En este día, 20 de noviembre, cuando Brasil conmemora el Día de la Conciencia Negra, las instituciones que firman esta carta vienen a manifestar su solidaridad a los movimientos sociales de Brasil, especialmente, a los pueblos y comunidades del campo, de las aguas y de los bosques.
Entre 19 y 25 de octubre de 2017, representantes de movimientos sociales de Brasil y de Canadá se encontraron en las ciudades canadienses de Montreal y Sherbrooke con organizaciones de la sociedad civil, investigadores(as) y activistas de derechos humanos, buscando establecer alianzas con entidades de América Latina y Canadá.
Después de esos encuentros quedó evidente el alarmante cuadro de vulnerabilidad y violencia en que viven los pueblos del campo, de las aguas y de los bosques de Brasil, sobre todo un año después del golpe de estado que destituyó a la presidenta legítimamente electa, Dilma Rousseff.
Delante de los testimonios presentados, destacamos y apoyamos aquí algunas de las principales reivindicaciones para garantizar los derechos sociales, económicos, culturales, territoriales y ambientales de esos pueblos y comunidades que componen la rica socio-diversidad brasileña y que históricamente son los guardianes y guardianas de la biodiversidad del país.
También manifestamos nuestro deseo de seguir fortaleciendo los lazos, creando un vasto territorio de solidaridad que contemple los movimientos sociales de Norte a Sul de ese enorme y rico continente americano que luchan por justicia social y ambiental.
Al Gobierno de Brasil:
– La garantía de la protección y seguridad de los pueblos y comunidades del campo, de las aguas y de los bosques y la responsabilización de los agentes públicos y privados por los crímenes practicados contra esos mismos pueblos y comunidades. Según levantamientos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Quilombolas (CONAQ), del Consejo Indigenista Misionario (CIMI) y del Instituto Socio-ambiental (ISA), el número de asesinatos relacionados con conflictos por la tierra creció de forma asustadora después que Michel Temer asumió de forma ilegítima la presidencia del país. Los datos de la CPT indican que los asesinatos del campo aumentaron de 50 en 2015 para 61 en 2016 (+22%); las tentativas de asesinatos pasaron de 59 en 2015 a 74 en 2016 (+25%); en cuanto las amenazas de muerte aumentaron considerablemente, de 144 en 2015 para 200 en 2016 (39%). Ya en 2017, de enero a octubre, hubo 64 asesinatos averiguados por la CPT relacionados a conflictos agrarios, donde las víctimas fueron 29 trabajadores sin tierra, 11 quilombolas, 9 poseedores, 6 indígenas, 5 asentados, 3 aliados a campesinos y 1 pescador. En relación a la violencia contra los pueblos indígenas específicamente, todavía no hay datos totales cuanto al año corriente, pero, en 2016, el CIMI contabilizó 56 asesinatos, 23 tentativas de homicidio, 11 homicidios “culposos”, 10 amenazas de muerte y otras 7 amenazas diversas envolviendo pueblos indígenas en todo el Brasil. En lo que se refiere al escenario quilombola, 2017 fue el año más violento desde 2011, teniendo la CONAQ y el ISA registrado 14 asesinatos de miembros de comunidades quilombolas, lo que corresponde a más de una muerte por mes.
– La retomada de la demarcación de territorios indígenas y de la titulación de los territorios quilombolas, así como la protección de los territorios ya demarcados y titulados. El pueblo Pankararu, de Pernambuco, viene sufriendo crecientes amenazas de ocupantes no indígenas que se niegan a dejar el territorio, mismo después de la decisión judicial en febrero de este año. Es urgente el destacamento de agentes de la Fuerza Nacional para garantizar que la retirada de eses ocupantes sea ejecutada sin mayores conflictos.
– El empeño en la defensa del Decreto 4.887/2003 ante el juzgamiento en el Supremo Tribunal Federal de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADIN) 3.239. El 9 de noviembre, el Ministro Dias Tóffoli defendió la tesis del marco temporal para la titulación de los territorios quilombolas. Para él, sólo deberán tener derecho a la tierra aquellas comunidades que efectivamente las ocupaban en 1988, ignorando que el histórico de violencia en el campo prácticamente inviabilizó que esas comunidades ocuparan y ocupen toda la extensión de sus territorios ancestrales. Hoy, la mayoría de las comunidades quilombolas ocupa una porción reducida de sus áreas, lo que imposibilita su reproducción física, cultural y ambiental. Vale destacar que, aún con el referido Decreto, el escaso número de titulaciones de territorios quilombolas no atiende la demanda, pero ciertamente la anulación de ese instrumento inviabilizará las necesarias nuevas titulaciones. Además, el proceso de regularización de la propiedad de los territorios quilombolas es un acto administrativo y, por lo tanto, no debe estar en manos de la Casa Civil de la Presidencia de la República, órgano eminentemente político.
