A finales de agosto, la familia del activista asesinado Mariano Abarca viajo de Chiapas a la ciudad de México para presentar el reporte “Minería Canadiense en México: Blackfire Exploration y la embajada de Canadá – un caso de corrupción y homicidio.”
En reuniones públicas y privadas, incluso con representantes de la embajada canadiense en México, la familia expreso su dolor y coraje acerca de la evidencia de que la embajada canadiense brindo apoyo a Blackfire Exploration – a pesar de tener conocimiento de la creciente oposición a la mina, amenazas y violencia en contra de los opositores de la mina, y serias alegaciones de violaciones de derechos humanos y corrupción en las operaciones de la compañía en Chiapas.
“Mi esposo hablo frente a la embajada canadiense para informar a los representantes de la embajada acerca de lo que estaba ocurriendo, y para indicar que su vida estaba en peligro,” dijo Mirna Montejo, viuda de Abarca, durante una manifestación pública frente a la embajada en agosto 21.
“No prestaron atención. Si el gobierno de Canadá – a través de su embajada en México – hubiera intervenido para asegurar el respeto de la ley y de derechos humanos en torno a las operaciones de sus compañías en el extranjero, mi esposo no hubiera muerto. Por lo tanto, la embajada y sus representantes son cómplices en el asesinato de Mariano Abarca Roblero.”
La compañía Blackfire Exploration con matriz en Calgary operaba una mina de baritina en la municipalidad de Chicomuselo, en el estado sureño de Chiapas entre 2007 hasta finales de 2009, cuando la mina fue clausurada por violaciones ambientales, días antes del asesinato a tiros de Mariano Abarca. Evidencia de que la compañía había estado haciendo pagos directamente a la cuenta de banco personal del alcalde salió a la luz en aquellos momentos, lo que ocasiono una investigación por la real policía montada canadiense que aún no culmina.
El reporte, “Minería Canadiense en México” está basado en un análisis de cientos de páginas de documentos del departamento de asuntos exteriores obtenidos a través un acceso a la información exigida.
En su visita a la ciudad de México, la familia de Mariano Abarca exigió que la embajada canadiense tomara acción para garantizar que aquellos responsables – los “autores intelectuales” – por el asesinato de Abraca fueran llevados ante la justicia, y que la investigación RCMO fuera acelerada y que se expidieran cargos. Además presionaron a la embajada para incidir sobre legisladores canadienses acerca de la adopción de medidas de responsabilidad corporativa con respecto a actividades fuera del territorio de compañías mineras canadienses en línea con las obligaciones internacionales de Canadá de derechos humanos.
Cuando la familia se reunió con representantes de la embajada en México, sin embargo, las autoridades canadienses no ofrecieron defensa alguna por lo ocurrido entre 2007-2010. Simplemente repitieron el argumento vacío y bastante conocido del gobierno canadiense: “Nosotros exhortamos a las compañías mineras canadienses a respetar leyes locales y derechos humanos y a implementar programas de responsabilidad corporativa social.”
Se les pregunto a los representantes de la embajada si, al menos, podrían hablar con las autoridades mexicanas para garantizar la protección de las vidas de activistas mexicanos quienes están amenazados o criminalizados por hablar abiertamente en contra de las operaciones y abusos de las compañías mineras canadienses. Respondieron que ello sería equivalente a interferir en la soberanía mexicana.
En cambio, los oficiales no consideraron que el entonces embajador Guillermo Ryschinski estaba interfiriendo en la soberanía mexicana cuando el, en nombre de Blackfire Exploration, intervino con el gobernador de Chiapas para apoyar las operaciones de la compañía. Tal como un empleado de Blackfire lo plasma en un correo electrónico dirigido a la embajada: “Todos nosotros en Blackfire verdaderamente apreciamos todo lo que la embajada ha hecho para ayudar a hacer presión sobre el gobierno del estado para echar cambiar la situación a nuestro favor. No podríamos haberlo logrado sin su ayuda.”
