Descripción: Marchas, plantones, vigilias, cartas abiertas y comunicados. Desde varios puntos de Canadá, se multiplican las iniciativas en solidaridad con el pueblo colombiano que desde el 28 de abril ha ocupado las calles para exigir cambios estructurales en la sociedad.
Noticia : En Canada diversas organizaciones y redes de derechos humanos, sindicatos, personal académico y gente del común se han solidarizado por la grave situación de violencia estatal en Colombia. Por medio de comunicados, cartas abiertas, marchas, plantones, vigilias, velatones entre muchas otras actividades, los diversos grupos exigen que el gobierno canadiense utilice las buenas relaciones políticas y comerciales que mantiene con el presidente Iván Duque para presionar por el fin a la represión brutal hacia los y las manifestantes.
Según Indepaz, el 14 de mayo se reportaron 48 homicidios. Por su parte Justapaz reportaba para el 9 de mayo, la ejecución de 16 actos de violencia sexual, 133 personas heridas con armas de fuego, 548 víctimas de desapariciones forzadas y 1.055 casos de detenciones arbitrarias. Todo esto ligado a más de 2.100 casos de abuso policial.
El Embajador de Canadá en Colombia lamentó la grave situación el pasado 4 de mayo, luego de una semana del inicio de las manifestaciones. Afirmó que Canadá defiende el derecho a la manifestación pacífica y que es muy preocupante el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, por su parte, se pronunció el domingo 9 de mayo. Manifestó que «Canadá condena la violencia, incluido el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, e insta a que cese la violencia. El derecho de reunión y asociación pacíficas son los cimientos de la democracia y deben ser promovidos y protegidos en todo momento.”
Sin embargo, para las organizaciones de la sociedad civil canadiense, esos pronunciamientos de parte de autoridades canadienses deberían ser más contundentes y demuestran las contradicciones en la política internacional del gobierno de Canadá.
Es lo que explica Raul Burbano, coordinador de la Red canadiense Fronteras Comunes:
Canadá tiene la responsabilidad de condenar la violencia estatal de Colombia de una manera contundente, pero no lo ha hecho. Lo que si el Gobierno canadiense ha sacado un comunicado que es muy débil y que en realidad le echa la culpa a todos los lados. Si en el comunicado el Gobierno canadiense reconoce y dice claramente que rechaza la violencia del Estado colombiano que eso es muy importante, pero al mismo tiempo también muestra preocupación por el vandalismo y ataques se encuentra la policía. Como sociedad civil debemos rechazar esa falsa dicotomía porque le da legitimidad y justificación a la represión estatal. Esto solo lo hace el Gobierno canadiense cuando son sus aliados políticamente y económicamente que están involucrados en graves violaciones de Derechos Humanos. Vemos claramente su política selectiva en casos como Venezuela, por ejemplo. El Gobierno canadiense nunca habla de preocupación de los manifestantes venezolanos que atacan a policía o sus actos de vandalismo porque sea eso se ve muy claramente en todas las redes sociales. Solo se preocupa con convenientemente por la violación del Estado, la opresión del Estado. Como redes sociales Fronteras comunes y Colombia Working Group deberemos condenar ese doble moral o doble estándar y rechazar el comunicado del Gobierno canadiense y seguir exigiendo que el Gobierno canadiense se pronuncia en favor de la democracia, en favor de los derechos humanos y en favor de los derechos del pueblo colombiano de protestar pacíficamente sin ningún tipo de represión estatal.
Este año, el tratado de libre comercio entre Canadá y Colombia completa 10 años de vigencia. Durante ese período, Canadá ha acumulado enormes beneficios económicos. Como resalta Luis Matta, integrante de la Alianza de acción solidaria con Colombia, CASA, muchas empresas canadienses están involucradas en los conflictos en el territorio colombiano.
