Audiencia temática “Devastación ambiental y derechos de los pueblos”
El Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) cuyo tema general es el “Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos”, se instaló formalmente en México el 21 de octubre de 2011. Realizó la Audiencia General Introductoria de dicho Tribunal en Ciudad Juárez, Chihuahua, en mayo de 2012, donde se presentó una acusación general y siete acusaciones de cada una de las siete audiencias temáticas que integran el Capítulo México del TPP. Como resultado de dicha Audiencia General hubo un dictamen de siete jueces internacionales nombrados por la Secretaría General del TPP con sede en Roma.
Después de esta Audiencia General Introductoria, cada una de las siete audiencias temáticas se ha abocado a realizar preaudiencias, foros, debates y talleres con el fin de recabar las pruebas que respaldan su acusación al Estado mexicano. Desde la instalación formal del TPP-Capítulo México el 21 de octubre de 2011, hasta el 8 de noviembre de 2013, la Audiencia temática “Devastación ambiental y derechos de los pueblos” realizó 14 preaudiencias y llevó a cabo su Audiencia general del 15 al 17 de noviembre de 2013.
Esta Audiencia temática estuvo presidida por un jurado designado por el Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Roma.
Los miembros del jurado de la Audiencia temática “Devastación ambiental y derechos de los pueblos”, quienes sesionaron durante los días 15 al 17 de noviembre de 2013, y escucharon 15 acusaciones particulares, 46 testimonios y dos acusaciones generales que resumen más de
140 casos de devastación ambiental en México, vigentes en los estados de Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Baja California Norte, Durango, San Luis Potosí sobre las temáticas de urbanización salvaje, carreteras, aguas, represas, minería, basura, petróleo, agrotóxicos e industria, así como problemáticas regionales sobre múltiples temáticas en los estados de México, Morelos, Michoacán, Puebla-Tlaxcala y Veracruz, dan a conocer la siguiente resolución que forma parte de la sentencia final que darán a conocer en los próximos días.
RESOLUCIÓN DEL JURADO DE LA AUDIENCIA TEMÁTICA “DEVASTACIÓN AMBIENTAL Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS”
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ACUSAMOS AL ESTADO MEXICANO
• Por la violencia desatada en contra de distintas poblaciones indígenas, agrarias y urbano-populares, obligándolas a vivir en ambientes deteriorados o bien al éxodo total para hacer efectivo el despojo masivo de sus territorios.
• Por la comisión de ecocidio doloso o asesinato de la tierra, premeditado y flagrante reflejado en múltiples daños ecológicos con el fin de incrementar las ganancias de ciertas empresas y corporaciones.
• Por el incumplimiento de sus deberes de cuidado sobre las condiciones naturales para la vida digna de los pueblos y comunidades
• Por la actitud imprudente, permisiva u omisa en relación con la elevación de los niveles de riesgo ambiental vital y socialmente tolerable, que conducen, además al incremento de daños ecológicos irreparables o de difícil reparación y a la imposibilidad de prevenir catástrofes ambientales.
• Por la regulación deliberadamente contradictoria o la indiferencia franca de los principios básicos del Derecho Ambiental, que redundan en su tergiversación, suspensión y anulación de hecho, así como en la consagración de un estado de excepción ambiental perpetuo.
• Por la violación masiva y sistemática del derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo sustentable de la humanidad.
• Por el modo impositivo y opaco que ha caracterizado la formulación, implementación y evaluación de las políticas gubernamentales relacionadas con la gestión ambiental y la regulación de las actividades de aprovechamiento de las riquezas naturales.
• Por su incapacidad estructural para garantizar el acceso de los afectados ambientales a la justicia, específicamente para hacer efectiva la tutela jurisdiccional de los derechos ambientales de la población y la reparación integral de los daños ecológicos y los agravios derivados y conexos causados, así como para asegurar el cumplimiento integral de las sanciones, penas y medidas de seguridad necesarias para la no repetición de los actos.
