Le CDHAL tient à exprimer sa préoccupation concernant les événements de 19 Juin 2010, qui ont conduit à l’agression physique, à l’enlèvement et la détention arbitraire du pasteur Octavio García Martín (Père Martin) qui officie son ministère dans la paroisse de St Pierre Apôtre , Ocotlán, état de Oaxaca.
Le 19 Juin 2010 à 20h00, le Père Martin a été enlevé par un groupe d’hommes armés, alors qu’il approchait de la ville de San Jose del Progreso, où il allait, avec quatre autres personnes appartenant à sa paroisse, donner une messe. Les personnes ont contraint le père Martin à descendre du camion, puis ils l’ont frappé violemment et l’ont emmené dans une maison où ils l’ont ligoté et menacé de le brûler. À la suite de négociations entre les agresseurs et la police, le père Martin a été libéré à la condition qu’il soit détenu pour avoir prétendument été le cerveau des événements ce soir-là dans la communauté de Cuajilote. En effet, le même jour à 17 heures 30, des affrontements eurent lieu dans la communauté de Cuajilote où deux personnes ont été tuées, M. Venancio Oscar Martinez Rivera, le maire et M. Felix Hernandez Misael, en charge de la santé pour la municipalité, et trois autres personnes ont été blessées.
Le Père Martin a été détenu pendant onze jours. La principale accusation portée contre lui était d’être « l’auteur intellectuel d’assassinat ». Il a été libéré dans la matinée du mercredi 30 Juin 2010, le procureur général de l’état (PGJE) constatant qu’il manquait des éléments prouvant sa culpabilité dans les faits dont il était accusé.
Le Père Martin avait fait l’objet d’une campagne de dénigrement et d’actes de harcèlement continu depuis qu’il avait commencé à promouvoir des actions en faveur de l’environnement et contre l’impact négatif de l’exploitation d’or et d’argent de San José, qui a été accordée à Antamina SA Cuzcatlán CV, et qui affecte la communauté de San José del Progreso. Le 6 mai 2009 ont été entrepris des actions de protestation contre la mine, qui ont été durement réprimées par la police. Dés lors, les médias et les autorités locales accusèrent le père Martin de «fauteur de troubles» et d’«agitateur».
Nous condamnons fermement le harcèlement contre le Père Martin et la séquestration dont il a été la victime.
Par la lettre suivante, vous pouvez soutenir le Père Martin et par ce biais, tous les défenseurs et défenseuses des droits humains au Mexique, pour que les autorités locales et nationales prennent des mesures concrètes pour promouvoir le respect des droits humains et de leurs défenseurs et défenseuses.
Dans le fichier PDF affiché sur cette page, vous pouvez consulter la lettre que le CDHAL a envoyée aux autorités mexicaines, le 1 Juillet 2010.
S’il vous plaît envoyer vos lettres (version espagnole ci-dessous) aux autorités mexicaines pour demander que des mesures appropriées soient prises face à cette grave situation.
Envoyer à:
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; Dr. Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca; Li. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación; Li. Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la República; Dr. José Antonio Guevara Bermúdez,Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra
A leurs adresses respectives suivantes:
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
secretario@segob.gob.mx
ofproc@pgr.gob.mex
jguevara@segob.gob.mx
En copie à:
CDHAL : solidared@cdhal.org Francisco Barrio Terrazas, Embajada de México en Canadá fbarrio@embamexcan.com Edgardo Flores Rivas, Consul General de México a Montreal comexmt@consulmex.qc.ca El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos appeals@fidh-omct.org Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C. barcadh09@gmail.com Alberto Brunori Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México oacnudh@ohchr.org
********Version à envoyer******
Señores:
Por medio de la presente, yo quiero manifestar mi preocupación por la noticia del 19 de junio de 2010 de la agresión física, del rapto y de la detención arbitraria del párroco Martín Octavio García (Padre Martín), quien oficia su ministerio en la parroquia de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Estado de Oaxaca.
HECHOS
De acuerdo a la información recibida por parte del Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL), el 19 de junio de 2010 a las 8.00 pm, el Padre Martín fue secuestrado por un grupo de individuos armados Cuando iba llegando al municipio de San José del Progreso a donde se dirigía, junto con otras cuatro personas que pertenecen al coro de su parroquia, a dar una misa. Los individuos, que se encontraban bloqueando el paso, obligaron al Padre Martín a bajar de la camioneta donde viajaba, después lo golpearon fuertemente, utilizando incluso piedras y se lo llevaron hasta una casa donde lo amarraron y lo amenazaron con quemarlo. Los acompañantes del Padre Martín identificaron entre los agresores a los Sres. Ángel Arango, Silvano Vásquez y a las Sras. Flora Maria Rodríguez, Claudia Reyes y Cristina Hernández, miembros de la comunidad de San José del Progreso. Tras una negociación entre el grupo de personas que lo tenía retenido y la policía, el Padre Martín fue liberado con la condición de que fuera detenido por ser supuestamente el autor intelectual de los hechos ocurridos esa misma tarde en la comunidad del Cuajilote. En efecto, ese mismo día a las 5.30 pm, se había producido un enfrentamiento en la comunidad del Cuajilote donde habían resultado muertas dos personas, el Sr. Venancio Oscar Martínez Rivera, Presidente municipal y el Sr. Félix Misael Hernández, Regidor de salud del municipio y otras tres habían resultado heridas.