El problema de las mineras canadienses, de las corporaciones extractivistas en América Latina viene desde los 80s. A final de los 80s Canadá hizo una inversión en varios países de América Latina. Por ejemplo en Colombia contribuyó a financiar la reforma y a la modernización del código minero. Que a la larga hemos descubierto con los años que a la larga se trató de una inversión yo diría descarada. Para adaptar las políticas internas y facilitar el ingreso sin límite y realmente con poca vigilancia e intervención por parte del Estado. De las mineras y las corporaciones internacionales de extractivismo con base en Canadá. En los años 90s hubo un cabildeo por parte de sectores por parte de sectores muy poderosos canadienses y colombianos. Con un enorme poderío terratenientes y políticos de Colombia junto con personas con intereses en corporaciones mineras canadienses para que se firmara el TLC. Que de alguna manera facilitaba el acceso más amplio de corporaciones financieras y mineras en nuestro país a la luz del intercambio de bienes. Por cierto de una manera muy desigual. Si tenemos en cuenta cual es el nivel de desarrollo de nuestro país para adaptarse a un nivel de intercambio comercial y económico con Canadá. Después de este cabildeo y después de estos acuerdos internacionales, compañías con nombre muy sutiles como Colombian Gold File, Nexten ressources, entre otras. Con nombre bonitos para la realidad de Colombia. Entraron a intervenir en regiones en el sur de Bolívar, en los departamentos de Caldas y Antioquia, de Marmato por ejemplo. En regiones del Tolima, pero fundamentalmente en el sur de Bolívar. Y si hacemos un análisis histórico de lo que aconteció en esas regiones antes de que llegaran estas corporaciones mineras hubo un desplazamiento forzado sistemático a través de la violencia con el despoblamiento de esas regiones. En ocasiones fueron repobladas con población a fin a los sectores de ultraderecha narco paramilitares. Esta apropiación descarada del territorio y el desplazamiento forzado de población, que puso a colombia en el límite con los países con mayor desplazamiento forzado en el mundo junto a Sudán y otros con más de 7 millones de desplazados. Después de enormes actos de violencia de masacres, asesinatos y desapariciones fueron forzados a abandonar el territorio y vemos como compañías mineras de Sudáfrica, Estados Unidos y Canadá después arribaron con los años. Con una facilidad impresionante porque todo está adaptado no hay casi oposición en esos territorios a desarrollar proyectos mineros que no han sido consultados con las comunidades originarias ni mucho menos que actualmente están en esos territorios.
Fue la Asamblea Nacional de Quebec quien tomó una posición más fuerte de rechazo a la violencia estatal en Colombia. El 6 de mayo pasado, una moción fue adoptada por unanimidad expresando solidaridad con los más de 25.000 quebequenses de origen colombiano que viven en la angustia y el deseo de una resolución pacífica de estos acontecimientos, basada en el diálogo mutuo y el respeto de los derechos humanos. Finalmente se otorgó un minuto de silencio en memoria de las víctimas y en respeto a sus familias.
Sin embargo, por ahora el primer ministro de Canadá Justin Trudeau no ha condenado al gobierno de Iván Duque por la situación, ni ha manifestado algún mensaje que presione al gobierno Colombiano a parar la violencia de Estado.
En un comunicado dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, la Red Global de Pueblos Étnicos y Paz también hizo un llamado al gobierno canadiense para que denuncie públicamente la violencia extrema y las violaciones de derechos humanos en Colombia, especialmente contra grupos étnicos, desproporcionadamente afectado en el período posterior a los Acuerdos de Paz.
La Red es una iniciativa de investigación y promoción de comunidades y universidades establecida en 2020 para apoyar el trabajo de base en la construcción de la paz y los derechos en Colombia. Ésta incluye representantes de más de 20 universidades y organizaciones de la sociedad civil canadienses, colombianas e internacionales.
Para Sheila Gruner, profesora asociada de varias universidades, como Carleton, en Ottawa, y Javeriana, en Bogotá, la falta de implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 es entre otros el factor detonante de las consecutivas movilizaciones.