– E O impedimento de la instalación de proyectos mineros, petrolíferos y energéticos (inclusive nuclear) sobre territorios indígenas, quilombolas y de otros pueblos y comunidades tradicionales.
– El no desguace de los órganos responsables de la ejecución de las políticas públicas dirigidas a los pueblos del campo, de las aguas y de los bosques. Es inadmisible que el mismo gobierno que imprime recortes presupuestarios tan severos a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) amnistie deudas billonarias y trabaje en favor del fortalecimiento del agronegocio.
– La reanudación de políticas de fortalecimiento de la agricultura familiar, notadamente, del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), que al mismo tiempo asegura el flujo de la producción campesina y de todos los pueblos indígenas, pueblos y comunidades tradicionales y proporciona alimentos sanos a las poblaciones atendidas por las tres esferas de gobierno. Las modalidades de compra con donación simultánea, adquisición de semillas y compra directa tuvieron una drástica reducción, pasando de más de R$ 318 millones a sólo R$ 750 mil, o sea, el 0,24% del presupuesto actual. No es aceptable que un país que cuenta con una agricultura familiar tan expresiva en términos numéricos y productivos ofrezca ración a los sectores más empobrecidos de la sociedad, como ocurre en la ciudad de São Paulo. Está claro que la compra de esta ración sólo beneficiará a las empresas en detrimento de la dignidad y la seguridad alimentaria de la población.
– La reversión del desmonte de la Reforma Agraria promovido por el golpe, lo que se expresa principalmente en el presupuesto para 2018 y en el contingenciamiento del año 2017. Las conquistas de políticas públicas para las poblaciones del campo sufrieron severos cortes o interrupciones, siendo que en 2017 la ejecución presupuestaria fue de sólo ¼ de los recursos previstos y menos del 10% de lo que se destinó a esas mismas políticas en 2015. Los recursos para la obtención de tierras para el asentamiento de familias sin tierra, por ejemplo, sufrieron un corte de 86,7%, pasando de R$ 257 mil en 2017 para nada más que R$ 34 mil en 2018.
– El firme compromiso con la pauta del derecho a la educación del campo, el cual viene siendo sistemáticamente violado también por los recortes en el presupuesto. El Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (PRONERA) tuvo un presupuesto reducido de forma abrupta, pasando de R$ 30 millones en 2016 a poco más de R$ 11 millones en el 2017 y para ínfimos R$ 3 millones en 2018.
– El compromiso de consolidar el Tratado de la ONU de Responsabilización de Empresas Transnacionales de modo que las diversas violaciones de derechos humanos por empresas en todo el mundo sean debidamente penalizadas y las víctimas debidamente protegidas y resarcidas por los daños derivados de esas actividades.
A los Ministros y Ministras del Supremo Tribunal Federal (STF):
– La votación favorable al mantenimiento del Decreto 4.887/2003. La decisión contraria al Decreto representará un gran retroceso en el efectivo reconocimiento del derecho quilombola a la tierra. La ADIN presentada por el Partido Demócrata (DEM) refleja tan solamente los intereses de las oligarquías que históricamente detienen el control de la mayor parte de las tierras de Brasil y, por lo tanto, debe ser refutada.
– La declaración de inconstitucionalidad de la Ley 13.465 /2017, que, en función de sus efectos deletéreos, quedó conocida como Ley del Acaparamiento de Tierras y Privatización de los Asentamientos. La aplicación de dicha ley confiere al gobierno autonomía para alienar propiedades de la Unión y permite la expropiación de tierras para la producción de commodities, sin respetar el principio de la función social de la tierra. Para los pueblos y comunidades del campo, de las aguas y de los bosques, la tierra es un bien de la naturaleza y no puede ser transformado en mera mercancía. En todo el mundo, son esos pueblos y comunidades que asumieron la responsabilidad por el cuidado con el planeta, al aliar el cultivo de la tierra y la producción de alimentos a la protección de los manantiales, los suelos, la fauna y la flora. La lucha por la tierra es así indisociable de la producción de alimentos saludables, un tema que interesa no sólo a los pueblos del campo, sino también a la población que vive en las ciudades. En ese sentido, la Ley 13.465 representa una afrenta a la lucha por el derecho humano a la vida en equilibrio con los bienes de la naturaleza.
