¡En Brasil hay un genocidio! Al momento de escribir, 16/7, Covid-19, que surgió aquí en febrero de este año, ya ha matado a 76,000 personas. Ya hay casi 2 millones de infectados. Para el domingo 19 de julio, alcanzaremos 80,000 muertes. Es posible que ahora, cuando leas este llamamiento dramático, ya alcance los 100 mil.

Tengo el alcance de la seriedad de lo que está sucediendo en mi país. Este horror causa indignación y revuelta. Todos sabemos que las medidas cautelares y restrictivas, adoptadas en tantos otros países, podrían haber evitado tal número de muertos.

Este genocidio no es el resultado de la indiferencia del gobierno de Bolsonaro. Es intencional. Bolsonaro está satisfecho con la muerte de otros. Cuando un diputado federal, en una entrevista televisiva en 1999, declaró: “¡Al votar no cambiarás nada en este país, nada, absolutamente nada! Desafortunadamente, solo cambiará si un día vamos a una guerra civil aquí, y hacemos el trabajo que el régimen militar no hizo: matar a unos 30 mil”.
Al votar a favor del juicio político de la Presidente Dilma, ofreció su voto en memoria del torturador más notorio del ejército, el coronel Brilhante Ustra.

Debido a que está tan obsesionado con la muerte, una de sus principales políticas gubernamentales es liberar el comercio de armas y municiones. Cuando se le preguntó en la puerta del palacio presidencial si no le importaban las víctimas de la pandemia, respondió: “No creo en estos números” (27/03, 92 muertes); “Todos moriremos algún día” (29/3, 136 muertes); “¿Y qué? ¿Qué quieres que haga?” (28/4, 5,017 muertes). ¿Por qué esta política necrófila? Desde el principio, declaró que lo importante no era salvar vidas, sino la economía. De ahí su negativa a declarar un cierre, cumplir con las pautas de la OMS e importar respiradores y equipo de protección personal. La Corte Suprema tuvo que delegar esta responsabilidad a los gobernadores y alcaldes.

Bolsonaro ni siquiera respetó la autoridad de sus propios ministros de salud. Desde febrero, Brasil ha tenido dos, ambos despedidos por negarse a adoptar la misma actitud que el presidente. Ahora, al frente del ministerio, está el general Pazuello, que no entiende nada sobre el tema de la salud; trató de ocultar los datos sobre la evolución del número de víctimas del coronavirus; empleó a 38 militares en funciones clave del ministerio, sin las calificaciones requeridas; y canceló las entrevistas diarias para las cuales la población recibió orientación.
Sería exhaustivo enumerar aquí cuántas medidas para liberar recursos para ayudar a las víctimas y las familias de bajos ingresos (más de 100 millones de brasileños) nunca se implementaron.

Las razones de la intención criminal del gobierno de Bolsonaro son evidentes. Dejar morir a los ancianxs para ahorrar recursos de la Seguridad Social. Dejar morir las enfermedades preexistentes para ahorrar recursos del SUS, el sistema nacional de salud. Permitir que los pobres mueran para ahorrar recursos de Bolsa Familia y otros programas sociales para los 52.5 millones de brasileñxs que viven en la pobreza y los 13.5 millones que están en la pobreza extrema. (Datos del gobierno federal).

No satisfecho con tales medidas letales, el presidente ahora vetó, en el proyecto de ley sancionado 3/7, el tramo que requería el uso de máscaras en establecimientos comerciales, templos religiosos e instituciones educativas. También vetó la imposición de multas para quienes infringen las reglas y la obligación del gobierno de distribuir máscaras a las personas más pobres, principales víctimas de Covid-19, y a los prisionerxs (750 mil). Sin embargo, estos vetos no anulan las leyes locales que ya establecen el uso obligatorio de una máscara.

El 7/8, Bolsonaro anuló extractos de la ley aprobada por el Senado que requería que el gobierno proporcionara agua potable y materiales de higiene y limpieza, instalaciones de internet y distribución de canastas básicas, semillas y herramientas agrícolas a las aldeas indígenas. También vetó fondos de emergencia para la salud de los indígenas, y facilitó el acceso de indígenas y quilombolas a ayuda de emergencia de 600 reales (100 euros o 120 dólares) durante tres meses. También vetó la obligación del gobierno de ofrecer más camas de hospital, ventiladores y máquinas de oxigenación de la sangre a los pueblos indígenas y quilombolas.
Los indígenas y los quilombolas han sido diezmados por la creciente devastación socioambiental, especialmente en la Amazonía.

Corra la voz sobre este crimen contra la humanidad tanto como sea posible. Las denuncias de lo que sucede en Brasil deben llegar a los medios de comunicación de su país, las redes digitales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la Corte Internacional de La Haya, así como a los bancos y empresas que protegen a los inversionistas tan codiciados por el gobierno de Bolsonaro.

Mucho antes de que lo hiciera el periódico The Economist, las redes digitales trataron al presidente con BolsoNero: mientras Roma arde, toca la lira y anuncia cloroquina, una droga sin eficacia científica contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, sus fabricantes son aliados políticos del presidente …

Le agradezco su amable interés en difundir esta carta. Solo la presión del exterior podrá detener el genocidio que está asolando a nuestro amado y maravilloso Brasil.
Fraternalmente, Frei Betto*

* Frei Betto e un fraile dominico y escritor, asesor de la FAO y los movimientos sociales.

Foto: PrensaComunitaria