• Por el uso de la fuerza pública y el recurso a la violencia en contra de quienes defienden de manera pacífica la naturaleza, los territorios y las condiciones ambientales de su propia vida y de la de otros, a través de prácticas tradicionales, saberes locales o conocimientos científicos y estrategias jurídicas.
• Por la política represiva de criminalización y judicialización de los conflictos sociales como mecanismos de ocultamiento y desarticulación de la protesta ambiental.
• Por permitir, favorecer y desarrollar una arquitectura de impunidad que deja los crímenes cometidos contra los pueblos y la naturaleza sin castigo, sin permitir el acceso a la justicia ni el reconocimiento de la responsabilidad de los agresores.
ACUSAMOS COMO CORRESPONSABLES DEL ESTADO MEXICANO
POR LA DEVASTACIÓN AMBIENTAL DE MEXICO
A los Estados signatarios del TLCAN, Estados Unidos y Canadá que participan y promueven su imposición
ACUSAMOS TAMBIÉN COMO CORRESPONSABLES A EMPRESAS
Y ORGANISMOS PRIVADOS, MEXICANOS Y EXTRANJEROS
• En primer lugar a las corporaciones transnacionales que tuvieron y siguen teniendo una injerencia en los planteamientos e implementación subsecuente del TLCAN, pero también:
• A las empresas nacionales y extranjeras petroquímicas, mineras,
agroquímicas, semilleras, farmacéuticas y de alimentación.
• A las empresas automotrices.
• A las empresas maquiladoras.
• A las empresas comercializadoras que construyen sus instalaciones y tiendas mal denominadas “de conveniencia”, por la promoción exacerbada del consumo y la producción de basura.
• A las empresas papeleras y de turismo.
• A las empresas inmobiliarias, a las constructoras de viviendas y carreteras que ejecutan los proyectos devastadores de los ecosistemas mexicanos.
ACUSAMOS TAMBIÉN COMO CO-RESPONSABLES
• A los partidos políticos que por acción u omisión han provocado durante sus respectivos gobiernos federales, estatales y municipales la transformación del país en un paraíso de inversión sin ningún tipo de regulación ambiental efectiva y han promovido el despojo de las tierras comunales y de los pueblos indígenas. Al Partido Revolucionario Institucional, específicamente, por el apoyo de grupos paramilitares como la Antorcha Campesina, Antorcha Indígena y Antorcha Popular.
• A los medios de comunicación que invisibilizan ciertos acontecimientos o bien los resaltan negativamente y criminalizan a los defensores de derechos ambientales creando una falsa opinión pública favorecedora de las acciones de gobiernos y empresas.
• A los colegios, organizaciones y profesionistas en general, así como a científicos no comprometidos con la sociedad, que por acción u omisión no auxilian a comunidades, pueblos y organizaciones en sus demandas.
POR ÚLTIMO, CONDENAMOS ENÉRGICAMENTE AL ESTADO MEXICANO POR LA DESVIACIÓN DE PODER QUE HA PROVOCADO LA DEVASTACIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS.
TODOS ESTOS SON DELITOS ENCUADRABLES EN LA CATEGORÍA DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, TAL Y COMO ESTÁN DEFINIDOS EN EL ESTATUTO DE ROMA, RATIFICADO POR MÉXICO, EN TANTO SE VERIFICAN EN EL MARCO DE UN ATAQUE GENERALIZADO Y SISTEMÁTICO EN CONTRA DE LA POBLACIÓN CIVIL MEXICANA.
Gianni Tognoni (Italia)
Tony Clarke (Canadá) Emily Smith (Canadá)
Esperanza Martínez (Ecuador)
Silvia Rodríguez (Costa Rica)
Larry Lohman (Inglaterra)
Dora Lucy Arias (Colombia)
Alberto Saldamando (Estados Unidos)
Marco Ferreira (Argentina)
Raúl García Barrios (México)
México, D.F., a 17 de noviembre de 2013.
