Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente
Corte Suprema de Justicia, Honduras
Luis Alberto Rubí
Fiscal General del Estado, Honduras
Juzgado de Talanga
Fiscalía de Talanga
Embajador Cameron MacKay
Embajada Canadiense en Costa Rica
Chargé d’Affaires Simon Henshaw
Embajada de los EEUU , Tegucigalpa, Honduras
14 de julio de 2011
Estimadas autoridades del sistema judicial hondureño y del cuerpo diplomático
norteamericano en Honduras,
RE: Solicitud para poner alto a la criminalización de los defensores y las defensoras del medioambiente en Honduras
Las organizaciones internacionales de la sociedad civil que firman esta carta, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación por la criminalización de los defensores y las defensoras del medioambiente en el caso de 18 miembros del Comité Ambiental del Valle de Siria de Honduras.
El 5 de julio de 2011, recibimos noticias que tres miembros de este comité, Carlos Danilo Amador, Marlon Hernández, y Juan Ángel Reconca, estuvieron detenidos temporalmente y que habían ordenes por la captura de quince miembros más del comité. Todos enfrentan procesos legales graves por haber obstaculizado un plan de manejo forestal, lo cual podría resultar en sentencias de cuatro a seis años en la carcel. El 5 y el 8 de julio de 2011, los demás miembros del comité con ordenes por su captura se presentaron voluntariamente ante el juzgado de Talanga, con asesoría legal del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH). El juzgado les dejaron libres con medidas sustitutivas a la prisión hasta su audiencia preliminar el 2 de agosto de 2011.
El Comité Ambiental del Valle de Siria está reconocido a nivel internacional por su rol en la defensa al derecho colectivo a vivir en un ambiente sano. El comité se opone activamente a la expansión de la mina San Martín que pertenece a la empresa minera Goldcorp (operada por su subsidiario Entre Mares Honduras), que después de nueve años en operación, y ahora en el proceso de cierre, ha dejado un legado de drenaje ácido minero como fue confirmado por investigadores reconocidos de la Universidad de Newcastle, UK. Después de una visita en los alrededores del a mina en 2008, el profesor Paul Younger encontró evidencia “de que lamentablemente la mina ha generado impactos incontrolados que tienen la potencialidad de seguir haciendo daño al medioambiente por siglos – y por lo tanto a la producción agrícola y a la salud de los pobladores – a menos que el plan de cierre se ajuste para asegurar que la empresa tiene tome las medidas necesarias con una garantía económica adecuada para mantenerlas para la perpetuidad.”
Desde que la mina entró en operación, los pobladores de la zona han reportado la muerte de ganado, ríós secos, abortos, además de enfermedades respiratorias, de la piel, y del sistema gastro-intestinal. Según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), actualmente los procesos legales en contra miembros del Comité Ambiental del Valle de Siria se relacionan con sus esfuerzos para proteger una mini-cuenca en la municipalidad de El Porvenir por la actividad maderera como parte de un plan de manejo forestal que el
estado hondureño ha otorgado a Hayde Urrutia Mejía. COFADEH indica que esta cuenca abastece el agua para el consumo humano a seis comunidades de ese municipio, afectando en forma directa a 10,000 personas que han estado protegiendo este bosque por años. Dice además que los pobladores lograron la protección del area en 2007 cuando se formalizó el convenio firmado el 27 de diciembre de 2007, entre la entonces AFE/ COHDEFOR, la municipalidad del Porvenir y los habitantes. El Comité Ambiental del Valle de Siria considera que el plan de manejo forestal de Urrutia Mejía es ilegal por irregularidades en la tenencia de tierra y presuntamente por no haber llevado a cabo un Estudio de Impacto Ambiental a cabalidad con la participación local adecuada.
La organización Derechos en Acción informa que el Comité también está preocupado porque esta área se encuentra dentro de las concesiones otorgadas a GoldCorp en el pasado, y que debido a la degradación ambiental que podría provocar la actividad maderera, esto daría paso a la venta del terreno a la empresa minera y luego facilitar las licencias requeridas para proceder con la explotación de minerales. Un miembro del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) comparte la misma inquietud, diciendo que este caso representa «una nueva alianza estratégica entre los empresarios madereros y mineros.»
