El 28 de abril de 2021 estalló una huelga nacional en Colombia a raíz de una reforma fiscal que ya ha sido anulada. Rápidamente se convirtió en una movilización popular a gran escala, denunciando las extremas desigualdades sociales y la represión policial en el país. Al menos 50 manifestantes murieron, cientos fueron detenidxs arbitrariamente o siguen desaparecidxs, y decenas sufrieron graves lesiones oculares. También hay múltiples denuncias de violencia sexual por parte del tristemente célebre Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Estas cifras aumentan cada día. Tanto las organizaciones aliadas como la sociedad civil advierten que se ha alcanzado un punto de no retorno.
La brutalidad del Estado colombiano hacia los manifestantes confirma el creciente deterioro de los derechos humanos en todo el país. Por desgracia, Colombia vuelve a tener la reputación poco envidiable de ser el lugar más peligroso del mundo para defender los derechos humanos. Consideradas como un obstáculo para el control de los territorios y la explotación de los recursos naturales, las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente son atacadas en sus hogares por grupos armados que se aprovechan de las medidas de confinamiento asociadas al COVID-19.
Hace apenas cuatro años, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo tras 60 años de conflicto armado. Este acuerdo fue acogido con satisfacción por Canadá, que se jacta de ser uno de los principales contribuyentes al proceso de paz colombiano.
Sin embargo, el gobierno colombiano no está cumpliendo sus compromisos de garantizar los procesos de paz y el respeto a los derechos humanos en su territorio. El gobierno de Duque ha atacado reiteradamente el sistema de justicia transicional y ha desfinanciado programas clave para estos procesos. Además, el Estado colombiano no ha implementado medidas concertadas para detener los asesinatos de los insurgentes recién desmovilizados y está descuidando cuestiones cruciales como la reforma rural, la sustitución de cultivos ilícitos como la coca, la protección de los pueblos indígenas y afrocolombianos, y los compromisos del acuerdo de paz en relación con las mujeres y las personas LGBTQ+.
A Canadá le gusta referirse al gobierno colombiano como un aliado.
Este año se cumple el décimo aniversario del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Implementado a pesar de la oposición generalizada de la sociedad civil colombiana y canadiense, basada en la preocupación según la cual el aumento del comercio y la inversión canadienses – en particular en los sectores de la energía y la minería – podría exacerbar o aprovecharse de una situación de derechos humanos ya alarmante. En 2014, INKAS Armored Vehicles Manufacturing vendió al gobierno colombiano vehículos blindados de fabricación canadiense (LAV). ¿Podrían ser estos mismos vehículos los que se utilizan actualmente para reprimir las protestas pacíficas?
Mientras Colombia se hunde en una crisis política cada vez más profunda, las palabras y acciones de Canadá en materia de derechos humanos parecen más contradictorias que nunca. Por ello, el Americas Policy Group (APG) pide a las autoridades canadienses que adopten un enfoque gubernamental-integral ante la situación en Colombia. Un enfoque de este tipo aprovecharía la política exterior, la ayuda internacional, el comercio y la inversión, y los programas de inmigración de Canadá en apoyo de los derechos humanos.
Canadá debe utilizar su influencia diplomática para promover los derechos humanos y la paz en Colombia. Esto implica que Canadá debe examinar cómo su política exterior así como sus intereses comerciales y de inversión pueden socavar los esfuerzos de paz.
