En la región amazónica de Brasil, la violencia ha estallado: tres masacres en 12 días, probablemente un récord para la región. Las masacres ocurrieron en áreas de intensa deforestación, donde la construcción de grandes represas ha atraído un gran flujo de capital, ha disparado los precios de las tierras y ha incentivado la especulación de la tierra por parte de acaparadores de tierra, madereros y ganaderos.
Los tres ataques contra activistas involucradxs en movimientos sociales u organizaciones de trabajadorxs rurales tienen tres características en común: todos ocurrieron en áreas bajo la influencia de grandes represas hidroeléctricas; todos ocurrieron cerca o dentro de un asentamiento de reforma agraria; y todos están ubicados a lo largo de uno de los principales frentes de deforestación de la Amazonía.
Un líder campesino del movimiento de trabajadorxs rurales sin tierra y una destacada activista del movimiento de afectadxs por represas se encuentran entre las personas asesinadas. Los ataques se han concentrado alrededor de la mega represa de Belo Monte; en la cuenca del río Madeira, cerca de la represa de Jirau; y cerca de la represa de Tucuruí en el río Tocantins en el estado de Pará.
Las investigaciones continúan, pero los primeros informes indican que al menos 9 personas fueron muertas, y algunos testigos dicen que se han asesinado más, especialmente campesinxs rurales sin tierra.
En respuesta al aumento de la violencia rural, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) ha lanzado un nuevo sitio web: Masacres en el campo. Esa página se actualizará con informes de masacres recientemente confirmadas. Entre 1985 y 2017, la CPT registró 45 masacres en las que murieron 214 personas en nueve estados. El estado de Pará fue el que presentó la mayor cantidad de masacres durante este período: 26 en total, en las que murieron 125 personas, más de la mitad del total de víctimas.
En el contexto actual, los conflictos tienden a aumentar.
Hoy en día, los precios de la tierra están subiendo aún más en la cuenca del Xingu, ya que el gobierno derechista de Bolsonaro señala la flexibilización de las regulaciones ambientales y el rápido seguimiento de proyectos a gran escala, como la mina de oro gigante que la compañía minera canadiense Belo Sun quiere abrir cerca de Belo Monte.
Antes de asumir la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro expresó una fuerte hostilidad contra el movimiento de trabajadorxs sin tierra (MST) y, hasta el momento, no ha condenado o comentado sobre la reciente ola de asesinatos.
Isolete Wichinieski, coordinadora nacional de la CPT, no se sorprendió por el hecho de que el gobierno no haya emitido una declaración pública sobre las masacres: «La posición del gobierno con respecto al campo es que no hay conflictos, o que los conflictos son creados por las comunidades. Y su solución es criminalizar los movimientos sociales, y no resolver el conflicto por la tierra.»
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Photo : Mauricio Torres por Mongabay
