Nous condamnons donc fermement ces menaces contre ces différents organismes, les syndicats et les organisations sociales.
Par la lettre suivante, vous pouvez soutenir ces organisations et par ce biais, tous les défenseurs des droits humains en Colombie pour que les autorités nationales prennent des mesures concrètes pour promouvoir le respect des droits humains et leurs défenseurs.
Dans le fichiers PDF affiché sur cette page, vous pouvez consulter la lettre que la coalition SOS Colombie a envoyée aux autorités colombiennes et canadiennes, le 9 juin 2010.
S’il vous plaît envoyer vos lettres (version espagnole ci-dessous) aux autorités colombiennes pour demander que des mesures appropriées soient prises à cette grave situation.
Envoyer à:
M. Juan Manuel Santos,Vice président; M. Jaime Girón Duarte, Ambassadeur de la Colombie au Canada; Mme Marta Lucía Piñeros, Consul de la Colombie à Montréal; M. Lawrence Cannon, Ministre des affaires étrangères du Canada; Misión permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra ;Fiscal General de la Nación; Sr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del pueblo; Sr. Carlos Franco Echavarría, Director del programa presidencial de derechos humanos y DIH; Sr. Gabriel Silva Lujan, Ministro de defensa;Sr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación;
À leurs adresses respectives:
concolmt@videotron.ca
embajada@embajadacolombia.ca
mission.colombia@ties.itu.int
fsantos@presidencia.goc.co
nayacero@fiscalia.gov.co
contacto@fiscalia.gov.co
agenda@agenda.gov.co
nfprotocol@mindefensa.gov.co
cap@procuraduria.gov.co
siden@mindefensa.gov.co
ppdh@presidencia.gov.co
En copie: solidared@cdhal.org
************* Version à envoyer ***************
Estimados señores,
Manifiesto mi gran inquietud con relación a las amenazas proferidas contra el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), así como otras organizaciones tales como: Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Foro Social, organizaciones de base de víctimas como la Asociación de desplazados asentados en el municipio de Barrancabermeja(Asodesamuba),Aprocob, Funcondesba, Comité de desplazados, Asociación de Victimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (Asorvim), 16 de mayo, organizaciones de derechos humanos como la Corporación regional para la defensa de los derechos humanos (Credhos), Espacio de Trabajadores de derechos Humanos, Organización Femenina Popula (OFP), Asodev, la Asociación campesina del valle del río Cimitarra (ACVC) y organizaciones sindicales como Sindes, (Sindicato nacional de trabajadores de la industria de alimentos (Sinaltrainal) y la Unión sindical obrera (USO).
El 26 de mayo de 2010 a las 23:13 recibieron un correo electrónico en cual las personas que trabajan en estas organizaciones fueron amenazadas de muerte. El CINEP-PPP (Centro de investigación y educación popular – Programa por la paz) también recibió ataques similares en otro comunicado, en el que se identifican amenazas directas por parte de miembros del grupo paramilitar “Comandado conjunto de limpieza” a 17 organizaciones de derechos humanos, acusándolas por la presunta presencia de personas de la guerrilla al interior de estas organizaciones.
Adicionalmente, aprovechamos esta ocasión para denunciar las muertes de Rogelio Martínez Mercado, líder campesino y miembro del Movimiento de víctimas de crímenes de Estado -MOVICE, asesinado el 20 de mayo de 2010 y de Alexander Quintero, presidente de la Asociación de juntas de Acción Comunal del Alto Naya, ases el 23 de mayo de 2010.
Estos comunicados amenazantes y asesinatos me causan gran preocupación, sobre todo si tenemos en cuenta la reiteración de los mismos y la generalización de la violencia en Colombia. En el marco del conflicto armado interno se han amenazado y asesinado a diferentes miembros de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones sociales.
Ante la gravedad de estos hechos exigimos a las autoridades colombianas:
• Asegurar la aplicación de las disposiciones de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, particularmente en lo que concierne a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como (en lo relativo al deber del Estado de proteger a “toda persona, individualmente o en asociación con otras, contra toda forma de violencia, amenaza, represalia, discriminación, presión u otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);
• Llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a estas amenazas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
• Definir clara y precisamente las medidas de protección para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de los miembros de las organizaciones mencionadas y en general de las personas que trabajan en organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones sociales
• Pronunciarse públicamente en contra de estas amenazas y reconocer la legitimidad de la labor de estas organizaciones de derechos humanos
• Emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones de la ONU.
Atentamente,
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