Al Congreso Nacional de Brasil:
La interrupción de la tramitación del Proyecto de Enmienda Constitucional 215 (PEC), que propone retirar del Ejecutivo la atribución exclusiva de demarcar las tierras indígenas. El derecho indígena al territorio está amparado por la Constitución Federal y no puede quedar sujeto a deliberación del Congreso Nacional.
Al Gobierno de Canadá:
– La paralización de proyectos mineros, entre otras actividades, que afecten los territorios y violen los derechos de los pueblos y comunidades del campo, de las aguas y de los bosques de Brasil, sobre todo cuando esos proyectos no respeten el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, garantizado por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
– La paralización de proyectos mineros, entre otras actividades, que afecten los territorios y violen los derechos de los pueblos y comunidades del campo, de las aguas y de los bosques en todos los demás países hermanos latino-americanos y también en Canadá, debiendo el gobierno canadiense trabajar en pro de la ratificación de la Convención 169 de la OIT y de y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
– La investigación minuciosa y la punición de casos de acaparamiento de tierras en Brasil que involucren entidades y ciudadanos y ciudadanas canadienses.
– El compromiso de consolidar el Tratado de la ONU de Responsabilización de Empresas Transnacionales de modo que las diversas violaciones de derechos humanos por empresas en todo el mundo sean debidamente penalizadas y las víctimas debidamente protegidas y resarcidas por los daños derivados de esas actividades.
Aprovechamos esta carta para dialogar también con organizaciones de la sociedad civil y comunidad académica, presentando las siguientes recomendaciones en el sentido de estrechar las relaciones entre sectores y actores de Norte a Sul de las Américas.
A las organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación de Canadá:
– El apoyo a proyectos conducidos por instituciones o grupos pertenecientes a los pueblos y comunidades del campo, de las aguas y de los bosques de Brasil.
– El establecimiento de una interlocución más directa y sistemática con esos pueblos y comunidades para el intercambio de informaciones y para dar visibilidad en sus vehículos de comunicación a las demandas y denuncias de violación de derechos humanos en Brasil.
– La creación de una red de información y apoyo mutuo entre los pueblos y comunidades tradicionales de América Latina y Canadá.
A investigadores y investigadoras del contexto latino-americano:
– La búsqueda por el establecimiento de una interlocución con instituciones y representantes de los movimientos sociales de Brasil de modo que estos también contribuyan para la fundamentación de pesquisas sobre el país, considerando el deber de compartir resultados y, cuando sea el caso, distribuir beneficios con los grupos involucrados.
– La búsqueda por una lectura panamericana de los conflictos socio-ambientales que afectan pueblos y comunidades del campo, de las aguas y de los bosques en las Américas. A partir de esos estudios, los movimientos sociales de esos países podrán identificar puntos comunes para la creación de una red de información y apoyo mutuo que pueda enfrentar de forma más calificada el poderío del capital que avanza sobre el campo, las aguas y los bosques.
En 2018, el Foro Social Mundial será realizado en Brasil, en la ciudad de Salvador, Bahía, y creemos que será un momento fértil para fortalecer los lazos de solidaridad entre América Latina y Canadá.
Suscriben esta carta:
Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME)
Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ)
Comissão Pastoral da Terra (CPT)
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL – Montreal, Canadá)
Développement et Paix – Caritas Canada
Bishop’s University, Cluster de Investigación Crossing Borders (Sherbrooke, Canadá)
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
Amigos do MST no Canadá
Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental (CEPEDIS)
Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS)
Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares (RENAP)
Instituto Socioambiental (ISA)
KOINONIA – Presença Ecumênica e Serviço
Instituto Luiz Gama
Centro de Assessoria Jurídica Popular Mariana Crioula
Terra de Direitos
Coletivo Brasil-Montreal
Grain
Red de Observadores de la Consulta Previa en América Latina (Red Observa)
