ACTUALIZACIÓN
« Como respuesta al llamado que hicieron al principios de la semana activistas y políticos canadienses a Justin Trudeau y su gobierno para que tomara posición y denunciara los abusos en Chile, RCI logró entrar en comunicación con el ministerio de Asuntos Globales quien nos dijo estar siguiendo muy de cerca lo que sucede en ese país sudamericano.»
Para leer el articulo completo : RCI
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Montreal, 9 de diciembre de 2019 – Reunidxs en una conferencia de prensa, Andrés Fontecilla, diputado por el partido político Québec Solidaire, y el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) instaron al Primer Ministro Justin Trudeau a reconocer y denunciar la crisis política y humanitaria vivida en Chile, además de tomar medidas concretas para condenar la violencia perpetrada por las fuerzas policiales y la criminalización de la protesta ciudadana. «Canadá se jacta de tener una buena reputación en el escenario internacional. Es hora de pasar de las palabras a la acción. El silencio del primer ministro es ensordecedor «, dijo Rosa Peralta, del CDHAL. La organización también pidió una investigación exhaustiva e imparcial de los delitos graves cometidos por la policía y las fuerzas armadas. Esa postura también ha sido respaldada por Amnistía Internacional.
Una represión sin precedentes en la democracia denunciada internacionalmente
Convocadas por el CDHAL el 22 de octubre, más de cuarenta organizaciones canadienses ya han firmado una declaración para denunciar la excesiva represión militar y policial contra las protestas en Chile. Según el último informe del 6 de diciembre del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 26 personas han perdido la vida, más 15,000 fueron arrestadas y hubo 11,000 heridos. El INDH también registró 352 de lesiones oculares, 1383 denuncias de violaciones, incluidas 192 víctimas de violencia sexual (denunciadas en todo el mundo por la intervención feminista no violenta “Un violador en su camino”) y 405 casos de tortura. Las delegaciones de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Human Rights Watch confirman esta evaluación. A pesar de los informes realizados por los observadores, el presidente chileno Sebastián Piñera insiste en negar e ignorar las recomendaciones formuladas por todas estas organizaciones.
En una movilización nacional iniciada el 18 de octubre de 2019, chilenos y chilenas salieron a las calles para exigir el fin de las desigualdades, de la precariedad económica y de las injusticias sociales que les impuso la dictadura de Pinochet y que continuaron durante los últimos 30 años. Inmediatamente después de este estallido social, el presidente Sebastián Piñera declaró el estado de emergencia, impuso el toque de queda y desplegó las fuerzas armadas para contrarrestar las manifestaciones. A pesar del levantamiento del estado de emergencia, las protestas continúan en todo el país, que demandan importantes reformas económicas, sociales, políticas y constitucionales. En el último mes, las acusaciones de violencia sistemática por parte de las fuerzas policiales han alcanzado niveles alarmantes.
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