Vemos hoy el paro, la violencia estatal contra la moviliazacion pacifica, en el contexto del paro donde han habido asesinato, desaparicion, insidentes de vionecia sexual desde la policia contra los manifestantes pacificos. Pero también queremos llamar la atención de que no es solamente en el contexto del paro sino más amplio que están viviendo las comunidades indígenas y negras. que estan en riesgo de confinamiento de desplazamiento de asesinato de lideres de ruptura del tegido social en sus comunidades por la presencia de actores armados vinculados a las economias legales e ilegales. Mayoritariamente en el sur vemos la minería legal e ilegal y la economía de uso ilícito que es una economía global. Queremos hacer un llamado muy fuerte a la comunidad internacional de prestar atecion a lo que esta pasando en pueblo negro e indigenas vinculado a lo que ha pasado en el paro nacional, no solamente enfocar en esas dos semanas sino el contexto mas amplio que esta viviendo el pais. Queremos hacer un llamado al gobierno de Canadá que tiene una relación de comercio con colombia a través de tratado de libre comercio, en lugares que coinciden mucho con lugares donde hay violacion de derechos humanos, con o sin relación directa, hay una responsabilidad del gobierno de Canadá de tomar una posición fuerte y pronunciarse frente a la violencia que se está viviendo en colombia en ese momento. Hacemos ese llamado para la implementacion del capitulo etnico y también respetar a las comunidades sus propuestas propias para un acuerdo humanitario en situaciones donde hay riesgo de desplazamiento.
Para las organizaciones en Colombia, este es un momento donde la población ha tenido una transformación de pensamiento. Por eso, para Diana Jembuel, comunicadora social indigena del pueblo Misak, que se ubica en el departamento del Cauca, las comunidades de todo el país han tomado consciencia y eso se evidencia en las movilizaciones que pronto cumplirán casi veinte días.
A partir del 28 de abril, toma fuerza este paro nacional en donde se unen más de 115 pueblos originarios, también los sectores campesinos afros e indígenas. Contarles porque los pueblos indígenas nos sumamos al paro nacional además del rechazo a la reforma tributaria, a la reforma a la salud, hay un tema que es el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato a nuestros territorios donde afectan los cultivos del pancoger y contamina las fuentes hídricas y también a las personas que se encuentran en los diferentes territorios. Fuera de ello el asesinato sistemático de los líderes y las lideresas sociales donde el 34% de los líderes y las lideresas asesinadas en Colombia son indígenas. Por eso denunciamos el hostigamiento de los actores armados y luchamos por la vida de nuestros pueblos. El Gobierno nacional no respeta los acuerdos suscritos y pone en riesgo la seguridad jurídica de nuestros territorios. Además, como hemos visto en los diferentes medios de comunicación ahí está la violencia machista, las agresiones sexuales y la brutalidad policial donde no podemos pasar por alto el abuso de la violación de los derechos humanos y sus escandalosas afectaciones y actuaciones en contra del cuerpo de nuestras mujeres. La violación del derecho fundamental a la consulta previa libre e informada donde desconoce y no garantiza la participación efectiva de los pueblos indígenas. Hay otro tema donde nos unimos a este paro nacional, es la criminalización de la protesta y la censura de la desinformación. Donde los grandes medios de poder y las figuras simpatizantes al Gobierno han engañado deliberadamente a la ciudadanía con falsas acusaciones. Además, nosotros en estos momentos hemos crecido en un escenario del conflicto armado. Lo que queremos es que las nuevas generaciones que vienen atrás no vivan este escenario y que se cumpla el acuerdo de paz firmado con las FARC y el Gobierno colombiano.
Escuchen nuestro podcast Colombia: exigen al gobierno de Canadá pronunciarse sobre violaciones de derechos humanos del Comité por los derechos humanos en América Latina.
Fuente foto : Gobierno del Canada
