños al agua, tierra, la salud y la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos.” Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
- México fue uno de los pocos países que no declaró la minería como actividad esencial desde el principio. Appoyándose en la embajada de Estados Unidos, la industria apeló a la puesta en vigor del recién renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá para lograr la medida en un plazo corto de seis semanas. Como reacción a la declaratoria de la minería como esencial, incluso en el punto álgido de la pandemia, las comunidades encontraron formas de oponerse a la aprobación de nuevos permisos y seguir resistiendo a los daños a la salud que causa la minería, mientras se seguía profundizando la militarización y la violencia extrema.
Otros casos (disponibles en la versión completa de este informe): Argentina, Provincia de Chubut; Colombia, La Guajira; Ecuador, Pueblo Shuar en la provincia de Morona Santiago; Honduras, Municipalidad de Tocoa; Panamá, Movimiento Nacional; Espinar, Perú; Puno, Perú.
Informe completo y foto: MiningWatch Canada
