La casa comunitaria donde opera el Consejo Indigena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón ha sido víctima de hostigamientos implícitos por parte de las policía estatal de Oaxaca. Esta situación se puede entender como un obstáculo al libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y va en contra el movimiento social y libertario en Oaxaca.
Por este motivo, el CDHAL respondió al llamado del CIPO RFM por medio de una carta dirigida a las autoridades competentes con el fin de esclarecer la situación de vigilancia policial no justificada.
Vigilancia policial a la casa comunitaria del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO RFM) en Santa Lucia del Camino, Oaxaca, México.
Montreal, 10 diciembre del 2014
Señores,
El Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL), organismo canadiense que desde 1976 observa la situación de los derechos humanos en Latinoamérica, expresa su preocupación por la constante vigilancia policial a la cual está sometida la organización comunitaria del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO RFM) ubicada en Emilio Carranza #210, en el municipio de Sta. Lucia del Camino.
Esa forma implícita de hostigamientos dirigida en contra CIPO RFM supone un motivo inminente de las fuerzas policiales estatales de obstaculizar el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, e ir contra el movimiento social y libertario en Oaxaca.
Antecedentes
1. El día martes 14 de enero del 2014, a las 12:10 horas, mientras se realizaban trabajos en la casa comunitaria del CIPO RFM los miembros de la organización se percataron de la presencia de un policía estatal en motocicleta con numero M- 186 frente a la casa comunitaria con una libreta en la mano mirando hacia la casa.
2. A raíz del acontecimiento, el 28 de enero de 2014 el señor Miguel Cruz Moreno compareció ante la Defensoria de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca con el fin de denunciar los hechos descritos anteriormente y solicitar la intervención del organismo para que agentes de la policía se abstengan de causar actos de molestia que no estén fundados.
3. Un mes después, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca envió un comunicado al Lic. Alberto Esteva Salinas, Secretario de Seguridad Pública informando la situación presentada por CIPO RFM, solicitando su conocimiento sobre los hechos y cuestionando la existencia de una investigación u orden de vigilancia hacia algún miembro de la organización.
4. El 24 de marzo de 2014, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca trasmitió una carta al señor Miguel Cruz Moreno informándole que la Secretaría de la Seguridad Pública había emitido un informe con respecto a la situación y la información solicitada, que solo puede ser consultado personalmente.
5. El 27 de noviembre de 2014 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca envió un documento a Miguel Cruz Moreno en el que le informa que el Director de legislación, consulta y de lo contencioso de la Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo una investigación en la cual se consultaron las bases de datos de la Dirección de División de Seguridad Regional, la Dirección de Reacción y Alerta Inmediata, y la Dirección de Investigación de Campo. Los resultados fueron que no se encontró registro alguno que vinculara a los agentes de la policía estatal con los hechos narrados por Miguel Cruz Moreno, y que la moto patrulla identificada con número M-186 no se encuentra registrada en la platilla vehicular de la institución.
6. Estos hechos denunciados por el CIPO RFM se enmarcan dentro de una serie de eventos relacionados con intimidaciones y acoso a personas que demandan justicia en Oaxaca, y que han generado un ambiente de represión en el que el derecho a la libre expresión ha sido vulnerado. Tal es el caso de la desaparición del profesor Carlos René Román Salazar en 2011, el exilio de Raul Gatica o la detención del ecologista Pablo López Alavés de la comunidad de San Isidro Aloapam.
Ante estos hechos y preocupados por la intimidación implícita que genera la presencia policial frente a la sede administrativa del CIPO, el CDHAL (Comité por los derechos humanos en América latina) exige a las autoridades del gobierno estatal y federal:
1. Una explicación de la presencia de la Policía Estatal frente a la Casa del CIPO RFM
2. La prevención de cualquier agresión a los integrantes de la organización CIPO RFM
3. La garantía de que el CIPO RFM pueda ejercer libremente su mandato relacionado con la defensa de los derechos humanos.
4. Que se dé la información pertinente de la instancia a la cual se debe recurrir para llevar a cabo une investigación rigurosa que permita esclarecer los hechos.
El Comité por los derechos humanos en América latina – CDHAL les agradece que nos mantengan informados de las acciones que llevaran a cabo para resolver la situación y asegurar la integridad de los miembros de esta organización.
Atentamente,
Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL)
Montréal – Québec