El Padre Martín fue detenido durante onze días. Entre los cargos que se le imputaban se encontraba el de « homicidio en autoría intelectual ». Fue liberado en la madrugada del miércoles 30 de junio de 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) declarando que no contaba con los elementos que le culpen en los hechos.
CONTEXTO GENERAL
El Padre Martin había sido objeto de una campaña de difamación y de continuos actos de hostigamiento desde que comenzó a impulsar acciones a favor de la ecología como parte del trabajo de la Pastoral Social y propiciara la necesidad de obtener mayor información de las repercusiones negativas o positivas de la explotación de oro y plata de « San José », que ha sido concedida a la empresa minera Cuzcatlán S.A. C.V, y que afecta a la comunidad de San José del Progreso, donde se encuentran los minerales. La concesión para la explotación a esta empresa, que tuvo lugar en el 2008, es apoyada por las autoridades municipales y agrarias y un grupo de personas de la comunidad, mientras que otro grupo de personas de la comunidad se oponen a la explotación tanto por no haber sido consultadas como por los efectos que ésta puede acarrear para el medio ambiente. Esta división ha estado acompañada de sucesivos actos de violencia entre los habitantes de la comunidad.
El 6 de mayo de 2009 se iniciaron acciones de protesta contra la mina, que han sido duramente reprimidas por los cuerpos de la policía. A raíz de esta movilización, los medios de comunicación locales han publicado varios artículos en los que se acusa al Padre Martín de « alborotador » y « agitador ». En noviembre de 2009, el Presidente municipal de San José del Progreso y un grupo de ciudadanos irrumpieron la misa oficiada por el Arzobispo de Oaxaca para pedir con pancartas y gritos la salida del Padre Martín de la parroquia de San Pedro Apóstol. Lo acusaron de ser un subversivo y distribuyeron volantes difamándolo. El 2 de marzo de 2010 el Padre Martín fue citado a declarar en la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a una nota publicada por el diario local « El Imparcial » el 20 de noviembre de 2009, donde consta que el Sr. Venancio Oscar Martínez Rivera, Presidente municipal de San José El Progreso, había denunciado ante la PGR al Padre Martín como miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de haber participado en la retención de funcionarios municipales. Durante el citatorio, se le informó que las personas señaladas de pertenecer directamente al grupo armado son los líderes que se oponen a la mina y que trabajan en defensa de la tierra. Por esta denuncia, el Padre Martín ya había sido requerido el 16 de diciembre de 2009. El 16 de marzo de 2010,el Presidente municipal volvió a pedir públicamente a través de varias radios locales que el Padre Martín sea removido de su cargo en la parroquia de San José El Progreso.
DEMANDAS
Señalo mi profunda preocupación por la agresión contra el Padre Martín y su hostigamiento judicial, que incluye la detención y acusación y teme que estos actos estén motivados en razón de sus actividades como defensor de derechos humanos. Asimismo, el CDHAL manifiesta, de manera general, su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en Oaxaca y por la de todos los defensores de derechos humanos en México. Es de mayor importancia destacar que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos señaló que los Estados acuden con mayor frecuencia a acciones legales para violar los derechos humanos de los defensores, y que estos son arrestados y perseguidos penalmente bajo falsos cargos. Asimismo, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en su Informe sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos en México, elaborado en 2009, que se registra recurrentemente el uso arbitrario del sistema penal en contra de los defensores de derechos humanos.
Ante todos esos hechos, solicito de las autoridades mexicanas que :
1. Lleven a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias de todos los hechos arriba denunciados con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
2. Velen por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluso judicial, contra el Padre Martín, así como contra todos los defensores de derechos humanos en México;
3. Aseguren la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona « individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional » (Art. 1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar « la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración » (Art. 12.2);
4. De manera general, que garanticen el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México. Por mi parte, les informo de que seguiré de cerca la conducta de los funcionarios responsables de impartir justicia en relación a esta desafortunada situación.
Atentamente,
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