Representantes de la embajada también negaron que presionar a las autoridades mexicanas a asegurar la seguridad y bienestar de los miembros de la comunidad tales como Mariano Abarca y muchos otros, sería apropiado en línea con su responsabilidad, la cual los obliga a promover el respeto universal de los derechos humanos – no solo los intereses económicos de los negocios canadienses. A pesar de que el gobierno canadiense le resta importancia, el enunciado de misión del departamento de asuntos exteriores menciona varios “objetivos clave” además de “promover los intereses económicos y comerciales canadienses en el extranjero”. También se incluye “utilizar la diplomacia para proteger contra… la degradación del medio ambiente [y] la sobre explotación de recursos naturales,” y “la proyección de valores canadienses… tales como la promoción de los derechos humanos… el gobierno de la ley [y] el desarrollo sustentable.”
Como un signatario de siete convenciones internacionales de derechos humanos, y habiendo apoyado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Canadá esta más que obligada bajo el derecho internacional a promover el respeto de los derechos humanos.
La omisión de lo anterior o de hacerse responsable de las abundantes amenazas, ataques, y criminalización en contra de aquellos individuos y comunidades que se atreven a luchar por el bienestar de su gente y tierras contra la expansión minera sin barreras en la que compañías canadienses y autoridades han jugado un papel central, el gobierno canadiense y la industria minera canadiense seguramente serán responsables de más incidentes sangrientos.
Puntos Principales del Reporte:
- El apoyo activo e incuestionable de la embajada pudo haber funcionado como un desincentivo para que Blackfire cumpliera con las leyes locales e internacionales
- Al hacerlo, la embajada incumplió con las propias políticas de Canadá, así como con su obligación internacional de promover el respeto universal de los derechos humanos.
- La reconstrucción de los hechos es tremendamente alarmante, especialmente en vista del papel de Canadá como mayor inversionista en la industria minera de México. Aproximadamente 75% de las compañías mineras del mundo tienen matriz en Canadá, y muchas de estas compañías están asociadas con serios conflictos.
- En 2011, el consejero de la oficina de Canadá de la responsabilidad corporativa social del sector extractivo reporto que 204 de 269 compañías extranjeras del sector minero en México eran canadienses en 2010.
Dado el importante rol que tiene Canadá en el sector minero mexicano y ante las conclusiones de este informe, sus autores se han permitido formular recomendaciones, entre las cuales se encuentran:
- Canadá debe crear criterios estrictos de eligibilidad para el otorgamiento de apoyos gubernamentales a empresas mineras, incluyendo entre ellos el respeto para el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, así también como la realización de procesos para la toma de decisiones democráticas, participativas y vinculantes para las comunidades no indígenas, los cuales es fundamental que se lleven a cabo antes del inicio de las fases de prospección y del desarrollo de proyectos.
- Es importante que Canadá establezca leyes que regulen a las empresas mineras canadienses en el extranjero que posibiliten a las comunidades afectadas el acceso a un defensor independiente y, en última instancia, el acceso a los tribunales canadienses.
- Las leyes canadienses contra la corrupción deberán fortalecerse, debiendo destinarse más recursos para su cumplimiento.
- Que Canadá de instrucciones a sus embajadas en el extranjero para que analicen los impactos de las operaciones de las empresas mineras canadienses en las comunidades afectadas a fin de asegurar que los intereses comerciales nunca rebasen los derechos humanos colectivos e individuales.
- Que la empresa Blackfire deberá renunciar formalmente cualquier derecho a reabrir la mina Payback en el municipio de Chicomuselo, o a abrir cualquier otra mina en el estado de Chiapas.
Jennifer Moore es Coordinadora del Program de America Latina de MiningWatch Canada y contribuye al Programa de las Americas www.cipamericas.org/es
Translation: Victor D. Cruz Aceves