Este conflicto estalló el 7 de abril de 2010, cuando alrededor de 600 moradores locales se opusieron a los avances de la actividad maderera en la zona. Se supone que fue este ultimo evento que resultó en los procesos legales que ahora enfrentan los miembros del comité.
Organizaciones hondureñas involucradas en este proceso han expresado su preocupación porque el sistema judicial está prestándose para la criminalización de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, además de los intereses del capital nacional y extranjero.
Nuestras organizaciones internacionales de la sociedad civil, signatorias de esta carta, comparten preocupación por la criminalización de estos defensores y estas defensores del medioambiente. Los procesos legales en contra de los miembros del comité se agravan aún más por las condiciones fuertes que se han impuesto a través de las medidas sustitutivas a la prisión por el juzgado, las cuales les impiden monitorear y defender la cuenca.
Por lo tanto, solicitamos que:
1. El estado de Honduras tome las medidas necesarias y mecanismos efectivos para garantizar la libertad personal, el debido proceso y el ejercicio de defensa de los derechos humanos de Carlos Danilo Amador, Marlon Hernández, Juan Ángel
Reconco y los demás miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria que
han sido procesados;
2. Que se suspenda todo acto de represalias en su contra; y
3. Que se garantice en forma general el derecho a defender los derechos humanos
universalmente reconocidos, como los que establece la Declaración Universal de
los Defensores de las Naciones Unidas aprobada en 1998, además de las
resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.
Algunas organizaciones internacionales seguirán monitoreando este caso con el interes de que se adhiera al debido proceso y que se aplique la ley en una manera efectiva, mientras se garantiza la protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos y su derecho a seguir defendiéndolos.
Sinceramente,
Alliance for Global Justice (USA)
Atlantic Regional Solidarity Network (Canada)
BC CASA/Café Justicia (Canada)
Cambridge – El Salvador Sister City Project (MA, USA)
Campaign for Labor Rights (USA)
Canadians against Mining in El Salvador (CAMES)
Canada Philippines Solidarity for Human Rights
Canada Tibet Committee (CTC)
CEIBA (Guatemala)
Center for Alternative Mining Development Policy (Wisconsin, USA)
Center for International Environmental Law (Washington D.C., USA)
Chicago-Cinquera Sister Cities of Chicago (USA)
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) (Chicago, IL, USA)
CoDevelopment Canada
Comite de Apoyo para el Desarrollo Social en El Salvador (CODESES) (BC, Canada)
Colectivo Voces Ecológicas COVEC (Panamá)
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) (QC, Canada)
Comite Solidario Graciela Garcia (Los Angeles, CA, USA)
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) (USA)
Consejo Indigena MONEXICO (Nicaragua)
Council of Canadians
The Democracy Center (Bolivia and USA)
FNRP Collective – Vancouver (BC, Canada)
Friends of Chilama of Crystal Lake (IL, USA)
Hondurans for Democracy
Jamie Moffett Media Design & Production, Staff (USA)
Just Foreign Policy (USA)
Latin America Solidarity Committee – Milwaukee (USA)
La Voz de los de Abajo, Chicago (USA)
Lawrence-El Papaturro Friendship Committee of Lawrence, Kansas (USA)
Madison Arcatao Sister City Project (MASCP) (USA)
Maquila Solidarity Network (Canada)
Marin Interfaith Task Force on the Americas (CA, USA)
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Solidarity Network (Canada)M
Maryknoll Office for Global Concerns (USA)
Midwest Coalition Against Lethal Mining (MCALM) (USA)
Mining Justice Alliance – Vancouver (BC, Canada)
Mining Justice – Ottawa (ON, Canada)
MiningWatch Canada
Nicaragua Network (USA)
Oberlin in Solidarity with El Salvador (OSES) (OH, USA)
The Polaris Institute (Canada)
Portland Central America Solidarity Committee (PCASC) (USA)
Public Service Alliance of Canada (PSAC)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) (México)
Rights Action (USA & Canada)
The Social Justice Committee of Montreal (Canada)
UNBC Guatemala Research Group (Canada)
U.S.-El Salvador Sister Cities
cc:
Antonio Maldonado Paredes
Human Rights Advisor
United Nations Office, Teucigalpa, Honduras
Committee of Relatives of the Detained and Disappeared in Honduras (COFADEH)
